Las tarifas del servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba ya son más caras a partir de la publicación en el Boletín Oficial. Se trata de un incremento del 8,81%, según lo dispuesto por la Resolución General N° 93 del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep).
La medida fue aprobada por mayoría en el directorio del organismo, tras el proceso de revisión tarifaria solicitado por Aguas Cordobesas.
El incremento se justifica, de acuerdo con el expediente, por un aumento superior al 8% en los costos operativos de la concesionaria entre marzo y junio de este año, lo que habilita el ajuste según el contrato de concesión.
Se trata del tercer aumento de la empresa controlada por el Grupo Roggio en lo que va de 2025. En febrero, la boleta se encareció 19,1%, por costos correspondientes al último cuatrimestre de 2024. En mayo, se sumó un 12,3% por gastos de enero y febrero de este año. Con la nueva suba, el incremento acumulado del año trepa a 45,5%.
Si se excluye el ajuste vinculado a 2024, el alza efectiva de 2025 es del 22,2%, frente a una inflación provincial de 16,3% entre enero y junio, según la Dirección de Estadística y Censos provincial.
El proceso y votos divididos
La solicitud de Aguas Cordobesas ingresó el 10 de julio y fue evaluada por la Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y Precios, que propuso la suba del 8,81%. Luego se realizó la audiencia pública del 1 de agosto, con 19 participantes registrados.
En su presentación, la empresa sostuvo que el pedido inicial era mayor al aprobado y detalló los rubros con mayor incidencia en sus costos. Desde el Ersep se verificó el cumplimiento de los pasos legales y contractuales para avanzar con la modificación tarifaria.
La resolución se aprobó con el voto favorable del presidente del Ersep, José Luis Scarlatto, y de los vocales Mariana Caserio y Walter Scavino. En contra se pronunciaron el radical Facundo Cortés, el juecista Rodrigo Vega y el representante por las asociaciones de usuarios Mario Peralta.
Entre los argumentos en disidencia, se mencionó que las actualizaciones de los últimos años superan a la inflación y que existen deficiencias en la infraestructura del servicio, con falta de inversión en la red. También se advirtió sobre el impacto de los aumentos en el poder adquisitivo de los usuarios, en un contexto de ingresos estancados.
El vocal Cortés sostuvo que “la tarifa del servicio de agua potable ha tenido ajustes que en todos los supuestos superan los índices inflacionarios” y recordó que desde 2020 los aumentos autorizados acumulan “más del 4.300%”, por encima de la inflación del período. También advirtió sobre “serias deficiencias en la infraestructura troncal del sistema” y la “falta de inversión, mantenimiento y sustitución de los tramos más antiguos y deteriorados de la red”, lo que –según dijo– anticipa “escenarios de difícil o imposible reversión en el corto plazo”.
Por su parte, Vega cuestionó que “los ajustes tarifarios acumulados durante 2025 ascienden a un 22,18%, frente a una inflación del 15,1%” y afirmó que “esta divergencia evidencia un impacto regresivo sobre los sectores residenciales y productivos”. Señaló que si bien el contrato permite las revisiones, estas deben “contemplar también el impacto concreto que generan en los usuarios”, especialmente “frente al delicado escenario económico y social” actual.
Peralta también rechazó el ajuste y vinculó la decisión con el contexto económico general. Señaló que, aun en un escenario de “inflación supuestamente controlada”, los aumentos de servicios básicos implican “una pérdida promedio de más del 24% en el poder adquisitivo anual”. Cuestionó la política económica nacional, a la que calificó de “salvaje” y dijo que “ataca también a los sectores más desprotegidos, discapacitados y enfermos crónicos”, provocando sobreendeudamiento y mayor morosidad entre los usuarios.
La mayoría se logró, como suele suceder en la mayoría de los votos en el Ersep, con el voto doble del presidente del organismo, en este caso, Scarlatto.
