Luego de siete años de denuncias y de diferentes causas judiciales que tienen como protagonistas a dirigentes del gremio de recolectores de Córdoba, Surrbac, la Justicia federal podría avanzar este año hacia la realización del juicio oral y público en la más importante de las investigaciones.
Abogados y allegados a algunos de los sindicalistas expresaron a La Voz su confianza en que finalmente llegue a audiencia en 2022 la investigación principal, que mantiene procesadas a 19 personas vinculadas al sindicato, por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, usura y defraudación.
Gremialistas, políticos y empresarios
La investigación apunta a esclarecer el presunto manejo irregular de dineros en el gremio, en la obra social y –sobre todo– en la mutual sindical, desde 2009 hasta 2018. Se sospecha que millones de pesos que pertenecían a recolectores y barrenderos afiliados al Surrbac pasaron, luego de diferentes maniobras, al patrimonio personal de quienes conducían el sindicato.
Vacaciones pagadas en el Caribe para los dirigentes, estadías en suites de hoteles cinco estrellas, uso del dinero de la mutual para pagar sueldos de personal doméstico, jardineros y guardias de seguridad en las residencias particulares de los gremialistas, y la puesta en funcionamiento de una bicicleta financiera con el dinero de los aportes de los afiliados son algunos de los hechos que se investigan en profundidad desde 2018.
Estas presuntas irregularidades se habrían cometido acompañadas de una conducta permisiva por parte de diferentes administraciones políticas de la Municipalidad de Córdoba y por parte de los empresarios responsables del servicio de recolección de residuos de la ciudad, el negocio estatal de mayor magnitud con el que debe lidiar el municipio capitalino.
Esta última hipótesis se basa en el hecho de que en la misma Justicia federal de Córdoba se llevan adelante en simultáneo otras dos investigaciones que ya tienen procesadas a 11 personas vinculadas a la administración del intendente Ramón Javier Mestre y a cinco empresarios de la firma recolectora Cotreco.
Con la plata de los cordobeses
No escapa a nadie que el gran emporio construido por Mauricio Saillén y Pascual Catrambone se levantó con dinero de los impuestos que pagaron los cordobeses.
Fueron empleados de dependencias municipales, que cobraban sueldos pagados por los contribuyentes, los que según lo que se investigó fueron usados por Saillén y por sus socios para trabajar en la construcción de sus nuevas y lujosas viviendas, en la construcción de canchas de fútbol, en la refacción de clubes deportivos y en la concurrencia a manifestaciones de sus cambiantes aliados políticos.
Según la misma hipótesis judicial, fueron funcionarios municipales y empresarios los que dieron la aprobación para que el gremio sumara cientos de millones de pesos en indemnizaciones cada vez que el servicio de recolección cambiaba de concesionarios. Fueron también funcionarios políticos los que en enero de 2019 permitieron, por ejemplo, que toda la cúpula del Surrbac y sus familiares y amigos, más de 40 personas, pasaran a integrar la nómina del ente municipal de limpieza Esop.
Durante años, la mayoría de esas personas cobraron sueldos públicos sin trabajar para el organismo, ya que en realidad realizaban tareas sindicales o eran guardaespaldas de Saillén, o familiares de este, o militantes de centros vecinales o jugadores de fútbol del equipo del gremio que compite en la Liga Cordobesa.
Por eso, cuando los sindicalistas y sus familiares y socios sean llevados a una audiencia pública, no sólo se estará hablando de su desempeño con vinculación al gremio, sino también debería quedar expuesto el contexto político y empresarial que permitía que esos gremialistas se enriquecieran.
Cómo creció Saillén
Para entender la trayectoria de Saillén y su gente, hay que trazar una línea de tiempo que va desde 2009, cuando la administración del intendente Daniel Giacomino creó la empresa estatal Crese para superar el fracaso del llamado a nueva licitación del servicio de recolección. Crese y las urgencias políticas de aquella administración fueron usadas por el Surrbac como un trampolín de crecimiento.
Esa ganada fortaleza le permitió luego a Saillén liberarse del padrinazgo del camionero Hugo Moyano y, en alianza con el kirchnerismo, obtener una obra social pese a carecer del requisito de contar con convenio colectivo propio.
En 2016, el intendente Mestre creó el ente Esop para realizar el barrido de la ciudad, y allí comenzó el apogeo del Surrbac. Fue el patrón de hecho tanto de Crese como del Esop: el sindicato decidía quién entraba a trabajar, quién podía cobrar sueldo sin trabajar y a quién se despedía.
El Surrbac negoció mejores salarios, aumentó su cantidad de afiliados, comenzó una expansión política territorial en numerosos barrios capitalinos y en grandes ciudades del interior y aumentó su capacidad extorsiva para poner en aprietos a cualquier administración. Bastaba con un día de paro para dejar a la ciudad maloliente y cubierta de moscas.
Fue la época en que hasta se bautizó con el nombre de Saillén una dependencia municipal en el Parque Sarmiento: Base Julio Mauricio Saillén. El rostro del sindicalista era ploteado en numerosos colectivos y se reproducía en las espaldas de la vestimenta de los recolectores que corrían detrás de los camiones de residuos por toda la ciudad.
Creó una fundación, hizo entrar a uno de sus hijos, Franco, como legislador provincial por el kirchnerismo, y llegó a soñar con presentar candidato a la intendencia.
En las elecciones nacionales de 2019 consiguieron, a los codazos, hacer entrar a Franco como candidato a diputado nacional, pese a que el mismo candidato presidencial Alberto Fernández le pidió, sin éxito, que se bajara de la candidatura para “demostrar su inocencia”.
Juicio y reelección
En 2019, luego de que las causas que llevaba adelante la Justicia provincial pasaran a los Tribunales federales, se procesó a Saillén, quien lleva 20 años consecutivos al frente del gremio; a su socio político Pascual Catrambone, y a otros 17 allegados.
Entre ellos están procesados cuatro hijos y una exesposa de Saillén, y un hijo, un hermano y la exesposa de Catrambone. Los allanamientos judiciales mostraron las docenas de automóviles de alta gama, los dólares en cajas de seguridad, las casas, las colecciones de joyas que formaban parte del patrimonio de los gremialistas.
Aunque se espera que el juicio sobre el Surrbac se realice este año, pueden presentarse varios obstáculos para que se concrete. Casilleros vacíos que quedarán en los Tribunales federales orales, nuevos planteamientos que realicen los defensores de alta gama que están pagando los sindicalistas, o novedades procesales podrían demorar la audiencia.
Es algo que sería muy conveniente para los gremialistas, porque el 11 de octubre vence el mandato de la actual comisión directiva y los Saillén quieren volver a ser candidatos.
Sorpresivamente Saillén fue autorizado por la Justicia a volver a desempeñarse como secretario general, y por la Municipalidad para volver a su trabajo como chofer de camión.
Pero no tiene tan simples las cosas en su gremio, donde le apareció un rival, el actual tesorero Juan Delgado, quien se propone ganar seguidores con su denuncia de que los Saillén ya son, más que gremialistas, empresarios del negocio de la recolección.
El estatuto del gremio no les impide presentarse como candidatos a las elecciones pese a estar procesados. Distinto sería si antes se hiciera el juicio y hubiera condenas. Hoy el sindicato sigue intervenido contablemente, lo mismo que la mutual y la obra social.
Tampoco están del todo bien las cosas entre los Saillén y los Catrambone, pese a los siete meses compartidos por los dos máximos dirigentes en la cárcel de Bouwer, hasta abril de 2020.
La fuerte sociedad que supieron tejer en las últimas décadas hoy aparece resquebrajada. Sobre todo porque Catrambone está más complicado judicialmente, involucrado en tres fuertes causas judiciales: una por el sindicato, otra por negocios realizados con sus empresas familiares vinculadas a Crese y la tercera por violencia de género contra una mujer que en mayo de 2020 lo denunció por golpearla y encerrarla en su casa del country Tejas del Sur II, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.
