A una semana de la votación de la ficha limpia, el aire en el Senado se corta con un cuchillo. Aunque, en principio, la ley que dejaría fuera de la competencia electoral nacional a Cristina Kirchner tiene los votos para ser sancionada el próximo 7 de mayo, un “sincericidio” del jefe del bloque oficialista y el factor de la elección porteña añadieron aún más incertidumbre a uno de los debates más enrevesados de los últimos tiempos.
Las especulaciones se reabrieron luego de que, en la reunión de Labor Parlamentaria donde se acordó postergar la sesión (prevista originalmente para el 9 de abril) y se fijó la nueva fecha, el titular de la bancada de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, blanqueara, ante el estupor de los presentes, que no querían tratar la ley.
Aunque el jujeño lo negó públicamente, distintos participantes de ese encuentro, encabezado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, confirmaron que esas palabras salieron de la boca de Atauche. Según supo La Voz, el legislador incluso demoró unos minutos en firmar el acta donde los jefes de bloque dejaron plasmado el día y el temario de la sesión.
El líder del bloque oficialista admitió en ese momento que no tenían apuro en votar la ley y dejó al descubierto el factor porteño: La Libertad Avanza teme que el éxito de la ficha limpia sea capitalizado por la diputada Silvia Lospennato, candidata a legisladora porteña por el PRO y rival del libertario Manuel Adorni. De hecho, Lospennato adoptó la ley como una bandera de su campaña en la Ciudad de Buenos Aires, donde se vota el 18 de mayo.
No es la primera vez que se especula con la incomodidad de La Libertad Avanza en torno a la ficha limpia: a fines del año pasado, cuando fracasó el segundo intento de votación en la Cámara de Diputados por la notable ausencia de diputados libertarios, la oposición denunció un “pacto” con el kirchnerismo para mantener viva una candidatura de Cristina y polarizar con su figura. Ahora, la sanción de la ley le imposibilitaría a la expresidenta competir a nivel nacional, pero podría hacerlo en provincia de Buenos Aires, donde no rige el impedimento.
Son los propios aliados del oficialismo en el Senado quienes advierten, no sin fastidio, que el Gobierno nunca trabajó para destrabar la ley. “Nadie se ocupó de juntar los votos. El Gobierno carece de operadores y Villarruel no mueve”, se ofuscó ante La Voz un senador del PRO. Tal fue el desinterés que, según comentan, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, cuyo voto era desconocido y definía el resultado, ya tenían decidida su postura a favor, pero nadie del oficialismo se acercó a ellos para confirmarlo.
En este contexto, el oficialismo quedó atrapado por la presión social y la que ejercen sus propios socios parlamentarios: tanto en el PRO como en la UCR se muestran decididos a votar la ley y acotan el margen de acción libertaria. Mientras, una Lospennato en modo campaña no para de repetir que los senadores que no se sienten el 7 de mayo para votar la ficha limpia juegan para la “impunidad” de Cristina.
La presión también bajó con fuerza desde Córdoba: en los últimos días, la senadora schiarettista Alejandra Vigo, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, encendió el ventilador y advirtió que la ley debe salir sin modificaciones, porque de lo contrario el proyecto volvería a Diputados y se dilataría el debate. Ese escenario, señaló Vigo, “dejaría en claro el acuerdo entre el kirchnerismo y el Gobierno nacional”.
La posibilidad que siempre acechó en la discusión fue la de ampliar la cantidad de delitos por los cuales una persona condenada en segunda instancia no podría ser candidata, ya que la media sanción de la Cámara baja solo contempla los de corrupción.
Para que la ley sea una realidad se necesita, primero, juntar el quórum con 37 de los 72 senadores presentes, y luego la misma cantidad de votos, por tratarse de una reforma electoral. Si todos los senadores que comprometieron su voto apoyan, la ley saldría con 38 votos. Si el proyecto resulta rechazado, como pretende Unión por la Patria, no podrá volver a tratarse este año y el debate volverá a “foja cero”.