Mientras el gobernador cordobés Martín Llaryora acaba de promulgar la ley de Ficha Limpia que entrará en vigencia este año en la provincia, en el Congreso Nacional hay expectativa por el nuevo proyecto que enviará el presidente Javier Milei para que sea discutido en sesiones extraordinarias. La incertidumbre gira en torno a la proscripción, o no, de la expresidenta Cristina Kirchner para competir en las próximas elecciones legislativas.
Milei se reunió este lunes en la residencia de Olivos con el ministro de Defensa, Luis Petri, para ultimar detalles de la nueva versión. El funcionario (que en su pasado como diputado nacional se especializó en temas penales) está al frente de la redacción, asesorado por el abogado y exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi y la diputada del PRO Silvia Lospennato, autora de la iniciativa que frustraron a fin de año los propios libertarios.
La ficha limpia forma parte del temario de las sesiones extraordinarias, que se desarrollarán del 20 de enero al 21 de febrero. La convocatoria también incluyó la derogación de las Paso, los pliegos para la Corte Suprema de Justicia, la “Ley Antimafias”, un proyecto sobre reiterancia delictiva y unificación de penas, el juicio en ausencia y una iniciativa sobre compensación e índice de actualización de quebrantos.
El contenido de la nueva ficha limpia está rodeado de hermetismo y en el Congreso el interrogante es qué tan diferente será la nueva edición respecto de la que impulsó Lospennato, que impedía que personas condenadas por delitos de corrupción en segunda instancia fueran candidatas a cargos electivos nacionales.
La duda principal es si la proscripción alcanzará a Cristina Kirchner, quien tiene una condena a seis años de prisión, confirmada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por el delito de administración fraudulenta en la causa Vialidad, donde se acusa a la expresidenta por el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública a la provincia de Santa Cruz.
Consultado sobre ese punto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dejó la puerta abierta. “Habrá que ver cómo se considera la ley aprobada en relación a un caso que está siendo juzgado y además si se puede anteponer la ley o no. Hay una serie de consideraciones jurídicas en las que no quiero introducirme porque tienen distintos puntos de análisis”, se limitó a decir.
En declaraciones a radio La Red, Francos aclaró que “la ley no está hecha para eliminar la posibilidad de competencia de Cristina Kirchner” y que “si después resulta que hay alguna consideración jurídica sobre el tema, se verá”. De todos modos, pronosticó que La Libertad Avanza está en condiciones de ganarle a la expresidenta: “Todas las encuestas dicen eso. El apoyo que tiene Milei tras un año de mandato es muy fuerte”.
Con el caso de Cristina como telón de fondo, en el Congreso esperan saber si se mantendrá o modificará el requisito de la condena en segunda instancia (el kirchnerismo exige que exista condena firme). También hay expectativa sobre si se ampliará la cantidad de delitos para que no sean solo los de corrupción, tal como habían pedido algunos legisladores en el debate.
Entre los pocos detalles que trascendieron, se conoció que la Casa Rosada analizaba que la prohibición no solo se aplique a candidatos, sino también para ejercer cargos públicos no electivos; es decir, todo el Gabinete, secretarios, demás funcionarios de segundas líneas y directivos de empresas públicas. Además, se estudiaba la posibilidad de crear un registro nacional de inhabilitados.
La discusión en Diputados había comenzado en agosto en comisiones y el bloque oficialista ya había presentado su propio proyecto, que llevaba la firma del presidente de la Cámara, Martín Menem. Tras varias rondas de especialistas, entre los que expuso Fargosi, los libertarios se unieron al PRO, la UCR y la Coalición Cívica en un dictamen de mayoría.
Sin embargo, la sesión para votar el texto fracasó en dos oportunidades por falta de quórum. En el segundo intento, el 28 de noviembre, el oficialismo colaboró con ausencias propias para frustrar el debate, lo que encendió sospechas sobre un supuesto pacto con el kirchnerismo para que Cristina Kirchner pudiera ser candidata y polarizara con Milei.
La decisión generó un importante cortocircuito con el PRO, socio incondicional de La Libertad Avanza. En aquel momento, la Casa Rosada argumentó que pretendía una ley más amplia, sin nombre y apellido, y que además evitara proscribir candidatos por sentencias dictadas por tribunales afines al poder de turno. Así fue como el debate, que ya acumulaba otros intentos fallidos a través de los años, volvió una vez más a foja cero.
Mientras tanto, Córdoba acaba de transformarse en la octava provincia en tener ley de Ficha Limpia, después de Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe y Río Negro. La ley cordobesa, sancionada el 27 de diciembre, fue promulgada este lunes por Llaryora, quien destacó el nivel de consenso alcanzado entre las fuerzas políticas.
La ley provincial es más estricta que la que intentó tratarse a nivel nacional: prohíbe que personas con condenas judiciales en segunda instancia por delitos dolosos accedan a cargos electivos o puestos en el Poder Ejecutivo, ya sean provinciales, municipales o comunales, así como a cargos partidarios.
