Para que se entienda en términos simples: un diputado nacional fueguino vale más de seis veces lo que uno bonaerense. Mientras que en Tierra del Fuego hay 2,62 legisladores cada 100 mil habitantes, en la provincia de Buenos Aires esa proporción apenas llega a 0,40.
La desproporción es tan grande que un voto emitido en Ushuaia, en términos relativos, tiene un peso seis veces mayor que uno en el conurbano bonaerense.
En conjunto, las tres provincias más pobladas, es decir Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, reúnen más de la mitad (54%) de los habitantes del país, pero eligen el 42% de los diputados. Es decir que más de la mitad de los argentinos termina representada por menos de la mitad de los diputados.
El dato no es nuevo, pero las próximas elecciones legislativas nacionales volverán a poner en debate lo que pesan las provincias en relación con su población y los diputados que tienen (el número de senadores es igual para todos; pero ese es otro tema).
Esa brecha no es fruto del azar ni de un cálculo coyuntural: es la consecuencia directa de un decreto dictado por la última dictadura militar en 1983, que redefinió la forma en que se reparte el poder legislativo en la Argentina.
Cuatro décadas después, esa norma –el Decreto/Ley 22.847– sigue vigente y mantiene congelada la representación política de las provincias según los datos del Censo de 1980, cuando el país tenía 28 millones de habitantes.
Hoy, con 45.892.285 de habitantes, según el último Censo, la Cámara de Diputados continúa funcionando como si nada hubiera cambiado.
Una ley de la dictadura que nunca se corrigió
El Decreto-Ley 22.847, firmado el 12 de julio de 1983, introdujo tres modificaciones que aún moldean el sistema político argentino.
Primero, elevó el número de habitantes por diputado a 161 mil personas por banca, cuando la Constitución fijaba un representante cada 33 mil habitantes.
Segundo, estableció que cada provincia tendría un mínimo de cinco diputados, sin importar su población.
Y tercero, otorgó dos bancas al entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, que más tarde, al provincializarse, pasó a tener cinco.
Detrás de esas cifras se escondía una intención política que buscaba asegurar que las provincias más chicas tuvieran mayor peso en el Congreso y evitar que los grandes distritos (especialmente Buenos Aires y también Córdoba) concentraran el poder en el regreso de la democracia.
El resultado fue una Cámara con un desequilibrio estructural, ya que las provincias pequeñas quedaron sobrerrepresentadas y las más pobladas, subrepresentadas.
En los hechos, el Congreso argentino sigue representando al país de 1983, cuando era un territorio de 28 millones de habitantes, sin Tierra del Fuego como provincia y con una estructura demográfica que ya no existe.
Desde aquel 1983, la Argentina realizó tres censos (1991, 2001 y 2010 ), además del de 2022. Sin embargo, la composición de la Cámara nunca se actualizó, pese a que la Constitución Nacional lo ordena expresamente.
Según el abogado y doctor en Derecho Cristian Altavilla, especialista en representación legislativa, si se aplicaran los datos del último censo y la relación poblacional vigente, el número total de diputados debería elevarse de 257 a unas 290. Y la distribución interna sería muy distinta:
- Buenos Aires debería sumar 39 diputados más.
- Córdoba, siete.
- Mendoza, Santa Fe y Salta, al menos dos más cada una.
Del otro lado, varios distritos deberían perder bancas. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene seis diputados más que los que le corresponderían; Jujuy, dos, y San Juan, una.
Lejos de tener “demasiados políticos”, Argentina es uno de los países con menos diputados por habitante de la región: tiene un legislador cada 161 mil personas, frente a 133 mil en México, 107 mil en Chile o 103 mil en España.
Con otro dato que, para los cordobeses, es un problema: Santa Fe, con menor población, tiene 19 diputados, contra 18 de Córdoba.
O sea: un santafesino está casi 20% mejor representado que un cordobés.
¿Por qué no se hace el cambio? Por el temor de “la casta” política a que la sociedad crea que lo que en realidad se busca son más cargos en el Congreso de la Nación. La discusión se ha trabado siempre en ese punto.
Diputados: la aritmética del poder
El mapa de representación muestra con crudeza la desigualdad. Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Pampa encabezan la lista de provincias con mayor número de diputados por habitante. En cambio, Buenos Aires, Córdoba y Salta son las que menos representación tienen.
La comparación deja al descubierto la paradoja de que las provincias con menos habitantes tienen un peso político desproporcionado. En términos concretos, los fueguinos, pampeanos o santacruceños eligen a más representantes por persona que los bonaerenses o los cordobeses.
Esto se traduce en el funcionamiento mismo del Congreso. Una provincia de medio millón de habitantes, como San Luis o Formosa, tiene casi el doble de representantes por habitante que un distrito de más de dos millones, como Mendoza.
Así, la voluntad política de una minoría geográfica puede incidir en decisiones que afectan a todo el país.
Recursos
El desequilibrio legislativo no es sólo una cuestión de números. Tiene implicancias concretas en la distribución del poder político y de los recursos nacionales. Los diputados de las provincias menos pobladas, que son también las más dependientes del gasto público nacional, tienen una capacidad de negociación mayor a la que su peso demográfico justificaría.
“Estas asimetrías no sólo son un problema técnico, sino una muestra de cómo un diseño institucional pensado para equilibrar territorios terminó desvirtuando el principio de igualdad política”, explica Altavilla.
Además, el sistema actual contribuye a mantener un federalismo invertido: el Estado nacional redistribuye fondos para compensar desigualdades estructurales, pero al mismo tiempo esas provincias tienen más influencia legislativa, lo que dificulta cualquier intento de reforma del esquema vigente.
Actualizar la representación en la Cámara de Diputados es, en teoría, un trámite sencillo. Solo basta con una ley que redistribuya bancas según los datos del último censo. En la práctica, sin embargo, es un tema tabú.
Cualquier intento de corrección implicaría quitar bancas a provincias chicas y otorgárselas a las más pobladas, algo que ningún bloque con base federal está dispuesto a aceptar. Con el agravante de que la ya poderosa provincia de Buenos Aires sumaría más legisladores.
Las provincias sobrerrepresentadas son, además, las más dependientes del Estado nacional. En promedio, más del 60% de sus recursos provienen de transferencias de la Nación, mientras que en Buenos Aires esa proporción no llega al 30%.
Así, el Congreso argentino sigue funcionando con los mismos números de hace más de 40 años. Un sistema diseñado en los últimos meses de la dictadura para equilibrar el poder regional terminó consagrando una inequidad institucional permanente, en la que el valor del voto depende del lugar en el que se nace.
En palabras de Altavilla, “el debate sobre la composición de la Cámara no es sólo una cuestión de representación política; es la punta del iceberg de los problemas estructurales del país: el desequilibrio territorial, la concentración económica y las asimetrías históricas en el desarrollo”.
La Constitución, en su artículo 45, ordena que la Cámara de Diputados refleje la proporción de la población. 40 años después, la Argentina sigue incumpliendo ese mandato y la representación política del país se congeló en los meses finales de la dictadura.
