En medio de la conmoción política por la ratificación de la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner, el debate sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia quedó en “stand by” y tomó otro color en el Senado.
La discusión iba a reanudarse este miércoles a las 11 con invitados en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, que encabeza la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), pero tras conocerse el fallo del Máximo Tribunal se canceló el encuentro y aún no tiene fecha de reanudación.
El debate abría un terreno para que el kirchnerismo redoblara sus críticas contra los actuales jueces que fallaron unánimemente en contra de Cristina (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti).
Los senadores analizan ocho proyectos para ampliar la Corte de los cinco jueces actuales hasta siete, nueve y hasta 15, y garantizar la equidad de género o algún cupo. El Poder Ejecutivo se mantiene en silencio sobre el tema y no estaba prevista la exposición de ningún funcionario en el plenario de este miércoles.
Aunque el Gobierno intenta mostrarse al margen y preferiría dejar la definición para después de la renovación parlamentaria del 10 de diciembre, lo cierto es que el debate se activó por un proyecto que presentó el salteño Juan Carlos Romero, fiel aliado del presidente Javier Milei.
Romero se empeña en aclarar que no sigue órdenes de la Casa Rosada y abrió un diálogo con José Mayans, líder de Unión por la Patria, quien en la previa del fallo sobre Cristina ratificó que el bloque quiere llevar la Corte a siete miembros (tal como propone el salteño), con un mínimo de 40% de mujeres.
Los expositores citados para la reunión suspendida eran Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; los abogados constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Alberto García Lema; y María Eugenia Chapero, presidenta de la asociación civil “Red de Mujeres por la Justicia”.
