El juez federal Ricardo Bustos Fierro firmó el viernes la elevación a juicio de la causa por la cual se investiga la comisión de supuestos hechos de corrupción en el gremio de recolectores de Córdoba, Surrbac.
Los principales acusados en la investigación son el secretario general del sindicato, Mauricio Saillén y su socio político, Pascual Catrambone, quienes están procesados por asociación ilícita, lavado de dinero, usura y defraudación por administración fraudulenta, todos supuestos delitos que habrían cometido en perjuicio del patrimonio de los afiliados del gremio.
Gremialistas millonarios
Esta elevación a juicio es una de las decisiones más importantes que se toman en la causa desde que llegó a la Justicia federal en 2019, derivada desde los Tribunales provinciales.
A fines de 2019, Saillén y Catrambone fueron detenidos y sus domicilios allanados, y permanecieron en la cárcel de Bouwer hasta abril de 2020.
La causa tomó repercusión nacional, y, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Unidad de Información Financiera se terminó presentando como querellante y aportó información que mostró la extensión y la magnitud que tendría el enriquecimiento de los gremialistas, conseguido, se supone, gracias al manejo ilícito del dinero del sindicato, su mutual y su obra social.
Algunos de los denunciantes de Saillén y de Catrambone sufrieron agresiones, amenazas y uno de ellos sufrió un intento de asesinato en su domicilio en enero de 2019. Varios fueron ingresados al Programa Nacional de Protección a Testigos porque temían por sus vidas.
Quienes son los procesados
Junto con Saillén y Catrambone se encuentran procesadas otras 17 personas, entre las cuales se encuentran cuatro hijos de Saillén (Franco, Juan, Darío Mauricio y Micaela del Valle) y la exesposa de Saillén, Verónica Anabel Quevedo. También están procesados tres familiares de Catrambone: su hijo Agustín; su exesposa, Adriana Cecilia Oviedo, y su hermano Miguel Ángel Catrambone.
También están procesados el abogado José Luis Yacanto; Héctor Gabriel Blanes y Jorge Vicente Blane; el tesorero Juan Carlos Delgado, y los contadores Manuel Krainbuhl, Juan Manuel Riba y Osvaldo César Medina. Por último también están procesadas Yamila Gisel Monjes y Salomé Alfazak, ambas vinculadas al secretario general Saillén.
Elevación parcial a juicio
Una aclaración importante es que esta elevación a juicio decidida por Ricardo Bustos Fierro es parcial y no total porque todavía resta concluir la instrucción de dos legajos, denominados “Prieto, Miriam Elisabet” y “Delgado, Juan Carlos y otros”, ambos referidos a supuestos lavados de dinero. A este último se le acumuló otro tercer legajo, titulado “N.N. sobre defraudación por administración fraudulenta”.
Además esta semana se conoció que el fiscal federal Enrique Senestrari hizo una nueva acusación contra 11 de los procesados por la compra de otras 14 propiedades de lujo que hicieron en countries y barrios cerrados de la ciudad de Córdoba y del valle de Sierras Chicas.
Esta acción del fiscal mereció un párrafo de Bustos Fierro, quien en la elevación a juicio advirtió que “en la actualidad en la ciudad de Córdoba solamente se encuentran en funcionamiento dos tribunales orales federales, por lo tanto, de continuar el Ministerio Público Fiscal (Senestrari) realizando futuros desgloses, se ocasionaría un dispendio jurisdiccional inconducente dado que, de ocurrir eventuales elevaciones de dichos desgloses, se producirían serios inconvenientes en la conformación de jueces en los tribunales orales, sin contar que actualmente uno de ellos, el Tribunal Número 2, próximamente sólo va a tener dos integrantes”, por la jubilación de uno de ellos.
En otras palabras, desde el juzgado señalan a la fiscalía que, si continúa pidiendo desgloses de la causa, complicará gravemente el juzgamiento de los hechos ocurridos en el sindicato.
Desde el inicio, esta investigación provocó posturas encontradas entre el juzgado y la fiscalía. Senestrari, vinculado al mismo sector político que integraban los dirigentes del sindicato, el kirchnerismo, en varias ocasiones tuvo pronunciamientos favorables a Saillén.
Entre ellos, se cuenta su pronunciamiento a favor de concederle la libertad cuando se encontraba en la cárcel, pese a que el juez y la Cámara Federal consideraron que su libertad era un riesgo para el avance de la investigación y para los denunciantes, que denunciaban que sus vidas estaban en peligro.
Otra decisión del fiscal que también benefició a Saillén fue no pedir que fuera regresado a la cárcel, pese a que el sindicalista habría violado las condiciones de libertad bajo fianza que le impuso la Cámara Federal, cuando encabezó una asamblea gremial en el parque Sarmiento pese a que tenía prohibida la actividad sindical.
Además el fiscal se pronunció a favor del regreso de Saillén a la conducción del gremio, con el argumento de que la intervención del sindicato era sólo contable y no política.
Senestrari y Bustos Fierro también se encuentran en posiciones enfrentadas con respecto a las otras dos causas vinculadas al negocio de la recolección de la basura en la ciudad de Córdoba.
El fiscal acusa el juez de no poner el mismo énfasis en las causas que involucran a exfuncionarios del intendente Mestre y a empresarios de la firma recolectora Cotreco. Desde el juzgado, en reiteradas ocasiones han respondido que la demora que pudo haber en esas causas obedeció a los tiempos que se fue dando la misma fiscalía.
La causa que ahora irá a juicio no sólo involucra a los sindicalistas procesados, sino que también afectará la política local nacional.
El gremio Surrbac es un importante interlocutor de la administración del intendente Martín Llaryora, quien necesita que no le genere problemas en el servicio.
Al mismo tiempo, los dirigentes del Surrbac se encuentran enfrentados a nivel nacional con el gremio de Camioneros que dirige Hugo Moyano, quien sigue de cerca la suerte de sus rivales cordobeses.
Senestrari: No es como dice el juez
El fiscal Senestrari señaló que no es correcta la apreciación del juez Bustos Fierro de que su fiscalía está obstaculizando el avance de la causa. “El juez hace una mención tendenciosa hacia mi trabajo, y él queda como quien está haciendo lo correcto. Pero no es como dice el juez, está equivocado. No puede decir que yo arruino el juicio porque hago desgloses y no hay suficientes jueces para el juicio. Es al revés de lo que dice, no es cierto que yo entorpezca la investigación”.
“También -dijo el fiscal- es erróneo y estigmatizante que alguien diga que porque yo tengo determinada tendencia política, estoy favoreciendo a los sindicalistas. Yo los hice detener, yo les acabo de agregar 14 propiedades nuevas por las que tendrán que responder y yo los he mandado a un juicio donde muy probablemente haya condenas”.
Pero, dijo Senestrari, “el juez suspendió la causa de los empresarios de Cotreco, que es mucho más grave todavía, porque es un asunto en el que le quitaron fortunas a la ciudad de Córdoba, y el juez dice que, como pagaron, la ley permite suspender el juicio y deja la causa durmiendo el sueño de los justos en la Cámara Federal. Si ponemos las cuestiones ideológicas en el medio, a mí me quieren identificar con un grupo político, pero entonces también digamos con qué sector de la sociedad se identifica el señor juez, que hunde a los gremialistas y a los empresarios no”.
Sobre la decisión de no pedir que Saillén volviera a prisión luego de protagonizar la asamblea en el parque, Senestrari dijo que nunca se pudo identificar la voz en el audio del discurso. “Además, en ese caso, el juez aceptó mi criterio en silencio, igual que con la excarcelación. Yo no me puedo meter en la vida política de un gremio, yo lo único que quiero ahí es que no toquen la contabilidad, la administración del sindicato”.
