La conmoción que provocó entre los argentinos la muerte del papa Francisco y la dimensión histórica y universal que adquirió la figura de Jorge Bergoglio dejaron en un lejano segundo plano desde el lunes pasado las reyertas de la dirigencia doméstica.
Pero puertas adentro de los dos cónclaves principales de la política cordobesa no hay descanso. Tampoco hay señales de humo blanco en esas discusiones, que no terminarán hasta que se diriman los nombres de quienes encabezarán las listas de diputados nacionales. Todo indica que serán tres meses largos e intensos.
En el peronismo cordobés dominan la escena los problemas de las complejas gestiones del gobernador Martín Llaryora y del intendente Daniel Passerini. Pero ningún asunto administrativo, operativo ni judicial hace perder jamás de vista que en octubre próximo hay elecciones de medio término.
Las legislativas son siempre un trago difícil para el oficialismo cordobés y estas no parecen ser la excepción. A no ser que Juan Schiaretti sorprenda a propios y extraños y decida ser candidato. Ese sería el único escenario competitivo para Hacemos Unidos por Córdoba y es lo que Llaryora y Passerini pretenden que ocurra. Muchos peronistas a los que el cordobesismo les sigue cayendo pesado fantasean con la fórmula Schiaretti-Natalia de la Sota.
El exgobernador no articula sonido y nadie espera que esa definición ocurra hasta el momento en que deban presentarse las listas. Esto ocurrirá el 17 de agosto.
Entre los exégetas del silencio de Schiaretti las aguas están partidas: algunos interpretan que seguirá con su armado de figuras de segunda línea en todas las provincias argentinas con miras a 2027; otros afirman que analiza la posibilidad de presentarse para acelerar ese armado desde el Congreso. Lo más probable es que espere algunas certezas que las encuestas todavía no le otorgan, pero lo concreto es que el oficialismo provincial comenzó a observar que esa indefinición se volvió provechosa.
Como Luis Juez ratifica que él es el único que puede ganarle a Schiaretti, la indefinición del exgobernador se volvió estratégica para el PJ: es una llave para complicar aún más el problemático presente de lo que fue Juntos por el Cambio. Que Juez mantenga latente la posibilidad de presentarse como candidato a diputado pese a tener mandato como senador por dos años más es casi una declaración de hostilidad a su socio, el radical Rodrigo de Loredo, que pretende encabezar la lista para continuar en la Cámara Baja.
¿Cuál lista aspira a encabezar el radical De Loredo? Preferentemente la que apoye Javier Milei. Si eso no es posible, la que apoye Mauricio Macri. El problema es que además de la pulseada con Juez por el respaldo presidencial, De Loredo tiene un conflicto interno que no sería importante si no tuviese alto peso simbólico: el diputado batalló por años pidiendo internas partidarias y recurriendo a la Justicia en varias oportunidades, y ahora que controla la UCR a través de Marcos Ferrer, no quiere internas. La disputa con Ramón Mestre ya está judicializada.
¿Dos cónclaves o tres?
Entre los muchos temas que la oposición provincial debe resolver en los tres meses y medio venideros, el primero es si el juecismo y el radicalismo seguirán integrando el mismo espacio. Juez y De Loredo quieren ser candidatos a gobernador en 2027 y es esa disputa de fondo la que domina una escena cargada de reproches y desconfianza: el juecismo está convencido de que si De Loredo hubiese aceptado ser candidato a vice en 2023, hoy gobernarían la provincia de Córdoba.
Como el acuerdo de De Loredo con La Libertad Avanza no está cerrado, tampoco está descartado el acuerdo con lo que queda del PRO de Mauricio Macri. En ese caso, los cónclaves serían tres y el enigma a resolver en el próximo trimestre sería mayor, porque los armados de Karina Milei resultan inescrutables aun para los libertarios más conspicuos.
Claro que los problemas opositores son menos comprometedores que los del oficialismo: se circunscriben a la rosca partidaria y parlamentaria. El peronismo cordobés, en cambio, tiene el peso de las gestiones, que se van complicando a medida que el ajuste nacional se profundiza y la reactivación se demora: la recaudación baja –tanto la nacional como la local–, los costos aumentan, los conflictos gremiales con los estatales se profundizan, las amistosas conducciones gremiales empiezan a verse superadas y la inseguridad no da tregua.
La Corte Suprema de la Nación le abrió una vía a Llaryora, que espera recibir en 10 días una propuesta de Anses que al menos libere un flujo mínimo de fondos para la Caja de Jubilaciones. Las obras provinciales dependen de nuevo endeudamiento, que es lo único que Milei le facilitó hasta el momento al Gobierno de Córdoba.
Las encuestas –el sagrado insumo del peronismo en el poder– empiezan a encender alertas, sobre todo en Capital. Hace dos semanas, Llaryora y Passerini acordaron una serie de cambios que apuntan a dar mayor eficiencia a dos áreas de altísimo impacto: economía y seguridad.
Cuadros técnicos comandados por el ministro Guillermo Acosta volvieron al Palacio 6 de Julio y Claudio Vignetta dejó de comandar la Guardia Urbana, que ahora dependerá de otro llaryorista de la primera hora: el titular de la Justicia de Faltas, Juan Manuel Aráoz. La apuesta del Panal a ese cuerpo preventivo fue muy fuerte y los resultados están lejos de lo esperado. Son los primeros de varios cambios más en el gabinete de Passerini, que acuerda con el diagnóstico.
En el Panal eluden cualquier referencia a una intervención, y apelan a la idea del “equipo”. No lo hacen sólo porque lo prometieron en campaña. También porque nadie como Llaryora conoce el complicado escenario económico que heredó Passerini ni el impacto duplicado que tuvo para el municipio el corte de los recursos nacionales. Gobernar también tiene estos riesgos.
