La oposición le propinó una paliza a Javier Milei en el Senado: logró sancionar por unanimidad una recomposición del 7,2% de los haberes jubilatorios y un aumento del bono a $110.000, a la vez que también aprobó la restitución de la moratoria previsional para que puedan jubilarse aquellas personas que cumplieron la edad para hacerlo pero no tienen los años de aportes necesarios. El Presidente confirmó que irá por el veto y, en última instancia, por la Justicia.
Los senadores de Libertad Avanza abandonaron el recinto para no legitimar la sesión, que calificaron como inválida porque no había convocatoria formal y porque los dictámenes, a su criterio, no tenían validez. De hecho, la votación fue presidida por una kirchnerista, Silvia Sapag (vicepresidenta del Senado) porque se habían retirado tanto Victoria Villarruel como su segundo, Bartolomé Abdala.
¿Cómo fue el voto de los cordobeses? Tanto Luis Juez (PRO) como Alejandra Vigo (Provincias Unidas) votaron a favor de la mejora de ingresos jubilatorios, pero en la moratoria Juez votó en contra, mientras que Vigo lo hizo a favor. La legisladora restante, Carmen Álvarez Rivero (PRO) se fue del recinto para no convalidar la sesión, en sintonía con los libertarios.
El proyecto de mejora de ingresos recibió unanimidad: 52 votos afirmativos (de Unión por la Patria, la UCR, la mayoría del PRO y partidos provinciales), ninguno negativo y 4 abstenciones. El dato fue que gran parte de los gobernadores de la exalianza Juntos por el Cambio, que habían amenazado con quitar apoyo para no poner en riesgo el equilibrio fiscal, finalmente no lo hicieron.
En efecto, el correntino Gustavo Valdés, el entrerriano Rogelio Frigerio, el santafesino Maximiliano Pullaro, el mendocino Alfredo Cornejo y el chaqueño Leandro Zdero se dividieron entre votos a favor y ausencias de los senadores que les responden. No promovieron ningún voto en contra.
Entre los mandatarios de otras fuerzas, el cordobés Martín Llaryora aportó el voto favorable de Vigo, que se diferenció de la actitud tomada por los diputados de su espacio en el caso de la moratoria. El chubutense Ignacio Torres forzó dos abstenciones, al igual que el mandamás misionero Carlos Rovira. Y el rionegrino Alberto Weretilneck aportó un voto a favor.
La flamante ley recompone los haberes en un 7,2%, por la pérdida frente a la inflación de enero de 2024. Con esta medida, la jubilación pasaría a ser de $309.295. “Estamos haciendo esto 18 meses después”, lamentó el titular de la UCR, Martín Lousteau. A esto se le sumaría el bono, que aumentaría de los $70.000 actuales a $110.000. De ese modo, la jubilación quedaría en $419.295.
Aunque el Gobierno sostiene lo contrario, el proyecto aprobado puntualiza cómo se financiará: a través de la reasignación de las ampliaciones de presupuesto de la SIDE (Secretaría de Inteligencia); sobrecargos y comisiones que el FMI ya no cobra a la Argentina; y eliminación de diversas exenciones y beneficios impositivos, lo que se denomina el gasto tributario, entre otros puntos.
Por su parte, el regreso de la moratoria no recibió tanto apoyo como el otro proyecto: obtuvo 39 votos a favor, 14 en contra y una abstención, de Lousteau. Los apoyos fueron de Unión por la Patria, Vigo, el correntino Carlos “Camau” Espínola (recientemente aliado al gobernador Valdés), la rionegrina Mónica Silva (responde a Weretilneck) y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.
El proyecto sancionado restituye por dos años el plan de pagos de deuda previsional para aquellas personas que cumplieron la edad jubilatoria pero no los años de aportes. De lo contrario, tanto hombres como mujeres debían esperar a los 65 años para acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que es el 80% del haber mínimo.
¿Sesión inválida?
Una vez que la oposición consiguió quórum, Villarruel bajó al recinto para presidir el debate, pero enseguida tomó la palabra el jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, para advertir que la sesión no es válida porque no fue convocada oficialmente y, además, incluía dos dictámenes que para los libertarios carecían de validez.
“Nos encontramos, una vez más, ante un intento de una sesión autoconvocada que no tiene sustento legal, y ante esta nueva costumbre que tomó el Senado de que con algunas mayorías circunstanciales quieren doblar el reglamento”, alertó el jujeño, quien calificó la sesión como una “pantomima”.
Desde redes sociales, se sumó a la defensa oficialista la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Hoy el kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, plantándole a la Vicepresidente una sesión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos. No se puede permitir. Están planteando un golpe institucional y llevarse puesto el Senado. Las instituciones, las normas y la República se respetan”.
Villarruel salió a responderle a Bullrich en durísimos términos: “Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”. Explicó que los proyectos jubilatorios, así como el de emergencia en discapacidad, “no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario”.
En efecto, tras una extensa discusión, la oposición logró validar (con 42 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones) los dictámenes firmados la semana pasada, en una reunión “autoconvocada” de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que nunca fue citada por su presidente, Ezequiel Atauche. Con la aprobación de esa moción, se destrabó el debate.
Tensión con gobernadores
La sesión continuará con los dos proyectos de los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño para garantizar fondos a las provincias vía ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y redistribución del Impuesto a los Combustibles. Como los expedientes no tienen dictamen de comisiones, se necesitarán dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento sobre tablas.
Por otra parte, la oposición también quiere declarar la emergencia en discapacidad; y resistir el veto del presidente a la ley que declaró la emergencia en Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) por las últimas inundaciones y creó un fondo de asistencia de $200.000 millones.
También figura en el listado de temas un proyecto del radical Maximiliano Abad para defender las acciones de YPF ante el fallo de la jueza Loretta Preska que ordenó la entrega del 51% a los fondos que ganaron el juicio por la expropiación. La iniciativa busca ratificar el artículo 10 de la ley de reestatización, que establece que para las transferencias de acciones se necesita el aval de dos tercios del Congreso.
