Algunas entidades empresariales de Córdoba esperan para la semana próxima una convocatoria del Gobierno con el fin de evaluar el impacto de la actualización tributaria dispuesta por la Provincia.
El encuentro, de producirse, ocurriría a pocos días del vencimiento fijado para la cuota única o primera cuota si se opta por un plan de pagos y no tiene tono de reclamo, pero sí de conocer los pormenores de la estrategia impositiva.
La aspiración de máxima es sostener algún contacto con el gobernador Martín Llaryora, aunque el anfitrión de esa reunión en ciernes sería el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta.
En la dirigencia empresarial, según pudo conocer La Voz, existen opiniones que toman distancia del “ruido” producido en estos días con reclamos de contribuyentes en medios de comunicación.
No se trata, afirman, de un embanderamiento con el Panal, sino de tratar de llevar la discusión a un terreno de objetividad que despeje los casos de aumentos extremos para un análisis puntual y se centre, más bien, en el fondo de la política tributaria.
“Somos plenamente conscientes de que la cuestión ha generado mal humor en muchos empresarios y comerciantes, pero no podemos ir a dialogar poniendo sobre la mesa solo los aumentos más disparatados”, afirmó una fuente de primer nivel.
Como acción preparatoria para ese prometido encuentro, algunos dirigentes consultaron a expertos en temas tributarios. Una consulta central es si un incremento de 300% o 500% puede resultar “confiscatorio”, palabra difícil de digerir en términos políticos.
Los contadores se inclinan por la negativa, dado que un tributo que implique el uno por ciento del valor de la propiedad no puede ser considerado de esa manera.
Sin embargo, especialistas en el tema consultados por dirigentes le critican al Gobierno la “inexplicable”, desde el punto de vista técnico, dispersión de aumentos. “Unos pagarán una suba del 150 por ciento, otros del 180, otros del 500 y algunos nos mencionan casos de mil por ciento. ¿Cómo es la cuestión?”, aducen.
Técnicos con experiencia en tributación le señalaron a entidades empresarias que siempre debe haber un promedio general de aumento, uno solo, no varios. “¿Cuál sería ese promedio ahora?”, preguntó otro referente sectorial.
En la dirigencia, el tema cala hondo. Por un lado no pueden desconocer la inquietud entre sus asociados, pero por otro se resisten a embarcarse en situaciones particulares y, menos aún, en el juego político emergente.
“El caso de las playas de estacionamiento, es muy puntual. Diría que es un solo caso que debe ser canalizado por Catastro y Rentas”, explicó un interlocutor del gobierno. La directora de Servicios de Rentas, Lucrecia López Diez, atiende personalmente ese tipo de planteos.
La funcionaria recuerda ante los medios que muchos de los cedulones han sido recalculados este año sobre la base de nuevos metros cuadrados cubiertos que no estaban contemplados en las boletas del año pasado.
Entre las propias entidades empresariales existen, a la vez, intereses diversos donde la política fiscal juega. Hay quienes piden mayor firmeza, por ejemplo, frente al peso del impuesto a los Ingresos Brutos que incide en la actividad comercial, del 4,75%.
“Cualquier poda llevaría años”, transmitió ante esas quejas un experto que puso como ejemplo el caso de Brasil que da sus primeros pasos y recién podría mostrar algún resultado dentro de dos o tres años.
Ese tributo también divide, por ejemplo, al Grupo de los Seis. La industria y el campo no lo pagan directamente, sí les inciden en la compra de insumos por el efecto cascada. La construcción ruega que el Estado tenga fondos para continuar con la obra pública. En los exportadores, los temas prioritarios son otros.
Mientras tanto, en la Gobernación se inclinan por quitarle peso a las objeciones. “Las quejas son del uno por ciento sobre 1,8 millones de cedulones”, grafican. “El aumento tiene un tope del 174 por ciento”, para la enorme mayoría de contribuyentes. Es el índice de variación salarial de octubre de 2023 a octubre de 2024.
De acuerdo con esa postura, los reclamos se originan en 18 mil contribuyentes. “No pagaban nada con relación a la propiedad que tienen”, dicen en el Panal. Y ejemplifican que, de hecho, el pago de la cuota única o primera cuota “viene muy bien”.
“Si en los medios dicen que los aumentos son del 500 o 1.000 por ciento y en tu cedulón ves que es 150, te termina pareciendo poco y pagás”, completó la fuente.
