Alexander Haig quería ser presidente de Estados Unidos. Militar condecorado en las guerras de Corea y de Vietnam; luego estudiante aventajado de economía en la Universidad de Columbia y de diplomacia en la de Georgetown, Haig ingresó a la Casa Blanca bajo el ala de Henry Kissinger. Aunque fue jefe de gabinete de Richard Nixon, eludió con habilidad las consecuencias del escándalo Watergate; logró que lo designaran comandante supremo de la Otan, y con esos pergaminos llegó a la Secretaría de Estado durante la presidencia de Ronald Reagan.
Pero no llegó a presidente porque tropezó en Argentina. Lo admitió él mismo, en una confesión tan dramática como reflexiva, durante una entrevista que le hicieron en Washington 15 años después de la guerra de Malvinas. A Haig lo envió Reagan para intentar una mediación entre Argentina y el Reino Unido. Fracasó, perdió el cargo y su sueño presidencial: “Malvinas fue mi Waterloo”.
Haig sabía que George Bush (el más viejo, entonces vicepresidente y luego sucesor de Reagan) lo veía como una amenaza. Ambos querían el premio mayor. Pero no le echó la culpa de su caída: “El verdadero problema fue el sistema de veto que funcionaba en la junta de los militares argentinos”. ¿En qué consistía ese método que le bloqueó a Haig toda propuesta posible para zanjar pacíficamente el conflicto? Haig lo explicó con simplicidad: “Nadie podía decir que sí y todos podían decir que no”.
Las consecuencias que tuvo ese método son conocidas por el país. Pero vale la pena ensayar una pregunta, muerta aquella generación de dictadores, con 40 años de democracia y con el país en una nueva crisis terminal de su economía y los crujidos de su tejido social: ¿sobrevivió el método? ¿Está de vuelta la Argentina ante un orden que se derrumba y la urgencia de reformas prácticas a las que nadie se anima a decir que sí y todos pueden decir que no?
Un dilema
Algo de este dilema subyace en las tensiones que hoy se observan en todo el sistema de fuerzas políticas. Las más notorias fueron, en estos días, las de Juntos por el Cambio, la coalición que con más persistencia ha venido sosteniendo la necesidad de reformas.
Desde el renunciamiento de Mauricio Macri a su candidatura presidencial, la tensión interna aumentó y la decisión de Horacio Rodríguez Larreta sobre el procedimiento de votación en la Ciudad de Buenos Aires detonó una serie de letanías cruzadas sobre pecados de inconsecuencia republicana.
Un modo de resumir las faltas que se imputan mutuamente podría ser con las tablas de la ley. En los 10 mandamientos de la coalición, figura: “No tocar el régimen electoral con la campaña en marcha”. Argumento macrista. También figura: “No retroceder en los cambios aplicados a la lista sábana”. Argumento larretista.
“No designar un presidente títere”, argumento larretista. “No olvidar a aquellos que traicionaron en el gobierno”, argumento macrista (con dardo para el exembajador Martín Lousteau). “No designar parientes como candidatos”, argumento larretista (con tiro para el primo Jorge Macri).
La lista puede ampliarse si se incluye a los aliados del PRO. Allí la responsabilidad de romper las tablas de la ley es compartida y diversificada por todos: la de agosto será la primera elección primaria en la que todos estuvieron de acuerdo con armar listas cruzadas. Ninguno de los socios fundadores tiene demasiada autoridad para reclamar autonomía, deliberación o disciplina partidaria.
De modo que la discusión de Juntos por el Cambio no puede abordarse sólo con impugnaciones valorativas. Lo que está en marcha es una significativa reconfiguración de su régimen de poder interno. Con dos modelos enfrentados: uno, más consensual, referenciado en Rodríguez Larreta; otro, más confrontativo, que ya orbita –con Macri incluido– alrededor de Patricia Bullrich.
Dos modelos
Para el país, lo fundamental de esa dicotomía es el modelo de gobernabilidad que conciben para enfrentar la crisis y las reformas estructurales para salir de la crisis: con quiénes y cómo se supera el sistema de vetos que estanca a la sociedad argentina. Las tensiones son mucho más agónicas esta vez, porque desde 2021, con la aceleración de la crisis, aparece la novedad de un doble factor de diferenciación. Si Cristina Kirchner no juega (como ha prometido), el proceso de reformas deberá hacer equilibrios entre dos fracciones fronterizas del sistema: el kirchnerismo superviviente y los libertarios de Javier Milei.
Conviene subrayar esa novedad porque se repite con insistencia que el Frente de Todos ya ingresó de modo irreversible en su declinación electoral. Es una presunción probable, pero no una realidad todavía. Que el Gobierno nacional no tenga un candidato competitivo no implica que no tendrá ningún candidato, en torno del cual se alineará una franja de votantes que le ha sido particularmente leal. Por su lado, es también posible que Milei, incluso sin llegar a la presidencia, obtenga una fuerza parlamentaria de consideración.
Para no perderse en el bosque, a la Argentina conviene verla desde la altura del 10 de diciembre. Con toda su panoplia de problemas, con un presidente nuevo, urgido a realizar reformas. Con una sociedad que nunca dice claramente que sí y un archipiélago de partidos crecientemente constituidos sobre la promesa de decir que no.
Algunos porque nunca quieren ningún cambio. Otros porque siempre lo imaginan insuficiente. Así amanecerán en diciembre los campos de Waterloo.
