Según explica Sergio Lorenzatti, secretario de Administración Pública y Capital Humano de la Municipalidad de Córdoba, nunca hubo abuso en la presión fiscal sobre Mercado Libre.
Y aunque la empresa anunció que se iba (por el costo de las tasas), el funcionario advierte que aún no cerraron sus oficinas. Y que el diálogo sigue abierto.
–Luego del anuncio de la salida de Mercado Libre de Córdoba por el cobro de tasas, ¿qué opinión le mereció esa postura?
–Las tasas municipales son aprobadas por el Concejo Deliberante mediante ordenanza, que incluye un proceso de doble lectura para que los contribuyentes puedan expresarse. En este caso, no hubo objeciones y la ordenanza fue aprobada. La Secretaría de Ingresos Públicos se encarga de su aplicación. En el caso de las entidades financieras, como Banco Nación o Mercado Libre, esta última también realiza actividades logísticas, de software y comercio. Por eso se calcula una alícuota promedio del 2%, aplicada sobre lo declarado por la empresa. No es un tributo abusivo, sino establecido por ordenanza y vinculado a la facturación.
–El monto es alto porque facturan mucho.
–Exactamente. Si un emprendedor factura 35.000 millones, paga 700 millones, pero sus ingresos son proporcionales. El gobierno de Daniel Passerini fomenta la inversión y promueve acuerdos de reciprocidad que generen empleo y producción.
–¿Mercado Libre ya cerró sus oficinas?
–No, siguen funcionando. El área pertinente mantiene canales de diálogo.
–¿Hay un matiz político? El intendente de Rosario sostiene que Marcos Galperin actuaba más como vocero político del Gobierno nacional que como empresario.
–Podría haber algún matiz, aunque no puedo afirmarlo. Es llamativo que ocurra algo similar con el Banco Nación, que representa a la Nación Argentina. Los municipios son la primera barrera de contención en una crisis social y tienen a su cargo servicios esenciales como alumbrado, barrido y limpieza. Además, el sector financiero es uno de los más rentables.
–¿En qué situación está el conflicto con el Banco Nación?
–Hay una audiencia de conciliación postergada. Siempre se busca el diálogo para acercar posiciones respetando la ley y las ordenanzas, y vinculándolo a inversiones concretas que generen producción y empleo. El presupuesto 2026 podría tener mayor participación en el debate de estos temas. Cabe destacar que se han eliminado más de 100 tasas y se redujeron alícuotas para industrias y desarrollos inmobiliarios, con el fin de dinamizar la economía.
–El año pasado hubo un fuerte aumento de la presión fiscal en Córdoba. ¿Es posible reducirla como pide el Gobierno nacional?
–En el caso de los impuestos patrimoniales, la actualización se hace por Ripte, vinculada al salario formal. Con alta inflación, puede parecer alta si se mira un período corto, pero no necesariamente lo es en el conjunto de la serie. Con la inflación en baja, se evaluará si hay formas más equitativas de aplicación. El gasto público incorpora inflación pasada, mientras que los ingresos reflejan el presente, lo que puede generar desbalances temporales.
–¿Es injusto el reclamo del ministro de Economía, de bajar las tasas?
–No es justo. La disputa por los recursos entre Nación, provincias y municipios es histórica. No puede resolverse de un año a otro en plena crisis, sobre todo cuando los municipios tienen a cargo servicios esenciales. En Córdoba, por ejemplo, hay 100 centros de atención primaria, 38 escuelas primarias, 38 jardines, 7 hospitales, y la demanda aumentó un 30-35% por la migración desde el sistema privado. También se duplicó la cantidad de personas en situación de calle. El modelo cordobés, impulsado por el gobernador y el intendente, prioriza una economía humana que garantice dignidad y apueste a la inclusión a través del trabajo y la producción.
Suoem y contratación de personal
–Recientemente se cerró un acuerdo con el Suoem. Parte implica la contratación de becarios y el pase a planta de algunos empleados. ¿Cuántos serán?
–Los becarios no pasarán a planta permanente. Esta se obtiene mediante un acto administrativo que otorga estabilidad hasta la jubilación o cese por exoneración o fallecimiento. Los contratados tienen vínculo por un año con beneficios y aportes. Los monotributistas y becarios no tienen relación de dependencia, y suelen emplearse en salud o asistencia social en períodos de alta demanda. Se tomó como referencia a personas incorporadas en 2020, durante la pandemia, que siguen activas. Aproximadamente 400 cumplirían los requisitos para pasar a contratos formales.
–¿Qué requisitos deben cumplir?
–No tener antecedentes penales. Se implementó una resolución que exige este requisito incluso para monotributistas y becarios, debido a casos de incorporaciones sin verificación previa que derivaron en empleados con antecedentes graves.
–¿Cuántos empleados de planta permanente tiene la Municipalidad?
–Actualmente, unos 9.210. En las gestiones de Passerini y Llaryora no hubo aumentos de planta permanente. El objetivo es contener este número porque una masa salarial elevada genera tensiones presupuestarias.
–¿Y cuántos contratados hay?
–Aproximadamente 400, y con las incorporaciones podrían llegar a 800. Cuando Llaryora inició su gestión, había más de 11.000 empleados; hoy son casi 2.000 menos.
Deuda municipal
–La Municipalidad tiene una deuda en dólares de 150 millones heredada de la gestión radical. ¿Cómo está ese tema?
–La deuda fue tomada en 2016. Durante la gestión de Llaryora se reestructuró en buenos términos. Con Passerini, venció el total: 150 millones más intereses. Ya se pagaron cerca de 75 millones en tres cuotas. En septiembre se pagarán otros 22 o 23 millones. La dificultad actual es el acceso al crédito. En un contexto normal, sería más fácil refinanciar, pero hoy sólo se puede acudir al mercado local, con tasas muy altas (alrededor del 70%). Aunque se pesifica la deuda, el costo financiero es elevado. Además, hay tres factores que complican la situación: el retiro de aportes nacionales, como el subsidio al transporte, que son unos 6.000 millones de pesos mensuales; la caída de la recaudación por menor actividad económica; y el peso de la deuda en dólares. A esto se suma el aumento de la demanda social. Pese a ello, se mantiene el equilibrio fiscal, gracias al ordenamiento iniciado por Llaryora y continuado por Passerini.
