Un viernes de extrema tensión se vive en la vecina provincia de La Rioja luego de que en la noche de este jueves se iniciara una protesta de la Policía encabezada por los propios efectivos y también sus familiares, algo similar a lo sucedido en Córdoba cuando se dio el acuartelamiento en diciembre de 2013.
El reclamo es el mismo, incremento salarial a los distintos agentes. De acuerdo con lo informado por medios de esa provincia, tras ser recibidos un grupo de representantes por el ministro de Seguridad, Miguel Zárate, y el jefe de Gabinete, Juan Luna, entre otros, decidieron mantener un acampe hasta tanto tengan un encuentro de forma directa con el gobernador, que está regresando de Buenos Aires.
Además del tema salarial, donde piden un piso de $800.000 y el blanqueamiento de todos los ítems, también hay reclamos de tipo laboral y además piden que no haya sanciones disciplinarias a ninguno de los efectivos en actividad y retirados por esta protesta.
El malestar también se extendió a algunas comisarías del interior y según advierten estos sectores en las comisarías se está trabajando con guardias mínimas.
Este viernes, el abogado de los efectivos y quien oficia de vocero de la protesta, aseguró que los efectivos no prestarán servicios hasta hablar con el gobernador, Ricardo Quintela.
Ante esta situación, varios bancos y dependencias que requieren de seguridad para funcionar no abrirían sus puertas este viernes en La Rioja.
Acuartelamiento policial en La Rioja: la posición del Gobierno
El gobierno riojano si bien reconoce la cuestión salarial, también sostiene que la protesta tiene visos de haber sido motorizada por sectores libertarios y enfrentados políticamente a la Casa de las Tejas.
Este jueves, el gobernador le solicitó al Poder Ejecutivo nacional el envío de fondos de coparticipación “adeuados” de este año para poder aumentar los sueldos a los trabajadores estatales, y lamentó que la administración central haga “oídos sordos” a ese reclamo y otorgue a determinados distritos la condición de “rehenes”.
Quintela expresó desde sus redes sociales que se le reclama al Gobierno nacional el “envío de fondos que nos deben este año” y que alcanzan los “9.300 millones de pesos”, que serán destinados a “otorgar aumentos”.
Sin embargo, sostuvo que la administración de Javier Milei “hace oídos sordos a este pedido, dejando a un lado la necesidad de las provincias”.
“Además, se siembran sospechas de malos manejos de la administración de nuestro Gobierno que siempre hizo los esfuerzos necesarios para poder contener a todos los sectores, especialmente a los más vulnerables. Todo lo que llegó a la provincia fue distribuido en políticas públicas y en el bolsillo de la gente, tal como un Estado presente debe hacerlo”, añadió.
El mandatario riojano sostuvo que su intención es “aumentar los sueldos” pero que para eso “necesita” que la Nación “envíe los fondos que le corresponden a los riojanos”.
“Siempre trabajamos para que los aumentos vayan en consonancia con la inflación que venimos viviendo desde hace mucho, y el crecimiento de la misma con las medidas de shock y perjudiciales del actual Gobierno nacional han logrado que los sueldos de los trabajadores queden muy por debajo de la inflación provocando una fuerte pérdida del poder adquisitivo con una devaluación del 120%”, expuso el mandatario provincial.
El gobernador afirmó que “el Estado nacional debe garantizar que esos fondos lleguen para no seguir congelando sueldos, pues ya se siente y con más fuerza la desesperación e incertidumbre”.
“No se pueden esperar 15 años para ver resultados, los argentinos la están pasando mal hoy. Están en el Gobierno para mejorar la calidad de vida de la población y no para empeorarla”, dijo y advirtió que “el pueblo no quiere ni debe ser rehén de los intereses del gobierno de turno”.
