Mientras más de dos mil hectáreas de monte ardieron en las Sierras, el pánico se adueñó de vecinos de La Calera y decenas de cabañas se quemaron en Calamuchita, el gobierno de Martín Llaryora atravesó también sus primeras llamaradas. Fue una semana de altísimo riesgo para el peronismo cordobés y, claramente, la más complicada en los nueve meses de la actual gestión.
Los incendios políticos llegaron desde dos frentes fuera de control.
Primero, el episodio protagonizado el sábado de la semana pasada por quien fuera convencional constituyente de la ciudad, dos veces concejal, reiteradamente funcionario y puntero histórico del peronismo en la zona sur de la Capital, Guillermo Kraisman, detenido durante un bochornoso intento de hurto en un supermercado que, tras ser frustrado, derivó en violencia.
Después, la orden de detención que firmó el fiscal Enrique Gavier contra uno de los tres subjefes de la Policía de Córdoba nombrados por Llaryora, Alejandro Mercado, acusado de encubrir una supuesta asociación ilícita conformada, entre otros, por dos comisarios y un empleado judicial también detenidos.
No fue todo. El viernes se confirmó la elevación a juicio de la causa contra el exministro de Seguridad y exlegislador Alfonso Mosquera, acusado por los delitos de abuso sexual y violencia de género contra una expareja.
En la misma jornada, hubo un pedido del exjefe de Defensa Civil, Diego Concha, quien a días de haber sido condenado a prisión perpetua por abuso sexual y homicidio, pretendía salir de la cárcel para ir a combatir incendios. Solo faltó que pretenda lo mismo el exjefe de Bomberos, exsubjefe de Policía y exfuncionario Gustavo Folli, también detenido y acusado de liderar una banda que habilitó decenas de locales que no cumplían las normas, y de violencia de género. O que quemen colchones en el pabellón MD1 de Bouwer los exjefes del Servicio Penitenciario que están presos.
Reclamo opositor
La oposición no podría denominarse de tal modo si no hubiera intentado elevar el módico costo político que pagó la administración Llaryora por las detenciones de Kraisman y Mercado. En la Legislatura hubo un pedido de desplazamiento de toda la cúpula policial y también se exigió la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el funcionario que representa casi una obsesión para el juecismo y el radicalismo. Rechazo y archivo con lo justo por parte del oficialismo y otra sesión con más espíritu de stand up que de debate legislativo. Sólo se interrumpieron las chicanas durante el merecido homenaje al jurista y constitucionalista Antonio María Hernández.
El gobernador respondió con una foto junto al ministro en la zona de incendios y lo mandó a defenderse. Llaryora nunca echó a un funcionario mientras este era apuntado por la oposición y se caracteriza por la estabilidad de sus equipos. No lo hizo en el municipio durante el escándalo derivado del fallido show de Ulises Bueno, que marcó su momento más crítico en el Palacio 6 de Julio. Ahora sostiene en su cargo al ministro de Cooperativas, Martín Gill, pese a los reiterados pedidos de apartamiento que surgen de la oposición –y también del oficialismo– por estar próximo a un juicio por violencia de género.
Sostendrá a Quinteros porque la oposición pide su renuncia y también porque lo considera un buen funcionario. Lo dejó en claro el jueves, en una reunión de gabinete en medio de las llamas. Ayer Llaryora partió a Houston y Washington por una semana junto a empresarios, con una agenda organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Extraña coincidencia: en 2022 partió al mismo destino cuando atravesaba el momento más complejo en el municipio.
El Gobierno se aferra al argumento de la institucionalidad en el caso Mercado. Ante el inocultable cúmulo de casos delictivos vinculados a policías o funcionarios del área de seguridad, reiteran que los fiscales investigan libremente y que la Justicia actúa. En este caso, como en el de Folli, además destacan que las investigaciones –en las que participan policías– no se filtraron.
En el Panal también hacen una defensa cerrada de la Policía de Córdoba. Defienden su calidad, niegan un fenómeno de corrupción estructural y destacan que todas las encuestas señalan que los cordobeses confían mucho más en la Policía que en la política, la Justicia o los medios de comunicación. Llaryora adoptó esa misma postura.
Ruido en alza
No es tan decidida la defensa del Poder Judicial: hay ruido creciente en esa relación. En su defensa pública por el caso Mercado, Quinteros abrió un frente inesperado con el Ministerio Público Fiscal. No sólo porque reiteró que habían sido “los fiscales” quienes pidieron que Mercado sea subjefe de la Policía, sino porque dijo que tras asumir le había pedido al fiscal General que sean implacables las investigaciones a los integrantes de la fuerza, lo que ofendió a varios en la siempre convulsionada conducción de los fiscales, donde el internismo no conoce tregua.
No obstante, Llaryora considera que no ha llegado el momento de los cambios. Tiempista como pocos, el gobernador entiende que no es momento para nada que no suponga cautela extrema: eso es lo que manda en todos los frentes. Pretende limitarse a una gestión equilibrada que le facilite la reelección, y esa tarea cada vez es crecientemente compleja en medio de una recesión que se prolonga mucho más de lo que los más pesimistas esperaban.
En ese marco, la semana incluyó dos noticias de alto impacto que quedaron opacadas por la crisis en la cúpula de la Policía: la inversión de 385 millones de dólares –y 1.000 puestos de trabajo– que anunció Stellantis y el primer paso hacia el transporte metropolitano, que promete mejorar tanto la prestación en Capital como en el Gran Córdoba. Es probable que hayan sido los dos principales anuncios en nueve meses.
A diferencia de su par Maximiliano Pullaro, que está forzando la salida de cinco de los seis miembros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Llaryora seguirá postergando la cobertura de la vacante que existe en el Tribunal Superior de Córdoba. Sobran operadores en Tribunales, pero no hay ninguna decisión política y, sobre todo, no hay voluntad de abrir una negociación con la oposición al respecto.
Tiene tantas connotaciones institucionales lo que ocurrió con el exsubjefe de la Policía, que el hecho de que un director de Asuntos Comunitarios de la Municipalidad de Córdoba sea detenido tras agredir a los guardias de un súper Mariano Max luego de ser sorprendido in fraganti intentando hurtar bondiola, cerezas y atún, quedó relegado al largo listado de anécdotas desaforadas de Kraisman.
El intendente Daniel Passerini lo echó antes de que el hecho trascendiera públicamente. No hacen falta explicaciones para el despido. Pero en la peor semana de las nuevas gestiones del peronismo cordobés sí faltó que alguien explique por qué razón el puntero Kraisman había sido designado director, pese al largo historial de episodios polémicos y violentos que ya exhibía antes de intentar el hurto en el supermercado. Hay un modo de controlar el territorio de la Capital que espanta a los de afuera y también avergüenza a los de adentro. Pero que no cambia nunca.
