Fue protagonista del año pasado y lo será en 2025: el plan de desregulación de Federico Sturzenegger, bautizado por el propio economista como “deep motosierra”, seguirá ocupando buena parte de la agenda del gobierno de Javier Milei.
“El decreto delegado 1.109/24 (¡gracias, Ley Bases!) firmado hoy por el presidente Milei termina con uno de los trámites más absurdos que sufrió nuestra carga automotor: el RUTA”. “Hoy, el presidente Milei puso fin a otro de los tantos curros disfrazados de fomento de la economía social: la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo”. “Desde hoy, quienes tengan vehículos grandes o pequeños (con seguro y revisión vehicular aprobada), los invitamos a convertirse en proveedores de transporte de pasajeros”.
Los posteos en la ex-Twitter del “Coloso”, como aseguran que el Presidente lo llama cuando se refiere al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, son casi diarios desde que este asumió en julio, y apuntan a distintas acciones de “poda” en el Estado.
“Es un caso atípico lo de Sturzenegger. De un lado, es un ministro con clara imagen negativa asociada a su pasado; sin embargo, en la actualidad es una de las figuras que más ejecuta el plan de Milei de ser el topo dentro del Estado o el ‘plan motosierra’, y de ahí su importancia. Y es el propio Presidente quien lo legitima”, le dice a La Voz Mario Riorda, especialista en comunicación política.
En una mirada amplia, el politólogo entiende que el extitular del Central en tiempos de Mauricio Macri es un excelente ejecutor del contrato electoral de Milei, pero advierte que, si se mira más en detalle, surgen dudas respecto de los reales beneficios de las supuestas transformaciones. “Creo que muy poca gente termina dimensionando lo que realmente se está haciendo. Me refiero a que hay una relativa opacidad, así como discrecionalidad. Es obvio que hay cosas sumamente mejorables que ameritan cambios, reformas, actualizaciones o disoluciones, pero también es evidente que una persona está teniendo atribuciones de transformación del Estado que jamás nadie ha tenido, sin equilibrios, deliberaciones más amplias, contrapropuestas o controles”, amplía Riorda.
El analista dice que “cada desregulación no es neutra”, que “cada despido no es inocuo” y que “en la demonización del Estado y la adoración del mercado, se está proponiendo un gran paquete de ideas en una oferta al por mayor donde nadie sabe bien qué hay adentro”. Riorda, en el análisis pormenorizado, habla de “serias dudas y desconocimiento de los beneficios públicos de cada transformación”, y reconoce que, “por ahora, el escrutinio público del votante oficialista se ha posado en el costo fiscal, mientras que el escrutinio opositor, más en el costo social”.
¿Cambios estructurales o marketing?
Como abanderado de la “motosierra”, todo indica que la tarea de Sturzenegger en materia de desregulación seguirá presente en 2025. Mientras los anuncios sean marquetineramente rentables, la “poda” no va a parar.
En 2024, se avanzó en desregulaciones puntuales en el transporte terrestre y aéreo, en las contrataciones en el Estado, en los aeropuertos, en el sistema de salud, en los registros de automotores y en las universidades, entre otras áreas. Fueron más que todo acciones aisladas, no grandes cambios estructurales. “Mucho de lo que se hizo puede ser defendible, así como otros temas tienen que ver con lobbies y regulaciones a favor de privados con intereses concretos”, dice Riorda.
Dos interrogantes se plantean en materia de desregulaciones. Por un lado, si se avanzará en planes estructurales. Por otro, si en los recortes se modificarán leyes o disposiciones que impliquen “tocar” intereses de grupos corporativos, posiciones de mercado, beneficios históricos de gremios o de particulares poderosos.
Uno de los grandes desafíos será el sector textil, donde la desregulación comenzó a partir de una apertura mayor de las importaciones y algunas normas muy puntuales. Una forma de balancear más competencia en algunos sectores con el ingreso masivo de importados podría ser con la baja de impuestos. ¿El Gobierno, con el brazo ejecutor de Sturzenegger, lo llevará a cabo? La declamación está. En los hechos, por ahora, no.
Privatizaciones
En 2024, hubo cambios puntuales en pos de la desregulación del transporte aéreo. Se entiende que se trata de pasos previos a la privatización de Aerolíneas Argentinas. El mismo camino se espera en otros sectores donde el Estado tiene fuerte presencia. El Correo Argentino es otro candidato para ser privatizado. Algunas señales se dieron en ese sentido, y se espera que en 2025 haya avances.
En materia impositiva, Milei anunció la eliminación del 90% de los impuestos, pero Sturzenegger aclaró que la intención, en rigor, es simplificar la estructura tributaria, no reducir la carga impositiva en ese porcentaje.
Sin mayores precisiones, todo indicaría que Sturzenegger buscará participar en la revisión de esquemas tributarios, excepciones impositivas y regímenes especiales que generan privilegios o distorsionan el funcionamiento de la economía.
La “deep motosierra” es ambiciosa y seguirá generando debate. Mientras los defensores de la “libertad económica” ven una oportunidad para el crecimiento y la modernización del país, los críticos advierten sobre los riesgos de un ajuste desordenado, direccionado, en manos de unos pocos y sin contrapesos.
Venta de propiedades del Estado en Córdoba
La “motosierra” de Milei, que implica ahorros en la columna de los gastos, se complementa con mayores ingresos. Si no pueden llegar por impuestos (porque la idea es no aumentarlos), una alternativa son las privatizaciones; otra, la venta de bienes del Estado.
En este último escenario, a finales del año pasado el gobierno de Javier Milei anunció la decisión de vender un total de 400 propiedades en todo el país. Se espera que el plan se lleve adelante este año.
En el listado están incluidos cuatro inmuebles muy interesantes (económicamente hablando) en la provincia de Córdoba. Uno es un valioso terreno ubicado en pleno Centro de la capital cordobesa (2.796 metros cuadrados en Humberto Primero y Tucumán) y los otros tres, en la ciudad de Malagueño.
Estos últimos, situados a la vera de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz, tienen una extensión conjunta de 585.094 m2, según la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la encargada de llevar adelante el proceso de venta.
