En medio de un fuerte hermetismo, crece en el Gobierno de Alberto Fernández un minucioso debate interno acerca de cómo avanzar sobre la Corte Suprema: a falta de votos en el Congreso para llevar a los ministros al juicio político, evalúan la posibilidad de impulsar la ampliación del máximo tribunal de Justicia.
Este es uno de los temas más urticantes en la agenda que Fernández tiene sobre su escritorio en Casa Rosada. Más allá de estar convencido el Presidente de que la Corte Suprema “no funciona” como debería, la presión política del sector que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner es cada vez mayor.
Fernández podría hacer el anuncio el 1 de marzo, en la Asamblea Legislativa, estiman fuentes oficiales consultadas por este medio. En principio, el Gobierno debe cubrir la vacante que dejó la jueza Elena Highton, quien renunció el 1 de diciembre pasado, lo que puso al máximo tribunal en situación de estar integrado por cuatro hombres: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El Presidente instará a la oposición en la Asamblea Legislativa a un “debate franco y maduro” sobre la situación del Poder Judicial. En primer lugar, insistirá con la reforma de la Justicia Federal, cuyo proyecto de ley fue enviado al Congreso en julio de 2020. El Frente de Todos avanzó con la media sanción en el Senado (donde tenía mayoría), pero nunca logró darle continuidad en Diputados porque no reunió los votos necesarios.
Asimismo, los esfuerzos del Gobierno apuntan a avanzar con otro tema que también es urgente: los cambios del Consejo de la Magistratura, para adecuar su conformación a lo que dispuso la Corte Suprema en el reciente fallo que revirtió la reforma ideada por Cristina Kirchner cuando era senadora en 2006.
El funcionamiento de la Corte preocupa Fernández. El mandatario cree que el tribunal ya está en una situación de virtual parálisis, porque tiene cuatro miembros y para poder emitir un fallo necesita tres votos. “Y estamos en un escenario en el que es difícil conseguir tres votos coincidentes en decisión y en consideraciones”, dijo el jefe de Estado en una entrevista con C5N antes de volar a su gira por Rusia, China y Barbados.
Acuerdos internos para avanzar
Fernández y Sergio Massa entienden que el santafesino Germán Martínez oxigenará el poder de negociación del oficialismo en Diputados por el perfil dialoguista y de consenso del legislador, muy lejos de la impronta de Máximo Kirchner.
Pero para que Martínez tenga campo de juego disponible, Fernández tendrá antes una charla con la vicepresidenta.
Hay quienes aseguran, en Casa Rosada y en el Instituto Patria, que la relación de Fernández y Cristina estaba en el mejor momento del último año cuando Máximo Kirchner renunció. Y también indican que producto de ese diálogo vienen hablando de cómo avanzar ante lo que es un Congreso desfavorable, después de que el oficialismo perdió la mayoría de la que gozó Cristina en el Senado en la primera mitad del mandato.
En ese orden, no se descarta que Fernández y la vice sigan con el juego de “policía bueno y policía malo”, pero con cierto nivel de acuerdo para no paralizar la gestión. Y la agenda judicial es la que más preocupa a la vicepresidenta, quien tiene numerosas causas por presunta corrupción en su contra y sobre las cuales ella ha denunciado “atrocidades procesales”.
Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y quien dialoga seguido con el Presidente y la vice dio una señal esta semana. Tras la marcha del 1F a los Tribunales, en la que el pedido fue la renuncia de los jueces de la Corte, dijo que al menos su espacio conocido como Justicia Legítima no pretende la dimisión, sino solo la ampliación del máximo tribunal.
“La marcha fue solo una sacudida”, dijo Caamaño, quien no marchó el 1F pero apoyó la manifestación. Y, en declaraciones radiales, agregó que la Corte no puede estar conformada solo por cuatro personas, todos hombres, por lo que debe ampliarse. Y en ese sentido quiere avanzar Fernández: agregando una mirada feminista, sumando entre tres y cinco ministras, y dividiendo en salas.
Hay un enorme debate sobre si es constitucionalmente posible dividir a la Corte Suprema en distintas salas que se especialicen por temáticas. En el Gobierno creen que esto no afectaría la unidad del tribunal, dado que el mismo podría actuar en pleno cuando así lo considere la reglamentación o para declarar inconstitucionales normas, actos o hechos. Y sin embargo le daría dinamismo. Hoy, por ejemplo, ninguno de los cuatro ministros es penalista.
