Un despido que se habría producido en una de las empresas concesionarias del servicio de recolección de residuos en la ciudad de Córdoba, reactivó el martes la interna que se desarrolla en el Surrbac, el sindicato de recolectores y barrenderos que lleva años en el centro de una investigación judicial por corrupción que se desarrolla en los tribunales federales.
Un grupo de recolectores acompañados por familiares se concentraron en la tarde del martes frente a la sede que la empresa Urbacor tiene en la zona sur de la avenida de Circunvalación, para protestar a la hora en que salían los camiones a realizar sus recorridos diarios.
Según denunció Juan Carlos Delgado, el dirigente del Surrbac que encabeza la oposición al secretario general Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, la empresa Urbacor en la ciudad de Córdoba, y la empresa Cotreco en Río Cuarto, son permeables a las presiones para despedir a trabajadores que militan en la oposición a los actuales mandamases del gremio..
No fue posible conseguir una respuesta de Urbacor sobre el tema, en ninguno de los teléfonos que la empresa pone a disposición del público.
Delgado dijo a La Voz que Saillén y sus seguidores “hace rato que vienen haciendo una persecución a los que están en la línea opositora. Cada compañero que se arrima a nosotros es despedido por las empresas. En Río Cuarto a un compañero lo despidieron y lo golpearon, y ahora Urbacor despide a otra persona porque los dirigentes del gremio la acusan de haberse acercado a nosotros”.
“Si no pensás como los Saillén, te golpean, o te amenazan, privan a los compañeros de poder acceder a cursos para capacitarse, y te dejan sin poder llevar el pan a tu familia. Se creen dueños y señores de la vida de cada uno de los compañeros. Elijen quién entra a trabajar, quién sale y a quién echan”.
El gremio Surrbac lleva varios años envueltos en una grave causa judicial que se lleva adelante en la Justicia federal de Córdoba. Saillén, varios de sus hijos, Catrambone y su hijo, en un total de 19 directivos, están procesados por graves supuestos delitos que incluyen lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación. Todos esos hechos habrían sido cometidos en perjuicio de los afiliados del gremio, ya que se hiceeron usando los dineros que manejan el gremio, su obra social y su mutual, todos los cuales se encuentran intervenidos debido a la investigación de estos ilícitos.
Delgado, quien ayer encabezó la protesta frente a la empresa, también es uno de los 19 directivos que están procesados.
Saillén, Catrambone, Delgado y el resto de la comisión directiva tienen mandato hasta el 11 de octubre de 2022, cuando deberían ser reemplazados por una nueva comisión. Para esto habría que llamar a elecciones, aunque se desconoce si este año tendrá el lugar el juicio oral y público contra los gremialistas, y si quienes están procesados por esos graves hechos se terminarán presentando como candidatos.
