A quienes les molesta el lenguaje inclusivo debería preocuparles la designación femenina que tiene la institución que se ocupa de las decisiones judiciales. “La” Justicia parece no tener correlato semántico en el sentir femenino a la hora de la definición de causas en las que se deciden los conflictos sociales.
“Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales”, escribía María Elena Walsh para referirse a esa figura hierática que preside los palacios de Justicia con sus ojos tapados, una balanza romana en una de sus manos y una espada en la otra.
Pero las esculturas suelen no ser representación viva de lo que sucede en la realidad que simbolizan. La cabeza de los poderes judiciales en las distintas jurisdicciones provinciales, y en el ámbito federal, está en manos de varones. Más de un 70% de hombres está en los cargos directivos de la magistratura, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Las mujeres sí son amplia mayoría en número, algo así como dos tercios, en el total del plantel de los tribunales, pero en las capas inferiores de la pirámide.
Los tribunales supremos provinciales, las fiscalías generales, los procuradores, la Corte Suprema y otros organismos directivos de la Justicia en sus diferentes estamentos están colmados de varones.
Si se compara nuestra Corte Suprema de la Nación con el resto de los máximos tribunales de América latina, Argentina está en el último lugar, con un 0% de representación femenina. En el segundo escalón, hay otros países que tienen desde un 11% hasta un 73%. El promedio de la región es del 30%.
En la Argentina, a lo largo de 162 años de funcionamiento, el máximo tribunal argentino tuvo 111 ministros, de los cuales sólo tres fueron mujeres. Este siglo 21 comenzó con dos, pero ahora el tribunal parece haber regresado a la centuria anterior.
Lo mismo ha pasado, y pasa, con el cargo de procurador General de la Nación, ocupado en su totalidad por varones, salvo el período en el que se desempeñó Alejandra Gils Carbó.
La jueza Aída Tarditti critica la discrecionalidad del poder político a la hora de postular los cargos para esos lugares de jerarquía. Son los poderes ejecutivos –o sus titulares– quienes proponen quiénes accederán a ocupar los tribunales superiores o la cabeza de los ministerios públicos.
Se indica que las mujeres pueden tener su mérito o acceder a ternas, pero en la práctica la inmensa mayoría de las veces la elección del gobernador o del presidente se inclina por un juez masculino.
“Las decisiones están atravesadas por una mayoría patriarcal”, define Tarditti, a modo de síntesis.
La jurista cordobesa postula la necesidad de que se incorpore un mecanismo menos discrecional de parte del gobernante de turno, más atado a una ley que a los criterios de conveniencia del poder.
Al final de cuentas, la división de poderes pretende que el Judicial y el Legislativo no estén subordinados a quien los ha elegido, les da presupuesto y los determina en un sinnúmero de cuestiones de funcionamiento.
Si se trata de moldear una sociedad más justa y equitativa, no pueden quedar excluidos en la selección de magistrados los criterios de especialización, regionalismos y género. Olvidarse de más de la mitad de la población (femenina) atenta contra esa idea.
Mientras esa matriz siga reproduciéndose, la icónica imagen femenina de la estatua seguirá sin tener correlato en todos aquellos señores que deciden por ella.
