La Justicia Federal de Córdoba no realizará este año el juicio oral y público contra los sindicalistas del gremio de recolectores Surrbac.
El Tribunal Oral Federal 1, que había salido sorteado para realizar la audiencia en la que se tiene que juzgar a los gremialistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone por graves delitos cometidos con dineros aportados por los cordobeses al servicio público de recolección de residuos, resolvió el viernes la nulidad de la elevación a juicio resuelta por el juez Ricardo Bustos Fierro.
Se trata de una decisión que beneficia a los sindicalistas, porque este año deben realizarse las elecciones en el gremio, y ahora Saillén, Catrambone, sus hijos y el resto de los procesados podrán presentarse al comicio sin temor a sufrir una condena que les obstaculice su continuidad política.
Además, la Justicia federal de Córdoba también beneficia al secretario general del gremio con su inacción. Hasta hoy, la Cámara Federal de Apelaciones no ha dado respuesta a la apelación que presentó en febrero de 2002 uno de los querellantes, representado por el abogado Marcelo Villarroel, contra la decisión de permitirle al gremialista volver a su actividad política.
Esta resolución, firmada por el juez Bustos Fierro, contradijo lo ordenado por la Cámara Federal de Apelaciones que, en 2020, le había impedido la actuación gremial y el contacto con los denunciantes. Varios de los denunciantes en la causa sufrieron ataques y hasta un intento de asesinato.
Saillén, Catrambone y otras 17 personas, entre ellas cinco de sus hijos, están procesados por delitos como lavado de dinero, asociación ilícita, defraudación y usura.
Justamente esta semana, los afiliados al Surrbac comenzaron a recibir, en sus teléfonos, la oferta de las nuevas remeras “Mauricio Saillén - Pascual Catrambone 2022-2026″. Si los gremialistas ganan un nuevo mandato, lo que es probable, se asegurarán la conducción del sindicato hasta 2026.
El tribunal oral declaró la nulidad de la elevación a juicio porque considera que el juez Bustos Fierro debería elevar el caso completo, todo en una sola causa, y no instruir por separado otros legajos que se desprendieron en medio de la investigación.
Por eso, fuentes vinculadas a la investigación, señalaron a La Voz que será imposible realizar este año el juicio, debido al tiempo que demorará el juzgado en avanzar con las indagatorias y las investigaciones, y a la probabilidad de que las defensas planteen recursos que puedan demorar más el caso.
Estos desprendimientos de causas involucran a otros miembros del sindicato, por supuestos lavado de dinero y administración fraudulenta.
Además, el 24 de febrero de este año, el fiscal Marcelo Senestrari, acusó a los sindicalistas de nuevas operaciones de supuesto lavado de dinero, por haber comprado otras 14 propiedades de alta gama en countries y barrios cerrados de Córdoba.
Desde el juzgado federal esta medida del fiscal fue interpretada como otra manera de demorar la elevación a juicio de la causa, lo que fue negado por Senestrari en conversación con La Voz.
El tribunal Oral Federal 1 emitió un comunicado señalando que “dispuso la devolución del expediente de la causa “SAILLEN JULIO MAURICIO y otros, defraudación por administración fraudulenta y otros” al juzgado federal 1, por advertir que la instrucción no se halla completa y que la elevación fue meramente parcial, en tanto quedó pendiente la investigación de legajos complementarios”.
El tribunal oral que anuló la elevación a juicio está integrado por Jaime Díaz Gavier, Carolina Prado y Julián Falcucci.
