Una cámara oculta y una empresa de seguridad que se presenta como denunciante serán dos elementos clave en la sustanciación del juicio por jurados que comienza este martes en la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba.
Se analizará el expediente de “extorsión reiterada” en contra de tres exfuncionarios de la Municipalidad de Córdoba a comienzos de la década pasada: Mario Ignacio Rey (56) -subsecretario general de Servicios-, Héctor Alejandro Resk (57) -director de Logística y Seguridad- y Guillermo Alejandro Medina (56) -director general de Servicios y Mantenimiento.
Compartía acusación, pero falleció, el carpintero Eduardo Mario Santony, quien habría sido un puntero político radical.
Los tres funcionarios habrían extorsionado a directivos de la empresa Visión Nocturna que prestaba servicios de seguridad a la Municipalidad en diferentes dependencias.
Los tres comparten la imputación de coautores de “extorsión reiterada” (dos hechos), pero a Rey se le agrega la de autor de una “tentativa de extorsión” (hecho segundo).
Según el Código Penal argentino, este delito tiene un mínimo de 5 años de prisión efectiva.
En el inicio de la primera gestión de Ramón Javier Mestre -entre diciembre de 2011 y mayo de 2012- se sitúan los tres hechos de la acusación, elevada a juicio en 2015 pero recién llega a debate 10 años después.
El tribunal técnico está compuesto por Luis Nassiz, María Antonia de la Rúa y Enrique Berger. La acusación estará a cargo del fiscal de cámara Marcelo Hidalgo.
Como querellante, la abogada Karina Zeverín Alfieri representa a los titulares de la firma, María Constancia Almada. Falleció quien era su vicepresidente, pero estuvo en las negociaciones con la comuna, Alfredo Nicolás Escribano.
La postura de los querellantes sobre aquellos hechos que denunciaron hace unos 14 años será fundamental para el desarrollo del debate.
Lo mismo sucederá con la exhibición de cámaras ocultas que los empresarios presentaron con la denuncia, realizadas por el conductor televisivo Tomás Méndez.
En diversas reuniones, en el despacho de Rey y en bares de la vía pública, se habrían producido los tres hechos, algunos de los cuales quedaron registrados en video, con los rostros y voces de los funcionarios.
En esta primera audiencia se prevé la declaración de la querellante Almada.
Los hechos
Visión Nocturna prestaba servicios desde 2009 en la gestión de Daniel Giacomino, antecesor de Mestre. Según la acusación, en el despacho de Rey se realizó una reunión inicial (en diciembre de 2011) entre este funcionario y los directivos de la empresa en la cual Rey presentó a sus colaboradores -Rezk y Medina- y les dijo que para efectivizarles las deudas pendientes de la gestión anterior y continuar con la prestación a futuro debían abonar diversos porcentajes de los contratos, según los casos. De igual modo, “aprovechándose de los cargos públicos que ejercían”, les indicaron a los empresarios que debían “contener a algunos militantes”, lo que equivalía a contratar a “militantes que colaboraron con las campañas políticas” dado “que no todos podían ser nombrados” en la Municipalidad.
En la acusación se indica que Rey mencionó “que tenía que recuperar los 300 mil pesos que había gastado en la elección interna contra Ramón Mestre y en consecuencia le informó sobre el cuadro tarifario de coimas” que Visión Noctura debía pagarle a él, según un esquema: “20 por ciento de los pagos viejos” entre 2010 y el inicio de la gestión, 15 por ciento por “pagos no tan viejos” y 10 por ciento para “arreglar trabajos nuevos”.
Más adelante, el 17 de diciembre de 2011, en el hotel Castelar (Alta Córdoba), indicaron a los titulares de la firma que Santony sería “el primero en ingresar a la firma como empleado, pero trabajando en la Municipalidad para seguir de cerca las tareas pertinentes con la empresa y la Municipalidad”. Les exigieron un sueldo de 5.000 pesos pero terminaron arreglando 4.000. En esos momentos el dólar estaba a unos 4,40 pesos.
En la misma reunión, se ratificó el “cuadro tarifario” de coimas y se les indicó a los directivos que “oportunamente” les indicarían cuáles serían “los militantes del partido radical para que los contrate en la empresa” agregando que “si no accedía a los pedidos se les irían cortando todos los servicios hasta quedarse sin nada”.
Luego, en febrero de 2012, en un bar ubicado en Ayacucho y Duarte Quirós, Almada entregó a Rezk 22 mil pesos y este se los dio a Santony, para llevárselos a Rey, según la acusación. Esto “fue el producto del deducido de un monto total de los cheques que sacó la Municipalidad por el pago de facturas viejas de servicios de logística de las ambulancias del 107, tal lo exigido en la primera reunión” con los funcionarios.
El segundo hecho, una “tentativa de extorsión”, Santony comunicó a directivos de Visión Nocturna que debían pagar 20 mil pesos para “que no se les cayera la compulsa” por un nuevo contrato, más la suma de 20 mil pesos todos los meses “para no molestarlos más”.
El tercer hecho, otra acusación de “extorsión”, involucra a la empresa Centinela, radicada en Alta Gracia, cuyos directivos también habrían sufrido similares exigencias de parte de los funcionarios.
“El día 1 de marzo de 2012″ Rey, Rezk y Medina “se reunieron en el bar del Espacio Cultural del Dinosaurio Mall” de barrio Alto Verde “y hablaron de los servicios que cubría la empresa y de la posibilidad de contratar más servicios aún pero fundamentalmente de poder cobrar en tiempo y forma”. La acusación señala que los empresarios reclamaron “por el atraso de los pagos de la Municipalidad a la empresa” y los tres funcionarios “aprovechándose de los cargos públicos que ejercían” les dijeron que necesitaban un “gesto de buena voluntad” por parte de la firma “para que salieran dichos pagos y se aceitara todo el mecanismo de servicios y de pago, entendiéndose eso como la entrega de una cantidad de dinero”.
En otra oportunidad, Rey les habría manifestado “que la empresa debía contratar una mujer para que le activara todos los expedientes dentro de la Municipalidad a dicha empresa, siendo ella Alicia Romoli”.
Previamente, Rezk, “aprovechándose del cargo público que ejercía”, también habló de la “necesidad” de contratar a una mujer para que “le activara todos los expedientes dentro de la Municipalidad, como si fuera una gestora”. El sueldo a cargo de Centinela, según la acusación, se fijó en 4.000 pesos.
Entre el 1 de febrero de 2012 y el 30 de mayo de ese año Centinela comenzó a prestar servicios de vigilancia. En ese contexto, Rezk le entregó el nombre de dos personas (o más) que la firma debía contratar como vigiladores entre su planta de personal.
