Con la firma de los senadores oficialistas sanjuaninos Cristina López y Rubén Uñac y del tucumano Pablo Yedlin, ingresó a la Cámara Alta un proyecto de ley que crea un único Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al Transporte Público de Pasajeros.
La iniciativa de esos tres legisladores del Frente de Todos es muy similar a la que hace dos semanas presentaron los opositores Alejandra Vigo (Córdoba Federal), Alfredo Cornejo (UCR) y Beatriz Ávila (Juntos por el Cambio) que, bajo el concepto de “boleto federal” impulsan idénticos criterios de distribución equitativa de los recursos que la Nación aporta al transporte de pasajeros.
En la actualidad, más del 80 por ciento de los recursos se asignan al Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que todo el resto de las provincias sólo recibe el 15 por ciento de los fondos.
La mayor parte de las provincias aportan recursos propios al subsidio del sistema de transporte y también lo hacen los municipios más grandes, pero esos fondos no impiden que el boleto urbano que pagan los usuarios del interior del país sea entre tres y cuatro veces más caro que el de los porteños: la fundamentación de ambos proyectos de ley también es similar.
La gran diferencia entre uno y otro proyectos es que el presentado el martes a última hora por el Frente de Todos cuenta con el aval de 16 gobernadores peronistas, incluido el bonaerense Axel Kicillof.
Antes de que ese proyecto ingresara al Senado, los 16 gobernadores del PJ firmaron un documento pidiendo la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, que además contenía un fuerte reclamo a la Nación por la situación del transporte público del interior del país.
Movida desde el interior
En ese documento, los 16 mandatarios peronistas -el único ausente fue Juan Schiaretti- expresaron “profunda preocupación por el transporte público de pasajeros que afecta a la totalidad de los trabajadores” y pidieron un debate público en el Congreso Nacional sobre un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias “que tengan como principio la igualdad y equidad en todo el territorio de la República Argentina”.
El sanjuanino Sergio Uñac fue el más activo en impulsar ese reclamo desde el seno del PJ, con un discurso casi idéntico al que Schiaretti -desde la oposición al kirchnerismo- reitera desde febrero pasado. “Hay cifras que duelen: hoy el Amba recibe aproximadamente $ 26 mil millones mensuales y, en su conjunto, todas las Provincias reciben en promedio 3.500 millones de pesos mensuales”, escribió Uñac.
El proyecto presentado el martes en el Congreso Nacional por el oficialismo tiene 15 artículos. Crea un único Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al Transporte Público de Pasajeros -hoy hay una partida para Amba y otra para todo el interior- y declara esencial el servicio de transporte.
El proyecto oficialista fija en 360.000 millones de pesos para este año el monto total a distribuir en todo el país, y fija criterios de distribución idénticos a los que establece el proyecto presentado por Vigo y Cornejo hace dos semanas: cantidad de colectivos afectados al servicio, kilómetros recorridos y cantidad de empleados, con un máximo de tres por colectivo.
El proyecto del oficialismo también establece que en el plazo de un año todo el país debe utilizar la tarjeta Sube y que el gasoil subsidiado debe otorgarse a todas las empresas del país por igual. Además, crea el Consejo Federal del Transporte, integrado por representantes del Ministerio de Transporte de la Nación, las Autoridades de Aplicación en materia de transporte de cada una de las provincias y Caba.
La propuesta oficialista, que tiene enormes chances de ser aprobada por los votos propios del Frente de Todos y por el apoyo de opositores, indica que el nuevo esquema de distribución debería entrar en vigencia a partir del primero de julio de 2022.
Demás está decir que si los recursos se repartieran de modo equitativo, el efecto inmediato sería de más recursos para el interior y menos recursos para Caba y el Gran Buenos Aires, que son los que hoy tienen un boleto mínimo de 18 pesos, mientras que las grandes ciudades del interior de Buenos Aires y del resto del país pagan tarifas que oscilan mayormente entre los 50 y los 80 pesos.
Llaryora levanta el tono
El intendente de Córdoba, Martín Llaryora, encabeza junto a sus pares de Rosario y Santa Fe el reclamo por más subsidios nacionales para el transporte del interior del país. El lunes pasado, las tres ciudades aumentaron a 69,50 pesos el precios del boleto urbano y además potenciaron las críticas a la Nación.
En medios de Buenos Aires, Llaryora pidió una sesión especial urgente en el Congreso para el tratamiento del tema, reiteró que “para la Nación hay argentinos de primera en el Amba y argentinos de segunda en las provincias”, y aseguró que el transporte de pasajeros del interior del país “está quebrado y en riesgo de desaparecer”.
