El próximo 30 de junio marcará el fin de la baja transitoria de los Derechos de Exportación (las “retenciones”) a los principales cultivos agropecuarios, y el gobierno de Javier Milei ya lo dejó claro: en julio, las retenciones volverán a sus niveles anteriores.
Así lo confirmó el Presidente, quien lanzó una advertencia directa: “Avísele al campo que, si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en julio vuelven las retenciones”.
La Casa Rosada y el Ministerio de Economía, según informó La Nación, ratificaron que el regreso de las retenciones es una decisión tomada, sin lugar a negociación.
En este marco, el Gobierno nacional hace especial hincapié en cuidar la meta del superávit fiscal por encima de las demandas sectoriales. De hecho, en el equipo de Milei aseguran que cualquier intento de modificar la estructura impositiva será frenado.
“El Presidente vetará todo lo que atente contra el equilibrio fiscal”, le dijo un funcionario nacional al diario capitalino.
Pero en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados, el tema no está cerrado. La oposición impulsa un proyecto de ley que busca dejar sin efecto la suba de las retenciones a partir de julio.
La iniciativa ha tomado fuerza en el ámbito legislativo, apoyada por varios actores políticos, entre ellos, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien se mostró firme en defender los intereses del sector agropecuario.
Llaryora, junto a otros mandatarios provinciales, como Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos (la Región Centro a pleno), podría buscar el apoyo de sus pares para que el proyecto prospere.
Estos tres gobernadores tienen en común un fuerte interés por proteger al campo, un sector clave en sus respectivas economías. Y compartan la frase: “Las malditas retenciones”.
A pesar del impulso que esta propuesta ha ganado, desde el Gobierno ya alertan sobre la posibilidad de un veto presidencial. Un colaborador cercano a Milei explicó que el mandatario no dudará en frenar cualquier ley que implique una reducción de las retenciones.
“Si el Congreso aprueba una ley para bajar las retenciones, Milei la vetará, como hizo con la ley de las universidades y con la reforma jubilatoria”, afirmó.
¿Qué harán, en ese caso, diputados cordobeses muy identificados con el campo y su producción? Por ahora, nadie dice nada...
Baja transitoria
La baja transitoria de las retenciones, que comenzó a aplicarse a fines de enero, benefició a la soja, el trigo, la cebada, el maíz, el girasol y el sorgo.
En algunos casos, como la soja, el recorte de las retenciones pasó del 33% al 26% y sus derivados, del 31% al 24,5%.
Sin embargo, desde el principio el Gobierno dejó claro que se trataba de una medida temporal. El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró en varias ocasiones que, aunque la reducción era positiva para el sector, el objetivo del Gobierno era mantener el orden fiscal, y que la baja de las retenciones no sería permanente.
El panorama no ha cambiado. En las últimas reuniones entre el equipo económico y los exportadores, los empresarios ya se llevaron la impresión de que no hay margen para prorrogar la baja de retenciones más allá de junio.
Esto se confirma también con el reciente ajuste en la meta de superávit fiscal, que pasó del 1,3% al 1,6% en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A pesar de las presiones del campo y los intentos por modificar la situación, desde el Gobierno reafirmaron su postura. Como expresó un colaborador de la Casa Rosada: “Siempre se dijo que el 30 de junio se terminaba esta medida. El Gobierno no usa estas cosas para negociar, si lo dice Milei, es así”.
La situación promete seguir siendo tensa en los próximos meses, con Córdoba, una de las provincias más golpeadas por las retenciones, en el centro de la discusión.
El gobernador Llaryora, con el apoyo de otros mandatarios provinciales, tendrá que definir cómo equilibrar las expectativas del campo con las exigencias del Gobierno nacional, que insiste en priorizar el superávit fiscal.
