En la rosca política provincial de estos últimos días, la definición de quién será el próximo defensor del Pueblo de Córdoba que sucederá a Mario Decara ocupó largas especulaciones y la amenaza de una nueva pelea entre el oficialismo provincial y Juntos por el Cambio. Desde el Centro Cívico, aseguraron que el gobernador Martín Llaryora no corre con el “apuro” de la UCR y estaría dispuesto a que el cargo quedara acéfalo.
El miércoles próximo vence el plazo fatal para que en Córdoba se nombre al reemplazante del radical Decara en la Defensoría del Pueblo, un lugar que ocupa desde hace tres períodos consecutivos y que fue concebido en su momento en un acuerdo del delasotismo para que un hombre de este partido opositor estuviese al frente de este organismo.
Este plazo de fin de gestión (son cargos por cinco años, con opción de renovación) fue lo que puso a los dirigentes radicales en una situación expectante, porque no quieren perder ese lugar.
Aunque la normativa nada indica que deba tratarse de un referente de la oposición, eso es parte de los usos y costumbres de los últimos 15 años. Pero desde el Centro Cívico esta vez confiaron que este entendimiento no será posible con la oposición, sobre todo en una Legislatura tan reñida.
La definición del defensor del Pueblo requiere en el recinto de la aprobación de los dos tercios, es decir, del voto de 47 legisladores, pero ni Hacemos Unidos por Córdoba ni Juntos por el Cambio cuentan con ese número. Y tampoco hay acuerdos políticos previos para que se den definiciones. A esto se suma que en unos días la Legislatura entrará en receso invernal y que la próxima sesión será a fines de julio.
“Sería una declaración de guerra, una nueva provocación, que no se respete para la oposición la Defensoría del Pueblo”, confiaron desde el bloque de la UCR. La mayoría de esta bancada está detrás de la postulación de Julio Ochoa, tribuno en la Municipalidad de Córdoba y exvocal en el Tribunal de Cuentas provincial. Trabajan por su nombre el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer; las legisladores radicales Brenda Austin y Alejandra Ferrero, entre otros, y tiene el apoyo de Rodrigo de Loredo.
Otro sector también comenzó a mover las fichas para que fuera el presidente del Comité Provincia de la UCR, el exdiputado nacional Marcos Carasso. Ninguno de estos nombres termina por convencer al llaryorismo.
Por lo que legisladores del oficialismo y fuentes de Centro Cívico coincidieron en que es poco posible que en las últimas horas haya definiciones. Lo primero que explicaron es que el gobernador no tiene urgencia en definir quién será el defensor del Pueblo en Córdoba y menos aún si no está dado un acuerdo político. “Pensar que hoy puedan estar estos 47 votos, cuando quieren obstruir, romper en la Legislatura desde la oposición, es imposible”, expresó un legislador del PJ.
“Y la verdad es que hemos estado concentrados en tener el triunfo en Río Cuarto y no fue prioridad el defensor del Pueblo”, contó otro legislador próximo a Llaryora.
La jugada por el adjunto
Descartada la primera cuestión (que se dé la votación esta semana entrante en la Legislatura), la segunda posibilidad que podría concretarse es la definición de un defensor adjunto. Para esto, el gobernador tiene más de una carta para jugar. Hugo Pozzi, el adjunto de Decara, renunció la semana pasada –la información fue ratificada desde el bloque de la UCR y desde el oficialismo–, por lo que defensor saliente podría nombrar a su segundo antes de dejar su cargo.
Y así se abriría esta segunda posibilidad, en la que hay varios nombres en danza. “En esto, casi seguro que el gobernador no va a pedir que sea un dirigente del PJ, no va a romper con esto. Pero, por otro lado, para qué nombrar ahora si puede quedar acéfalo y funcionar con el personal jerárquico y esperar cuando sea momento para una negociación”, contó un hombre del Centro Cívico.
“Martín no hará nada, no hay posibilidad de acuerdos con la oposición”, confiaron desde el gabinete. “Aunque nunca se sabe, quedan unos días”, advirtió otra fuente al reconocer que, en caso de una movida, sería por el nombramiento del ombudsman adjunto y de no del titular.
Para esto, hay oficialistas convencidos de que es hora de romper con los usos y costumbres y nombrar a un dirigente del PJ. Un sector vería con buenos ojos que ese lugar fuera para el exlegislador Francisco Fortuna.
¿Jure o De la Reta?
Sin embargo, en las últimas horas se barajaron los nombres del radical Juan Jure, exlegislador y exintendente de Río Cuarto, a quien el PJ le reconoció que no hubiera jugado a fondo en su ciudad en las elecciones municipales en las que se impuso De Rivas.
En esa lista también apareció el nombre de Agustín de la Reta, sobre todo después de que el PRO se abstuvo en la última sesión y no acompañó el voto de Juntos por el Cambio en contra de la Cuenta de Inversión 2023, de Juan Schiaretti. Con menos chances, figura Juan Manuel Llamosas, intendente saliente de Río Cuarto. Desde el Centro Cívico confiaron que está próximo a sumarse a un rol en el Ejecutivo provincial con injerencia en el interior provincial.
Los anteriores
Nelson Filippi fue quien ocupó la Defensoría del Pueblo desde 1994 hasta 2005, cargo que luego quedó en manos de la adjunta de ese momento, Jessica Valentini (2006-2008), que, por falta de acuerdos parlamentarios en un nuevo nombramiento, ejerció la titularidad del organismo hasta la asunción de Decara.
En ese momento, hubo legisladores radicales que hicieron presentaciones en la Justicia, por lo que el PJ no está interesado en este momento en revivir ese capítulo.
En medio de esta pelea aún silenciosa, Gregorio Hernández Maqueda (Mejor Futuro), legislador de Juntos por el Cambio, sumó un proyecto de modificación en el que se busca evitar que el defensor del Pueblo tenga alguna afiliación política. La propuesta tomó estado parlamentario y tiene como coautores a algunos opositores, aunque desde el oficialismo ya adelantaron que no habrá interés para que el tema avance.
