Mientras el gobierno de Javier Milei aguarda la aprobación en el Senado de la “ley bases” y las reformas fiscales recientemente aprobadas por la Cámara de Diputados, enfrenta un escenario complicado frente a la oposición sindical. Esta semana, la dirigencia sindical demostrará su disconformidad con las políticas del gobierno en dos jornadas de protesta que prometen paralizar sectores clave de la economía.
La primera de las medidas de fuerza, organizada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), tomará lugar este lunes con asambleas que interrumpirán el transporte en casi todas sus formas durante tres horas. Esta acción sindical será seguida de un paro general de 24 horas el jueves, convocado por la CGT, marcando la segunda huelga nacional en los casi cinco meses de gobierno libertario.
Desde el gobierno, figuras clave como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el portavoz, Manuel Adorni, han criticado duramente las acciones del sindicalismo. Bullrich en particular ha implementado un protocolo antipiquetes, afirmando que el gobierno garantizará la libre circulación y evitará bloqueos en rutas y puentes, en un esfuerzo por mantener el orden y favorecer la recuperación económica.
Adorni, por su parte, ha señalado la incongruencia del sindicalismo, aludiendo a su pasividad durante gobiernos anteriores y cuestionando su actual activismo como una estrategia política. Este punto fue eco de las declaraciones de Bullrich, quien remarcó que los paros son contraproducentes y que el sindicalismo parece solo responder favorablemente a gobiernos que satisfacen sus demandas.
La protesta de este lunes verá sectores como el aéreo y fluvial paralizados temporalmente, mientras que el jueves se anticipa un impacto más amplio debido al paro general. Las demandas sindicales incluyen la oposición a la subida del impuesto a las ganancias y al ajuste en el gasto público, así como rechazo a la reforma laboral y las cesantías en la plantilla de empleados estatales.
Las autoridades gubernamentales han reiterado que existen canales de diálogo con los sindicatos, aunque subrayan que no buscan desactivar las protestas. La posición oficial sugiere que estas acciones sindicales no representan verdaderamente a los trabajadores, sino intereses políticos vinculados al kirchnerismo.
En respuesta, líderes sindicales como Rodolfo Aguiar de ATE han negado cualquier responsabilidad en perjuicios que pudieran surgir para los ciudadanos durante las protestas, argumentando que las acciones son una defensa ante políticas gubernamentales que consideran perjudiciales para el bienestar de los trabajadores.
Este complejo panorama destaca las fricciones entre un gobierno que busca implementar una agenda de reformas económicas y laborales profundas y un movimiento sindical activo que se muestra decidido a resistir cambios que perciben como amenazas a los derechos y beneficios laborales. Con la “ley bases” y las reformas fiscales pendientes de aprobación en el Senado, y con un clima de creciente disconformidad laboral, Argentina se enfrenta a días de incertidumbre y desafíos en su panorama político y social.
Que sucederá con los vuelos
El gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará este lunes una jornada de lucha, en rechazo al media sanción de la “ley de bases”, que podría afectar a 24 aeropuertos de todo el país y por la que podrían suspenderse varios vuelos.
Según dijeron desde ATE, la posibilidad de que se apruebe ley en el Senado “pone en riesgo el normal funcionamiento de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac)”.
Así, entre las 8 y las 11 de la mañana del lunes, desde el gremio anticiparon que solamente garantizará la prestación de servicios mínimos y esenciales como por ejemplo los vuelos de Estado, sanitarios, emergencias, amenazas de bomba y vuelos en desarrollo.
