El gobierno de Javier Milei autorizó la emisión de instrumentos de deuda pública por hasta $ 2 billones para hacer frente a compromisos que se realicen en 2023 pero con vencimiento en el curso del año próximo, además de incrementar en $ 1 billón el monto autorizado en la ley de Presupuesto para operaciones con un plazo mínimo de amortización de 90 días.
La medida se dispuso a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 56/2023, publicado en el Boletín Oficial, en el que también se incrementa en $ 4.000 millones el monto autorizado para la colocación de bonos de consolidación décima serie.
La emisión de deuda por hasta $ 2 billones se fundamentó en que “durante diciembre se procederán a realizar emisiones” con vencimientos “en el siguiente Ejercicio Fiscal”, según indica la norma en sus considerandos.
En ese sentido, señala que “resulta necesario autorizar al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a realizar dichas operaciones”.
La medida es la primera relacionada con la colocación de instrumentos de deuda pública formalizada en la presidencia de Milei y sorprende en el marco de los anuncios de “déficit cero” que hizo Luis Caputo, a partir del “no hay plata” del propio Milei.
Río Tercero
Con la medida de Milei se verán beneficiados unos 10.000 riotercerenses, quienes cobrarán en el corto plazo las indemnizaciones reclamadas desde hace casi tres décadas y pendientes de pago por las explosiones en la Fábrica Militar Río Tercero de noviembre de 1995.
La publicación genera sorpresa porque, en este caso, la medida ni siquiera era conocida por los eventuales beneficiarios.
Entre esos compromisos figura en el decreto el reconocido por la ley 27.139, sancionada en 2015, a través de la cual se acordó el pago de indemnizaciones a los riotercerenses que iniciaron demandas contra el Estado por daños por el atentado que sufrió Fábrica Militar y que aceptaran renunciar a cambio a la vía judicial.
