La segunda entrega parcial de datos sobre quiénes son los contratados de la Legislatura de Córdoba y en qué áreas se desempeñan activó en la Unicameral cordobesa las miradas sobre por qué se dilató la entrega del total de asesores. Una vez más los pasillos legislativos hablaron y en esta última semana las charlas entre asistentes y legisladores se centraron acerca de si existió una lista de “asistentes amigos y familiares” que fue dada de baja antes de su publicación.
En la Legislatura de Córdoba, la llaman “la lista paralela” o “la lista oculta” cada vez que legisladores y asesores hablan de quiénes son y “fueron” los contratados hasta enero pasado.
El 27 de febrero pasado, La Voz del Interior presentó en la Justicia un amparo por mora después de haber elevado con antelación, el 12 del mismo mes, un pedido de acceso a información pública para conocer quiénes son los asesores de los legisladores.
Recién el 28 de marzo la Legislatura de Córdoba publicó en el portal de datos abiertos un listado con 1.054 nombres de contratados, aunque de este número sólo se especificó que 343 reportan en forma directa a los legisladores. Por lo que 711 contratados quedaron sin que se supiera qué tarea tenían asignada.
El jueves pasado, el procurador del Tesoro de la Provincia, Mariano Armando Andruet, presentó un nuevo informe parcial ante la Cámara Contencioso Administrativa. Incluyó los nombres de 128 personas que, según la Provincia, son “empleadas legislativas de planta no permanente afectados a las 30 comisiones permanentes y a ocho comisiones especiales constituidas (de las 29 creadas por ley)”. Pero no se precisó qué hacen los 583 contratados restantes que tiene la Unicameral.
En esta nómina aparecieron los nombres de, al menos, 85 exintendentes devenidos en contratados y unos 20 familiares directos de algunos legisladores, aunque estos nombres ya no causaron sorpresa en los pasillos legislativos. Sí, fueron comentadas las apariciones en la Legislatura de algunos de estos contratados que figuraban en la lista y que habitualmente no asisten a las sesiones.
Pero el interrogante esta semana pasó por otro lado: ¿se dieron de baja contratos para evitar publicar nombres de familiares? ¿La difusión se demoró para evitar que se conocieran esos nombres?
“Quiero ver la otra lista, ¿alguien la tiene? ¿De verdad se animaron a borrar nombres?”, preguntó una asesora antes de empezar la sesión del miércoles pasado, al asegurar que entre los contratados que sí concurren a trabajar las charlas pasan por “los dados de baja”.
A la pregunta de quiénes son, la respuesta la dio otro asesor: “Son nombres que no podían salir”. “Estamos seguros de que hasta hace poco estaba como contratada la esposa de un legislador”, dijo un contratado de la oposición. “¿Y el hijo de un intendente que no está en la lista publicada?”, preguntó otro asesor.
“¿De verdad se habrá borrado a amantes?”, remató un asistente oficialista en la misma charla.
Entre los legisladores justicialistas, el tema ya está cerrado y no hay nada más que observar. “¿No sé qué más quieren ver?”, se quejó un parlamentario.
Algunos legisladores que tienen familiares en la nómina publicada reconocieron que pagaron por eso. “Trabaja conmigo hace años”, respondió una legisladora al hablar de un familiar directo. “Es mi mano derecha”, dijo otra oficialista.
Aunque algunos bajo reserva de sus nombres, confiaron: “Me preguntaron si quería borrar a alguien de la lista y dije que no”. Esta afirmación salió de dos oficialistas que contaron que los contratados publicados son los que tienen desde antes del escándalo de Guillermo Kraisman, cuando el exconcejal intentó cobrar el sueldo de una presunta “empleada fantasma” de la Legislatura e hizo que la lupa se posara sobre la Legislatura.
Entre los legisladores opositores circuló una lista de nombres “borrados”, en su mayoría con vínculos familiares con el oficialismo.
Esto enojó a otros legisladores que se sintieron afectados. “No somos todos iguales”, dijo un radical que puso la mirada también en su bloque. “Acá también hay algunos que ni saben cuántos contratados tienen, pero no borramos a nadie; es lo que se publicó”, confió.
Por su parte, un juecista dijo: “¿Por qué no miran también en otras áreas del Gobierno, en las agencias?”. En la semana se habían conocido los nombres de contratados del Tribunal de Cuentas, nómina que incluye a militantes del juecismo y familiares de dirigentes.
Un empleado de planta aportó otro dato. “No sé si se borraron nombres de la lista de contratados, pero doy fe de que cuando la vicegobernadora (Myrian Prunotto) estaba de viaje en los Estados Unidos algunos estaban como locos. Hablaban de qué harían con algunos nombres; estaban apurados”, confió.
“Se les escapó la tortuga esta vez”, resumió otro empleado legislativo que también consultó si hubo alteraciones en la nómina de contratados y aseguró que el interrogante está abierto.
