La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba recibió una solicitud para que se revoque la resolución del juez Ricardo Bustos Fierro que le permitió al sindicalista Mauricio Saillén volver a hacerse cargo de la secretaría general del gremio de recolectores y barrenderos Surrbac.
Saillén está procesado junto a otras 18 personas por supuestos hechos millonarios de corrupción que se habrían realizado con los dineros de los afiliados, a través del gremio, la mutual y la obra social.
Después de abandonar la cárcel de Bouwer en abril de 2020, luego de estar detenido siete meses, la Justicia le dio la libertad a cambio de una fianza de 10 millones de pesos.
Según decidió la Cámara Federal, su libertad incluía la prohibición de realizar actividad sindical, de acercarse a las sedes gremiales y de interferir con la causa en la que está imputado por lavado de dinero, asociación ilícita, defraudación y usura.
“Fue un grave error”
El 15 de diciembre de 2021 Bustos Fierro hizo lugar al planteo del abogado de Saillén, el exfiscal general de Córdoba Darío Vezzaro, de que el gremialista ya no representaba un peligro para el avance de la investigación, que había concluido. También consideró que como el sindicato se encuentra intervenido en la faz contable, por los ilícitos que se investigan, Saillén no incidiría en su administración.
Meses antes, frente al mismo pedido, Bustos Fierro había resuelto en la dirección contraria, señalando que Saillén debía continuar sin poder acercarse al gremio, tal como lo había decidido la Cámara.
Ahora el abogado Marcelo Villarroel, en representación de uno de los afiliados del Surrbac que participan del proceso legal como querellantes, pide que se revoque la decisión de Bustos Fierro y sostiene que “fue un grave error” permitir que Saillén volviera a la actividad gremial.
Según este pedido, el permiso para que Saillén retome la vida gremial violó el debido proceso legal porque no se le dio participación a los querellantes que tiene la causa, entre ellos la Unidad de Información Financiera.
Señala también esta presentación que la decisión del juez contradice abiertamente lo que estableció la Cámara Federal al momento de darle la libertad al gremialista. Esto es, no permitirle la actividad gremial para que no incluya sobre el proceso legal ni afecte la situación de los denunciantes. Varios de estos debieron, en su momento, apelar al programa de Protección Nacional de Protección de Testigos debido a las amenazas y a los ataques personales que sufrieron.
Villarroel, en su pedido ante la Cámara Federal, denuncia también que la autorización a Saillén produjo una “escandalosa confusión de roles”, ya que Saillén “conduce al querellante víctima”, quien debe sostener su acusación en la causa mientras el líder gremialista ha vuelto al sindicato.
Hechos violentos
La presentación ante la Cámara destaca también que, desde que Saillén volvió al sindicato, se ha producido una serie de hechos violentos que ponen “en evidencia el riesgo que implica” que el gremialista haya vuelto a conducir el sindicato. Esto porque “usa y abusa de su poder más allá de los límites institucionales”.
En ese sentido cita varias publicaciones de La Voz en las que se dio cuenta de episodios como la manifestación que se hizo el 8 de febrero frente al empresa Urbacor para exigir la reincorporación de un recolector que habra sido despedido por militar en una línea gremial opositora a Saillén.
Antes, en agosto de 2021, el más antiguo dirigente del Surrbac, Ramón Sánchez, denunció judicialmente que fue engañado por Saillén y sus hijos para desplazarlo del cargo de prosecretario general. Según dijo, le hicieron firmar su renuncia, entreverada entre otros documentos comunes, sin que él se diera cuenta, para instalar en su lugar a Juan Saillén, uno de los hijos del secretario general.
También en agosto de 2021, un empleado municipal del ente Córdoba Obras y Servicios (Coys) denunció que fue golpeado por uno de los guardaespaldas personales de Saillén, Matías “Perro” Peralta, quien es karateca y luchador de full contact. El agredido dijo que hace dos años sufre agresiones y acoso de los seguidores de Saillén, por haberse quejado en una entrevista periodística de los descuentos que el sindicato obliga a pagar a los afiliados.
Días pasados, el tesorero del Surrbac Juan Delgado, se lanzó como candidato de una lista opositora y acusó a Saillén de tomar decisiones en las empresas privadas prestatarias del servicio de recolección y también en el Coys.
Saillén, a poco de volver oficialmente a la actividad gremial, en enero realizó una asamblea en el Teatro Griego, repleto con sus simpatizantes, y anunció un bono de fin de año de 53 mil pesos para todos los trabajadores de la recolección.
Este año vence el mandato de la actual conducción del sindicato y debería haber elecciones para elegir a la nueva comisión directiva. La actual, encabezada por Saillén, lleva 20 años consecutivos en el Surrbac.
