Tras aprobar proyectos sobre jubilaciones, la oposición logró también la declaración de la emergencia en discapacidad ante el ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei, que generó dificultades para el acceso a las pensiones, ningún aumento para los prestadores desde diciembre pasado y el desfinanciamiento de programas nacionales.
El mismo obtuvo 150 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones y se aprobó con un cambio significativo. La emergencia será hasta el 31 de diciembre de 2026 puediendo prorrogarse un año más. Originalmente el proyecto estaba previsto hasta el 2027 inclusive.
El proyecto fue impulsado por Unión por la Patria, en cabeza del exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, y tenía apoyo de Encuentro Federal, los radicales de Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. El PRO y la UCR tenían propuestas propias con menor costo fiscal, y debatían internamente su postura.
“Este tema está fuera de la grieta y busca acompañar y atender una crisis profunda que viven las familias y personas con discapacidad”, destacó Arroyo.
La iniciativa declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Busca asegurar el financiamiento de las pensiones no contributivas; fortalecer los prestadores a través de una compensación de emergencia y actualizar mensualmente el nomenclador de aranceles; y garantizar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
También se actualiza la asignación estímulo, esto es, la prestación otorgada a las personas con discapacidad que se desempeñan en talleres protegidos; se permiten nuevos ingresos a ese régimen de empleo; y se dispone la protección de la salud para los beneficiarios de las pensiones. Además, se establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas por invalidez a pensiones por discapacidad.
Según ejemplificó Arroyo, “una persona que hoy trabaja en un taller protegido cuatro horas cobra $28.000 por mes, y ese monto no se actualiza desde febrero de 2023. Un transportista cobra $541 el litro de nafta, que sale $1.300, por lo que en vez de transportar a la persona con discapacidad los cinco días que corresponden al tratamiento, con suerte las lleva dos. Y un acompañante terapéutico cobra 180 días (cuando cobra) $3.000 la hora”.
El legislador massista también advirtió que “los hogares están a punto de cerrar” ya que “todos tienen deuda con Arca (ex Afip), que los aguanta hasta el 30 de junio”. Para Arroyo, “el sistema está totalmente desfasado” y además el Gobierno “está haciendo mal las auditorías” y “mandó 300.000 cartas documento”, descolocando la vida de las familias, que deben hacer “metros de colas” para acceder al beneficio.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que las nuevas altas en pensiones tendrán un costo de entre 0,22% y 0,42% del PBI; la compensación de emergencia a prestadores, de 0,03% del PBI; y la asignación para talleres de producción, de 0,0008% del PBI. A esto hay que sumar la actualización del nomenclador, el refuerzo presupuestario de la Andis y el aumento de beneficiarios en la cobertura de salud, ítems que la OPC no pudo estimar.
Otro eje del proyecto es evitar el “maltrato”. Arroyo recordó que una resolución oficial denominaba a una persona con discapacidad como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, y recordó cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, mostró la radiografía de un perro que habría presentado una persona para acceder a la prestación, algo que fue desmentido por la anterior dirección de la ANDIS.
