Trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron este sábado una marcha desde el Congreso Nacional hasta la Quinta de Olivos para exigir la aplicación de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario.
La movilización comenzó a las 14.30 y fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), según informó Infobae.
Recorrido y consignas
Según APyT, la caravana avanzará por Callao, Santa Fe, Cabildo, Maipú y Malaver hasta Olivos, con una convocatoria abierta a la comunidad: “Vení con tu auto, moto, bici o como puedas. Hoy vamos todos por el Garrahan, por la discapacidad y por la universidad pública”.
“Por las infancias, la discapacidad y la universidad, las leyes que se aprueban son para cumplirse. Si no, hacemos ruido y planteamos juicio político”, señalaron desde la organización que encabeza Norma Lezana.
Paro, atención afectada y críticas al Gobierno
Cristina Alonso, de la Comisión Directiva de APyT, advirtió que el financiamiento insuficiente ya impacta en la calidad de atención.
“Los equipos están rengos por la renuncia de profesionales; los turnos se retrasan… el principal insumo es el recurso humano y faltan concursos para reemplazos. Renuncian también becarios, los de sueldo más bajo”, indicó Alonso.
Además de la marcha, un sector impulsa un paro total para el martes 21 de octubre, “última fecha” para que el Ejecutivo promulgue la ley nacional de emergencia pediátrica.
El secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Garrahan, Alejandro Lipcovich, cuestionó la inacción oficial pese a la aprobación en ambas cámaras y la insistencia post veto. “Será el último día que tiene el Gobierno para implementar la ley. Ya no hay excusas”.
También rechazó el argumento de que “no hay plata”: “La ley indica de dónde salen los fondos y el Gobierno dilapida recursos en otras ‘prioridades’”, señaló Lipcovich.
Sobre los salarios, Gerardo Oroz (ATE) destacó que el bono de $ 350 mil y $ 450 mil “será permanente”, atribuyendo ese resultado a “huelgas, asambleas y movilizaciones”.
Oroz remarcó que volver a niveles de noviembre de 2023 es mandato legal y advirtió que, ante cualquier retroceso, están dispuestos a “redoblar la lucha”.
