No es novedad, pero siempre es necesario repertirlo: el sistema previsional argentino se encuentra en una encrucijada crítica. Descrito por expertos como una “deuda pendiente”, exige reformas urgentes y profundas. Lo saben los millones de adultos mayores que ven cómo sus ingresos caen, y los argentinos en actividad laboral, yendo hacia un futuro de nubes oscuras.
Ante este escenario, el pasado martes, la Fundación Pensar (el think thank del PRO) organizó un encuentro en Córdoba para debatir el problema jubilatorio, que contó con la exposición de tres economistas expertos en la materia: Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea; Hernán Lacunza, exministro de Economía de la Nación y de la provincia de Buenos Aires; y Gastón Utrera, director del Instituto de Economía Política de la Universidad Siglo 21.
Los tres convergieron en un diagnóstico alarmante, y propusieron caminos estructurales para rescatar el sistema. Aunque cada uno abordó la problemática desde una perspectiva diferente, un hilo conductor unificó sus propuestas: la necesidad imperiosa de equidad, sostenibilidad y eficiencia, despojando al sistema de privilegios y abordando su creciente litigiosidad, tanto laboral como legal.
Como se dijo, coincidieron en que el sistema previsional argentino está “quebrado”, financiado por impuestos y operando bajo una lógica de “parche sobre parche” que lo ha vuelto fragmentado, inequitativo y costoso.
“La situación es insostenible, ya que el número de aportantes es de 9,7 millones, pero se mantiene estancado; mientras que la cantidad de beneficiarios ya es de 9,2 millones y no para de crecer, generando un déficit que debe ser cubierto con fondos del erario público”, señaló Lacunza.
Una de las causas más señaladas de esta inequidad y desfinanciamiento son los regímenes especiales. Con más de 200 de estos sistemas, Lacunza los describió gráficamente como una “banquina más ancha que la autopista”, indicando que son desproporcionados y un foco de privilegios que desvirtúan el principio de igualdad ante la ley previsional.
Giordano también subrayó la necesidad de que la mayoría de los trabajadores encuadren en un régimen general y que los sectores que justifiquen jubilaciones anticipadas o haberes más altos deberían aportar más para sostenerlos.
Otro punto de crítica fueron las moratorias (recientemente extendidas por el Congreso), que Lacunza tildó de “pan para hoy y hambre para mañana”, ya que crean más subsidios que aportantes, socavando la base contributiva del sistema.
Las cajas provinciales también son un factor desestabilizador, según explicó Giordano, representando aproximadamente el 20% del gasto previsional total. En ese sentido, Lacunza las definió como “federales para gastar, pero unitarias para financiar”, señalando las asimetrías entre provincias con cajas transferidas y no transferidas.
Sobre el tema, Giordano propuso acordar un mecanismo para eliminar estas asimetrías y sumar a los gobernadores en apoyo a las reformas.
La litigiosidad emergió como un problema transversal y creciente que impacta directamente en la sostenibilidad del sistema. Giordano ilustró con datos alarmantes el aumento de juicios previsionales en la Corte Suprema, que pasaron de 8.552 en 2014 a 31.215 en 2024, un incremento drástico que evidencia una crisis legal.
Para Utrera, quien sumó otras problemáticas desde lo laboral, este fenómeno se debe a que “algún texto legal está faltando, está mal redactado o está redactado de manera ambigua”.
Ambos expertos señalaron que la litigiosidad excesiva es un “punto de dolor” reportado por las empresas, especialmente en relación con las indemnizaciones por incapacidad previas a la jubilación.
Propuestas para la reforma
Ante este panorama, los especialistas no solo diagnosticaron, sino que propusieron soluciones para una “gran transformación”.
En el caso de Giordano, el exdirector de Anses propuso como eje central de la transformación el un “mecanismo de cuentas nocionales”.
Este innovador sistema establecería que el haber jubilatorio se determinaría en función de una cuenta virtual individual para cada trabajador, donde se registrarían las cotizaciones acumuladas a lo largo de toda su vida laboral, actualizándose con una tasa de interés “nocional” o teórica.
De esta manera, el haber sería una función directa del esfuerzo de aportes y la fecha de retiro.
Giordano destacó que este modelo sería “equitativo, transparente, estimularía el aporte y pospondría el retiro”.
Un elemento crucial de su propuesta es la inclusión de un complemento solidario para aquellos que tienen pocos o ningún aporte y se encuentran en riesgo de vulnerabilidad. No obstante, el propio economista adviertió una limitación clave: a diferencia de la capitalización individual, este esquema “no garantiza la sostenibilidad” por sí mismo.
Para fortalecer esa sostenibilidad, Giordano enfatizó la necesidad de estudios y proyecciones actuariales rigurosas, e incentivar regímenes de aporte de capitalización individual voluntarios.
También sugirió dar una finalidad específica al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), como cancelar deudas.
En una observación que resonó con otros enfoques, Giordano descarta el mito de que “no alcanza con la reforma laboral” por sí sola, destacando la baja proporción de asalariados formales en la población en edad de trabajar (35%).
De todas maneras, advirtió que regularizar al gran porcentaje de personas en la informalidad no sería la única solución, ya que en muchos casos, sus trabajos son de baja calidad y menor remuneración.
Lacunza: un marco de reformas sin privilegios
Lacunza, por su parte, trazó un camino para la reforma previsional basado en equidad, con una prestación básica universal garantizada (similar a la PUAM); eficiencia, premiando el aporte a lo largo de los años sin un mínimo fijo; sustentabilidad actuarial, ajustando la edad, el haber inicial y la tasa de sustitución; pagabilidad, considerando el impacto fiscal; y, fundamentalmente, un sistema sin privilegios, eliminando las moratorias, los regímenes especiales, y abordando las cajas provinciales, monotributistas y autónomos.
El economista presentó un cuadro comparativo entre el “régimen anterior” y la “reforma” propuesta, que ilustró cambios significativos:
• Edad mínima: propone un aumento gradual de los 60 años actuales a 65 años tanto para hombres como para mujeres, a implementarse entre 2020 y 2028.
• Cálculo del haber inicial: pasar de basarse en la mayor remuneración a un promedio de los últimos 10 años.
• Tasa de sustitución: reducirla del 73,1% efectivo actual a un 60% (sin aporte personal).
• Pensión por muerte: limitarla exclusivamente a cónyuges/convivientes e hijos menores de edad, eliminando la extensión a padres y hermanos si no hay otros beneficiarios, como ocurre en el régimen actual.
También propuso simplificar el órgano de conducción y de supervisión del sistema.
Lacunza enfatizó que la fórmula de ajuste actual de las jubilaciones “no es la reforma” que se necesita. Además, al igual que Giordano, subrayó la importancia de una reforma laboral para generar más empleo formal y, por ende, más aportantes al sistema.
Utrera: enfrentar la litigiosidad
Utrera se centró en el impacto de la litigiosidad laboral y propuso reformas concretas a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) para reducirla, lo cual considera una estrategia metodológica clave para la reforma previsional.
Entre sus propuestas, destacó:
• Indemnizaciones previas a la jubilación (art. 212 LCT): sugiere que las indemnizaciones no se apliquen en los 12 meses previos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) o al régimen especial que corresponda. También propuso deducir la proporción de incapacidad ya abonada por las ART del cálculo indemnizatorio final a cargo de la empresa, para evitar duplicidades.
• Delegados gremiales (Art. 45 y 43bis Ley 23.551): propuso limitar el número máximo de delegados según el número de trabajadores en el establecimiento (ej. 1 por cada 50-100, y 1 más por cada 200 que excedan los 100). Además, la inclusión del Art. 43bis, que prohibiría a los delegados convocar asambleas o reuniones en horario laboral o en lugares que interrumpan la actividad productiva.
• Baremo de incapacidades (Ley 24.557): propuso la creación de un Comité Técnico Permanente de Evaluación de Incapacidades Laborales, en el Ministerio de Capital Humano, integrado por expertos médicos y universitarios. Este comité sería el único competente para proponer criterios técnico-científicos para el baremo de incapacidades laborales, estableciendo valores fijos, sin rangos, y criterios clínicos, funcionales y anatómicos claros. Tendría un plazo de 12 meses para elaborar una propuesta objetiva y validada. Esta reforma busca estandarizar la evaluación de incapacidades y reducir la ambigüedad que genera litigiosidad.
Nota: un “baremo” es un conjunto de normas o escala de valores establecida para evaluar o medir algo.
• Autoseguro de riesgo de trabajo consorciado (Art. 3 Ley 24.557): propuso permitir a los empleadores optar por un autoseguro a través de una entidad gremial empresaria, considerando mecanismos compatibles con los Fondos de Cese Laboral.
• Incentivos no remunerativos (Art. 103 LCT): propuso que ciertos incentivos o premios por productividad/rendimiento no sean considerados remunerativos a efectos de seguridad social, siempre que cumplan criterios de objetividad, condicionalidad, documentación y que su reiteración no implique habitualidad. Esto busca fomentar la productividad sin aumentar la carga social.
Por último, Utrera también mencionó propuestas en elaboración, como la reforma del Art. 66 LCT para “objetivar las causales de despido indirecto ante cambios laborales” y la reforma de la Ley 14.250 para establecer una mediación obligatoria que incentive la modernización de convenios colectivos sin pérdida de derechos ni afectación de la ultraactividad.
