El presidente Alberto Fernández quiere avanzar con su plan de reducción de subsidios a la energía para achicar el déficit fiscal y bajar la emisión monetaria tal lo acordado con el FMI, mientras el sector referenciado en Cristina Kirchner, que domina el área energética en el mismo gobierno, intenta no quedar pegado a lo que rechaza explícitamente.
Es una situación insólita. El Estado está quebrado, con un déficit que no puede sostener, pero desde hace dos décadas subsidia en forma indiscriminada el gas y la electricidad que consumen -principalmente- porteños y bonaerenses independientemente de su poder adquisitivo. El IVA de la leche y el pan termina en subsidios para climatizar piletas en los countries.
Un estudio del Instituto Argentino de Energía “General Mosconi” (IAE) explica que los subsidios energéticos empezaron a escalar en 2003. Y pasaron 0,2% del PIB en 2005 al 3% en 2015 (u$s18.961 millones), cuando finalizó el gobierno de Cristina Kirchner. Con Mauricio Macri cayeron al 1,4% en 2019 (u$s5.954 millones). Con Fernández subieron al 2,3% en 2021 (u$s 10.900 millones).
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ordena una reducción de los subsidios económicos de 0,6 puntos del PIB en 2022. De ese total, 0,45 puntos deben ser recortados del gasto para subsidiar la energía. Del texto del acuerdo se deprende que así se reducirá el agujero fiscal y la dependencia monetaria, por lo que habrá menos inflación a futuro.
Un informe técnico de la subsecretaría de Planeamiento Energético del propio Gobierno señala que a medida que crece el consumo por decil socioeconómico se incrementan los subsidios y el esquema de tarifa social tiene un impacto que compensa sólo parcialmente ese efecto. “Esto se traduce en el sesgo pro-rico de los subsidios”, dice el informe oficial al que accedió este medio.
Descongelamiento de tarifas
Martín Guzmán, ministro de Economía, dijo el lunes ante empresarios que este año solo habrá suba real de tarifas para el 10% más rico de la población. La clase media verá un ajuste del 42% (por debajo de una inflación que superará el 60%). Y para los pobres con tarifas social prácticamente no habrá corrección.
“Es un punto de partida”, comentó el funcionario. Y agregó: “Es un cambio estructural en torno a cómo administrar las políticas de subsidios energéticos”. No lo dice explícitamente, pero Guzmán está convencido que la política energética del segundo gobierno de Cristina Kirchner fue un desastre que no puede aplicarse nuevamente porque llevaría a una nueva crisis.
Ahora, con el descongelamiento, el impacto en las facturas será distinto según cada zona, porque no existe el mismo nivel de ayuda estatal en todos los distritos. Según el Indec, agua, electricidad, gas y otros combustibles representan el 10,5% del gasto de un hogar, en promedio. Pero en concreto, la corrección de precios relativos en este sector sensible para la economía generará un impacto en la inflación general.
Juan Luis Bour, economista de la Fundación FIEL, analizó que el Gobierno está en una encrucijada. “Si ajusta las tarifas, habrá transitoriamente más inflación. Pero si no lo hace, tendrá más déficit fiscal y, por ello, necesitará emitir más dinero”, dijo. La inflación que se reprime hoy es una inflación que saltará en algún momento y con otros problemas asociados.
A fines de abril de 2022, unas 28 consultoras y 14 entidades financieras le dijeron al Banco Central en el Relevamiento de Expectativas de Mercado que la inflación proyectada para 2022 es del 65,1%. Hubo un salto de 5,9 puntos en un mes, por la aceleración que ya se registró y por el impacto que tendrán los incrementos en servicios en el segundo semestre.
En ese contexto, Bour opinó que se podría considerar un “éxito” si se lograra bajar y estabilizar la inflación entre 3% y 4% mensual en lo que resta del año. Pero es escéptico dado que, dijo, el Gobierno no está en condiciones de poder ofrecer ese escenario.”Hay un proceso de aceleración del desorden. La suba de la tasa de inflación refleja los problemas fiscales, monetarios y políticos. La única ‘solución’ que hay es la propuesta de Máximo Kirchner de acelerar los aumentos salariales”, comentó.
Por otro lado, analistas de Moody’s Local Argentina entienden que aumentos abruptos en la tarifa podrían afectar de forma negativa los flujos de fondos de las compañías producto de mayores niveles de morosidad, en un contexto de fuerte caída del salario real. En 2020 y 2021 no se observaron incrementos en el costo de generación de gas natural que paga el consumidor final, por ejemplo, y ahora se prevé que en las próximas adecuaciones tarifarias para el 2022 el alza no supere el 40%, señalaron desde la agencia.
El peso de los subsidios
Desde el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala señalaron a este medio que para lo que resta de 2022, el Gobierno y el Banco Central tendrán un desafío. Más allá de la aceleración reciente de la inflación, fiscalmente el año puede ser “más complejo” de lo previsto debido al efecto negativo que los precios de la energía pueden tener en el nivel de subsidios económicos.
Eso indica que el objetivo de déficit primario de 2,5% del PIB acordado con el FMI podría no cumplirse. Esto tiene dos posibles implicancias en materia de fuentes de financiamiento: o bien el Tesoro emite por encima del 1% del PBI previsto en el acuerdo con el FMI, con los respectivos efectos que esta expansión puede generar en materia cambiaria e inflacionaria, o bien deberá incrementar la colocación de deuda en pesos, tensionando el programa financiero del año entrante.
Los subsidios energéticos son determinantes para el agujero fiscal. El último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indica que el Gobierno gastó 539.689 millones de pesos en subsidios económicos en el primer cuatrimestre, lo cual representó un salto anual del 131% en términos nominales y del 50,3% en términos reales.
Del total de subsidios, el 77,8% (unos 419.901 millones de pesos) fueron a parar a las tarifas energéticas. Hubo un salto nominal anual del 174,7%, lo que ajustado por inflación da un aumento real de 78,7%.
Un funcionario que en el gabinete económico responde a Fernández (e impulsa la segmentación tarifaria) explicó a este medio que hay dos motivos centrales para acelerar la reducción de subsidios a la electricidad y el gas. En principio, los sectores más ricos no viajan en colectivo, pero sí climatizan sus casas, por lo que el transporte no es un “drama”.
En segundo lugar, los datos consolidados del 2021 muestran que los subsidios energéticos representan el 49% del déficit fiscal primario. Los rubros de gas y electricidad sumados recibieron nada menos que 1.046 billones de pesos (60,2% más que en 2020). Para tener dimensión de la regresividad del sistema: en 2021, el Estado gastó 573.364 millones de pesos por todo concepto en asignaciones, el 54,8% de lo que volcó a subsidios energéticos.
Así, el Gobierno está en una encrucijada: si aumenta las tarifas como prevé, con un sentido “progresivo”, alimentará la inflación en 2022. Pero si no lo hace, deberá emitir más dinero sin respaldo para cubrir el déficit creciente y sumará de esa manera inflación estructural a la economía, postergando una corrección que en algún momento habrá que hacer para evitar el colapso del abastecimiento, como ya ocurrió durante el último gobierno de Cristina Kirchner.
