Tras una serie de bloqueos del Gobierno, que no envió a ninguno de los testigos citados, y del Poder Judicial, que negó el auxilio de la fuerza pública y también el acceso al expediente, la comisión investigadora del caso $Libra se reunió por última vez este viernes y se encamina a la presentación de su informe final, el 18 de este mes. A su vez, un estudio técnico que llegó a manos de los diputados de la oposición reveló que el 80% de las billeteras que operaron el token promocionado por el presidente Javier Milei perdieron dinero.
El conjunto dirigido por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) se reunió este viernes por última vez antes de la difusión del documento final, que consta de diez cuerpos integrados por todas las actuaciones de la etapa investigativa. A lo largo del proceso, los diputados no pudieron obtener los testimonios de la hermana del presidente, Karina Milei, ni de otros funcionarios y empresarios cripto, pero sí consiguieron datos valiosos sobre operaciones sospechosas gracias a los oficios librados a distintas plataformas exchange.
A ese expediente se incorporó este viernes un informe técnico del ingeniero especialista en criptomonedas Fernando Molina, que revela que el total de wallets que operaron $Libra fue de 143.142, de las cuales 114.410 (es decir, prácticamente el 80%) perdieron dinero. Solo 36 billeteras ganaron más de un millón de dólares con el token, cuyo valor se desplomó luego de que Milei eliminara la publicación de X donde lo había promocionado horas antes.
Por otra parte, los diputados aprobaron, a propuesta de Margarita Stolbizer, un oficio a Google para que informe sobre la titularidad de la cuenta “Viva la Libertad Proyect” (el proyecto que, según Milei, consistía en adquirir la criptomoneda para financiar a pymes argentinas) y los accesos que tuvo. “Tal vez de aquellos que rápidamente se inscribieron y llenaron el formulario puede salir información útil para la comisión”, dijo la diputada de Encuentro Federal.
La oposición volvió a llevar las riendas de la comisión, aunque hubo cruces por la sorpresiva aparición de una diputada de La Libertad Avanza, Alida Ferreyra, quien denunció que “el proceso es nulo” y que se cometieron “excesos”. “Desde la creación de la comisión planteamos que la comisión desnaturaliza el rol del Congreso, avasalla jurisdicción natural de los jueces, y termina entorpeciendo la investigación”, advirtió Ferreyra.
Sus oponentes le salieron al cruce. “No obstruimos para nada la investigación judicial. Lo único que hicimos fue colaborar con la Justicia aportando todas las medidas de prueba trascendentes y contundentes. No hubo entorpecimiento de la tarea del Poder Judicial en lo más mínimo”, retrucó la massista Sabrina Selva, una de las protagonistas de la comisión junto con el cordobés Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal.
Trabas y hallazgos
Desde que la oposición se propuso investigar en el Congreso qué había detrás de la maniobra ejecutada el 14 de febrero, cuando Milei promocionó el token y luego borró la publicación, solo encontró trabas por parte del oficialismo. Después de meses de dilaciones, donde La Libertad Avanza movió fichas para forzar un empate en la comisión, lograron destrabarla y nombrar autoridades recién el 28 de agosto.
Los obstáculos no solo provinieron de los libertarios, sino también de la Justicia. El juez y el fiscal de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi y Eduardo Taiano, denegaron a los diputados el acceso al expediente judicial, que avanza a paso lento.
Asimismo, la oposición no pudo conseguir el testimonio de ninguno de los principales citados. La lista abarcó desde los propios hermanos Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, hasta los empresarios cripto ligados al proyecto Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, pasando por el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; la responsable de la Unidad de Tareas de Investigación del caso, María Florencia Zicavo; el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, y el de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc; y el exasesor de la CNV Sergio Morales.
Ante los casos de Melik y Zicavo, que se negaron a asistir dos veces consecutivas “de manera injustificada”, los diputados pidieron el auxilio de la fuerza pública, pero no obtuvieron la autorización. Primero, Martínez De Giorgi rechazó el pedido, y ante una apelación de la comisión, la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó el fallo de primera instancia. Los legisladores jugarán su última carta y presentarán un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
A pesar de las trabas, la comisión accedió a información significativa, por la cual la querella logró identificar transacciones millonarias entre Novelli, Terrones Godoy y Davis, los organizadores e involucrados directos en el caso $Libra. Estas operaciones, explicó Ferraro, habrían sido intermediadas por una financiera que les permitió retirar el dinero, que luego movieron a cajas de seguridad y retiraron tras el escándalo.
Otro hallazgo de la comisión, logrado con la información que enviaron varias plataformas exchange, fue que dos meses antes de $Libra, Milei ya había participado en una operatoria idéntica, con los mismos socios y el mismo esquema de especulación. Lo que descubrieron los diputados es que en el token $KIP, promovido por la empresa KIP Protocol de Julián Peh, participaron también Novelli y Terrones Godoy junto al propio Milei, quien lo difundió y promovió públicamente.
En esa operatoria del 9 de diciembre, los involucrados compraron el token en su valor más bajo, impulsaron su cotización con la promoción del presidente y se retiraron con ganancias millonarias: más de 600.000 dólares, exactamente el mismo patrón que se repetiría luego con $Libra, precisó Ferraro.
Por otra parte, Agost Carreño dio cuenta de una novedad en el proceso que se lleva adelante en Estados Unidos: una ampliación de la demanda contra los responsables de los fraudes con los tokens $M3M3 y $Libra, vinculando ambos esquemas en una red criminal internacional. “La causa ahora se centra en demostrar que $Libra fue parte de un plan coordinado para lavar fondos y manipular mercados. Próximamente la Jueza Jenifer Rochon debe decidir el destino de la causa en Estados Unidos”, afirmó el diputado cordobés, que sigue de cerca el expediente en ese país.
