Mauricio Saillén vuelve al liderazgo del gremio de recolectores de Córdoba. Tras dos años y tres meses, el sindicalista volverá al cargo de secretario general del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido (Surrbac) luego de que el juez federal N° 1, Ricardo Bustos Fierro, lo autorizara a reasumir su función, indicaron fuentes judiciales a La Voz.
En la Justicia federal se sustancian tres causas en el marco del “negocio de la basura”, citando a Bustos Fierro: la actual (sindical), por la que fue la cúpula del Surrbac fue enviada a juicio hace poco tiempo; la pública, en la que se investiga a la Crese (también se incluye la denuncia de Laura Sesma contra del Esyop); y la privada, en la que se investiga a los directivos de la empresa Cotreco.
En la elevada a juicio hace pocos meses, el líder del sindicato es investigado junto al “N° 2″, Pascual Catrambone, por presuntamente haber orquestado una asociación ilícita dedicada a la usura, lavado de activos y administración fraudulenta.
Inicialmente, Bustos Fierro no había hecho lugar a un planteo del abogado defensor de Saillén, el exfiscal general de la Provincia Darío Vezzaro, quien había solicitado que el sindicalista pudiera reasumir como secretario general.
Saillén había sido electo en junio de 2018 para ocupar el cargo entre octubre de ese año y octubre de 2022. Sin embargo, en agosto de 2019 fue detenido, y la Comisión Directiva (unos días después) dispuso su sustitución temporal y transitoria por el prosecretario general, Luis Dalmacio Torres.
Con el correr de los meses, a fines de marzo del año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones dispuso la excarcelación, pero con las restricciones para ejercer funciones o practicar actividades sindicales y asistir a lugares vinculados al Surrbac, la Asociación Mutual y a la obra social, entre otras.
Paralelamente, el Ministerio de Trabajo designó a Alberto Ricardo Ramón Simón como funcionario interventor del gremio para subsanar las irregularidades existentes. Simón asumió en marzo de 2020, pero fue sustituido por Francisco Iván Bruno Vaccaro (en enero de este año). El interventor continúa en sus funciones.
Pedido del abogado de Saillén
El defensor de Saillén pidió a Bustos Fierro que el imputado pudiera reasumir como secretario general y reactivar sus funciones sindicales. No obstante, el juez no hizo lugar al planteo y Vezzaro interpuso una queja ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que la denegó y confirmó así la resolución de primera instancia.
El abogado insistió con su solicitud argumentando que Saillén no representaba un peligro u obstáculo para la investigación de la causa, ya que la etapa de la investigación había concluido. El fiscal federal N° 1, Enrique Senestrari, había expresado su consentimiento a la reasunción del gremialista al frente del Surrbac.
El instructor señaló en la causa no se había nombrado un interventor con facultades políticas (las que siempre permanecieron bajo la Comisión Directiva), sino con atribuciones administrativas y de conservación. E indicó que Saillén había sido desplazado del cargo por una resolución judicial de naturaleza temporal y revisable.
Al respecto, alegó que el riesgo procesal debía ser reanalizado según la marcha de la investigación, y que si bien en un principio estuvo de acuerdo con la imposición de la prohibición de reunión y el límite al ejercicio sindical, a esta altura del proceso lucía desproporcionado.
En esa línea, manifestó que el sindicato, la obra social y la mutual fueron intervenidas en la faz administrativa y contable, por lo que la Comisión Directiva y el secretario general no tienen incidencia en las tareas administrativas. Señaló que mientras exista una separación entre lo patrimonial-económico y lo político-sindical, no objeta que Saillén ejerza su cargo al menos hasta que se expida la Justicia durante el juicio.
De esta forma, el juez afirmó que considerando –como planteó Vezzaro- que el que Saillén reasumiera su rol de líder sindical no representa un peligro u obstáculo para la causa (porque la investigación terminó), que el gremio, la obra social y la mutual están intervenidas y que la Comisión Directiva y el secretario general no tendrían incidencia en la administración, sino solo en la faz política-sindical, autorizó al gremialista a reasumir el liderazgo del sindicato.
De qué se acusa a la cúpula del Surrbac
El fiscal acusó a Saillén y Catrambone por presuntamente haber organizado una banda delictiva dedicada a la usura, lavado de activos y administración fraudulenta.
También apuntó contra familiares de ambos. La nómina incluye a Juan Manuel Krainbuhl; Osvaldo César Medina; Juan Manuel Riba; Juan Carlos Delgado; Franco Gabriel Catambone; Salomé Alfazak; Héctor Gabriel Balnes; Jorge Vicente Blanes; Miguel Ángel Catrambone; José Luis Yacanto; Juan Carlos Saillén; Micaela Del Valle; Verónica Anabel Quevedo; Adriana Cecilia Oviedo; Yamila Gisel Monjes y Dario Mauricio Saillén.
Las maniobras habrían comenzado con posterioridad al 26 de agosto de 2009. Saillén y Catrambone (exdirector obrero de la Crese y director en la Corporación para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos –Conmecor-) habrían formado una asociación ilícita en perjuicio de los afiliados y del propio sindicato, la mutual y la obra social con el “objetivo último de beneficiarse ellos y sus familiares y/o allegados directos”.
La presunta banda delictiva habría operado durante seis años, hasta 2015, según se desprende del expediente. En la supuesta división de los roles, Saillén y Catrambone habrían fungido como “jefes indiscutidos”, de acuerdo con la acusación a la que accedió La Voz.
De este modo, habría “espejado” los roles que llevaban ambas entidades, según los cuales ambos habrían abusado de la posición que detentaban en ellas: las de presidente y vicepresidente, respectivamente en la mutual y la obra social; y de presidente y secretario de Ramas y del Interior (y además apoderado y autorizado a firmar cheques), respectivamente, en el sindicato.
Una de las maniobras habría sido los altos intereses aplicados a los préstamos que otorgaba la mutual, que habría funcionado como “una fuente inagotable de riqueza para los jefes de la asociación ilícita y sus allegados”.
El dinero conseguido de forma aparentemente ilegal por medio de los préstamos a tasa usuraria extendidos a los afiliados habría sido puesto en circulación, de forma habitual y continuada, para “darle apariencia lícita”.
El fiscal estimó que, entre 2009 y 2018, la supuesta banda puso en circulación en el mercado formal alrededor 75 millones de pesos de origen ilícito (50 millones en efectivo a través de mutuos y 25 millones a través de bienes), sin incluir los bienes hallados en los allanamientos o los 420 mil dólares guardados en una caja fuerte a nombre de Delgado (dueño de un hotel en Villa Cura Brochero asegurado en 30 millones de pesos).
