Con la sanción de la Ley Bases y el capítulo fiscal, se cerró la primera etapa de la gestión de Javier Milei. Sin embargo, en la segunda mitad del año, el Congreso no tendrá respiro y se prepara para encarar debates de alto voltaje político y social, que marcarán una verdadera puja de agendas con intereses cruzados entre el oficialismo, los bloques que hasta ahora se mantuvieron como aliados y la oposición más intransigente.
Entre los temas de un abanico multicolor figuran la nueva “ley hojarasca” anunciada por el presidente, diferentes reformas penales y de seguridad, la movilidad jubilatoria, las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, los subsidios al transporte, el presupuesto universitario, la restitución del Fonid, un límite a las huelgas docentes, la “ficha limpia” contra la corrupción y la boleta única electoral.
La parada más cercana en el calendario es el próximo miércoles: la UCR tiene pedida una sesión para ese día en la Cámara de Diputados con el fin de insistir con los proyectos de financiamiento universitario (advierten que no están recibiendo los fondos prometidos) y recreación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que nutría salarios en las provincias con un impacto fiscal que el Gobierno nacional no quiere afrontar.
No obstante, la sesión aún no fue convocada formalmente por Martín Menem y en el bloque presidido por Rodrigo De Loredo no descartan bajarla. Sería un gesto a la Casa Rosada, que en la última negociación por la vuelta del impuesto a las Ganancias pidió a los radicales postergar el debate educativo. “Lo estamos conversando con los gobernadores”, dicen ahora en la UCR.
Por otra parte, Milei anunció que enviará el Congreso la denominada “ley hojarasca”, de autoría del futuro ministro Federico Sturzenegger, que apunta a depurar una serie de regulaciones económicas, burocráticas y de la competencia consideradas inútiles u obsoletas. Algunas de esas normas ya fueron derogadas con el “mega DNU” 70/23. Días atrás, el hasta ahora asesor presidencial le adelantó el contenido de su proyecto a algunos diputados.
Otro tema de interés del Gobierno es el de la baja de edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El anuncio por parte de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) se produjo el viernes, con la sanción de la Ley Bases todavía fresca. En Diputados ya hay varios proyectos presentados, incluso de Unión por la Patria.
En materia de seguridad también hay una agenda pendiente impulsada por Bullrich. Son cuatro proyectos: la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos; una iniciativa sobre legítima defensa y resistencia a la autoridad (la llamada “doctrina Chocobar”); una “ley antimafias” para combatir a organizaciones criminales que cometen delitos graves; y una última sobre reincidencia o “fin de la puerta giratoria”.
Por otra parte, hay un proyecto listo para ser votado en el recinto que declara “servicio estratégico esencial” a la educación. Es una iniciativa consensuada entre La Libertad Avanza y la oposición dialoguista que garantiza un piso mínimo de clases a garantizar durante los días de paro. Se había establecido en el DNU 70, pero el apartado fue frenado en la Justicia. En el kirchnerismo y la izquierda lo entienden como una restricción del derecho a huelga.
En la pulseada por la agenda, el PRO sigue cerca del oficialismo pero también busca marcar la cancha y ya le pidió al Gobierno que impulse el tratamiento de la “ficha limpia” (para impedir que condenados por corrupción puedan ser candidatos), la boleta única de papel (aprobada en Diputados pero trabada en el Senado) y el voto postal de los argentinos en el exterior.
Asimismo, también hay un interés transversal de la oposición para avanzar con una ley de reparto equitativo de fondos para el transporte público. Es una propuesta que elaboraron intendentes de todo el país sin distinción política (entre ellos el peronista cordobés Daniel Passerini) para financiar el servicio en el interior del país con parte de la recaudación del impuesto a los Combustibles Líquidos.
Senado
Con la Ley Bases en el centro de la escena, el oficialismo consiguió frenar hasta ahora el que quizá sea el tema más urticante para el Gobierno: la recomposición jubilatoria del 8% aprobada hace casi un mes por diputados del kirchnerismo, la UCR y Hacemos Coalición Federal, que fueron calificados por Milei como “degenerados fiscales”.
El proyecto de movilidad fue aprobado con dos tercios de los votos y la oposición en el Senado está en condiciones de alcanzar esa misma mayoría, pero la UCR hizo otro gesto a la Rosada y todavía no activó movimientos, mientras que Unión por la Patria está en rebeldía por una denuncia de “sub-representación” en las comisiones y no nombró integrantes en Previsión Social, una de las que debe tratar el tema junto con Presupuesto. Esas comisiones son conducidas por el PRO y La Libertad Avanza, respectivamente.
La Cámara alta también está a las puertas de otro debate caliente: el nombramiento de Lijo y García Mansilla para la Corte Suprema. Los pliegos ingresaron formalmente en la última sesión y desde el oficialismo ya le transmitieron a la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (PRO), que quieren avanzar. La senadora quedó en acordar con los demás miembros de la comisión “la fecha más conveniente” para las audiencias públicas a las que tendrán que asistir los candidatos, pero el proceso burocrático previo demora no menos de 20 días.
