De repente, la volatilidad económica entró en pausa y todo se trasladó a la arena política. Tanto la oposición como el oficialismo parece que lo hacen a propósito a ver cuál luce como más desconectado de las necesidades reales de la gente. No hay hasta el momento un solo debate de ideas. Hasta la dolarización que propuso Javier Milei –sin siquiera juzgar si sirve, si se puede o alcanza– quedó clausurada en este concurso para ver quién se mira mejor el pupo.
¿Qué proponen de parecido o de diferente Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta? ¿En qué se diferencian de Gerardo Morales, de Juan Schiaretti, de Facundo Manes? ¿Cómo podría el ciudadano interesado elegir la mejor propuesta, si nadie aún esbozó en detalle qué piensan hacer? ¿Qué tienen para proponer Sergio Massa, Daniel Scioli o “Wado” de Pedro para esta coyuntura?
Hasta ahora, lo que se ha visto fueron grandes enunciados: insertarnos al mundo, promover las exportaciones locales, generar trabajo, desarrollar las competencias propias, fortalecer el federalismo, buscar el equilibrio fiscal. Chocolate por la noticia: son tan pero tan vagos esos principios que tanto el centro como la izquierda o la derecha podrían escribirlos en su plataforma de gobierno. Es más, podríamos aventurar que todos quienes nos han gobernado desde 1983 hasta acá podrían haber suscripto un acuerdo programático con esos tópicos.
La diferencia está en cómo, en cuándo, en qué primero, en qué después. Ese es el debate ausente que pocos reclaman.
Lo que está en juego en esta elección es la reconstrucción de un capital político capaz de gestionar el país y encarar lo que haga falta para salir de la crisis. Poco importa el nombre o los nombres, sino cómo hacerlo.
Hasta el momento, la “gestión” del Estado ha sido cooptada por actores con intereses específicos, a quienes no les interesa el conjunto: organizaciones sociales, gremios, empresarios prebendarios y un largo etcétera. Muchos han sido eficaces para lograr su cometido sectorial y el Estado los ha protegido y hasta promovido. Pero los resultados del conjunto están a la vista. La región avanzó a todo vapor, y países vecinos que hace dos décadas estaban al fondo de la tabla hoy nos superan en control de inflación, en crecimiento y en ingreso per capita de sus habitantes.
Además de estar cooptada, la gestión de la cosa pública adolece de dos problemas adicionales. Uno es que realmente hay poco interés en poner los pies en el barro y, en cambio, se dedica una enorme cantidad de tiempo a la rosca política.
El 13 de noviembre de 2021, en las legislativas generales, Juntos por el Cambio obtuvo el 41,89% de los votos y el Frente de Todos, el 33%. Desde entonces, todos los ejecutivos y legislativos del país estuvieron abocados a postular los cargos que se disputarán en agosto próximo. Van así 20 meses dedicados sólo a rosquear, matizados cada tanto con la inauguración de alguna obra menor.
En este 2023, ya tuvieron lugar 10 elecciones provinciales y faltan otras 10 diferenciadas de las nacionales: serán apenas cuatro provincias las que votarán el 13 de agosto, en conjunto con la Nación. Todos los gobernadores leyeron que era mejor despegarse del contexto nacional y anticiparon comicios. Y se llegó al absurdo, en algún caso, de haber resuelto los sucesores nueve meses antes de entregar el poder.
¿Qué margen de acción tiene quien ya sabe que se tiene que ir? Peor: ¿usará todo ese tiempo para agravar la herencia, si así lo quiere? ¿Qué avances de fondo en la gestión de cada uno se podrá esgrimir en este 2023, si el foco estuvo en otro lado?
Un sistema atrapado en sí mismo
La Argentina dedica entonces el tiempo y los recursos que no tiene a organizar elecciones cada dos años, que siguen eludiendo el qué hacer. El sistema permite y hasta ampara que así sea.
Se defiende la autonomía local de cada jurisdicción, y en pos de eso se han torturado las legislaciones propias para permitir lo que a luz vista no se podía. Se argumenta que, si se vota para los tres niveles el mismo día, el electorado se puede confundir, pero nadie tiene empacho en emular el nombre del competidor, los colores y hasta las boletas con el solo fin de confundir al votante. Si, al final, lo único que importa es la rosca.
La tercera falta grave que contribuye a explicar por qué estamos como estamos está en la carencia absoluta de idoneidad de muchos de quienes gestionan.
Los funcionarios llegan a sus puestos sin trayectoria ni competencias específicas para ese cargo. Tampoco arman equipos con base en esos saberes, sino que todo gira en función de la afinidad política con tal, la banca de cual o los votos colectados en alguna ocasión. Y los ingresos a la planta de estatales –que se siguen sucediendo, por más que se haya prometido lo contrario– no son precedidos siquiera por un mínimo concurso de antecedentes. Así, no hay manera de que los servicios públicos sean profesionales, lo mínimo que deben ofrecer los estados en el siglo 21.
En síntesis: si quien se postula para gestionar no está obligado a decir qué va a hacer y cómo; si cuando le toca gestionar invierte dos tercios del tiempo en armar una estrategia que lo atornille al poder y lo clausure a la oposición, y si lo poco que dedica a la gestión lo hace mal sin que nadie se escandalice por la falta de resultados, ¿de qué nos asustamos? ¿Cómo esto podría salir bien?
Están los vivos que disfrazan el sistema rosquero con alguna que otra épica, como el Estado presente, el que te cuida los derechos, la soberanía energética, la mesa de los argentinos, la patria es de todos: todas frases hechas para ocultar que, en el fondo, no se ha hecho nada.
La falta de consensos al interior de las coaliciones es la nota anecdótica de toda una cadena de fatalidades que contribuyen a que los resultados sean, simplemente, un desastre. Pero el sistema está armado para que así suceda.
Y, en el fondo, si todos quienes están rosqueando siguen sin explicitar qué van a hacer, nada de lo que pueda surgir de ahí puede salir bien.
