La cartera dirigida por Sergio Massa publicó hace unos días los resultados fiscales del mes de julio de 2022. Estos deben ser analizados en el marco de la gestión de transición de Silvina Batakis, quien asumió tras la abrupta renuncia de Martín Guzmán el día 3 de julio y renunció el 28 del mismo mes.
La primera lectura que surge de esos datos es que se reencauzaron los números fiscales hacia la meta acordada con el FMI.
El déficit primario registrado fue de 76 mil millones de pesos, un 23% por debajo de los 99 mil millones de julio de 2021. Esta mejora en la performance fiscal estuvo más que nada explicada por una suba en la recaudación, que aumentó un 83% interanual, mientras que los gastos crecieron al 62% interanual.
Si bien los números no son superavitarios, cabe destacar que el gasto crece por debajo de los ingresos por primera vez desde noviembre de 2021, y corre por debajo de la inflación (71% interanual) por primera vez desde agosto de 2021. En otras palabras, es el primer mes en el año en el que la dinámica dejó de ser cada vez más negativa.
¿Factores externos o medidas efectivas?
La pregunta que cobra relevancia dado el actual contexto es si esta mejora fue lograda por factores externos o se explica por las medidas implementadas por el Gobierno.
Para responder esta pregunta es útil analizar qué ocurrió durante julio, considerando las desagregaciones de ingresos y gastos que presenta el Ministerio de Economía en su publicación.
Al hacer foco en las partidas de ingresos que más aumentaron encontramos a los impuestos patrimoniales, tales como Bienes Personales (+323% interanual) o Ganancias (+133%), seguidos por impuestos a la actividad, como IVA (+86%), o derechos de importación (+81%).
La mejora en los impuestos patrimoniales viene explicada por el cobro del plan de facilidades de pago en ambos impuestos, y por el segundo anticipo de las sociedades que cierran balance en diciembre.
Más allá de esto, la mejora en la recaudación de impuestos a la actividad es un reflejo de la recuperación de la actividad, que venía de pisos de salida de la pandemia.
Por el lado de la estructura de gastos del gobierno, hay que prestar atención a la evolución de dos grandes ramas: los subsidios sociales y los subsidios energéticos, dado que el resto del gasto gubernamental o bien evoluciona de acuerdo a la inflación (jubilaciones o gasto en personal), o bien no tiene demasiado peso (obra pública).
Lo que se observa en estas partidas es que efectivamente hubo una desaceleración respecto a los valores mostrados durante el primer semestre, creciendo al 37% los subsidios sociales y al 78% los energéticos. Debe destacarse que durante el primer semestre crecían a un promedio del 130% y 100%, respectivamente.
En síntesis, los datos de julio, aún siendo deficitarios, mostraron una notable recuperación respecto a los muy preocupantes datos del primer semestre, en donde el acuerdo con el FMI estuvo incumplido desde el momento en que se firmó.
¿Un oasis de tranquilidad fiscal?
En segundo lugar, también vale preguntarse si estos datos forman parte del comienzo de una nueva etapa o si fueron un oasis de tranquilidad fiscal.
Volviendo a hacer foco en los ingresos, de acá hasta fin de año el gobierno perderá el envión en los impuestos patrimoniales, que muestran una elevada estacionalidad entre mayo y julio.
Por el lado de los impuestos sobre la actividad, tampoco se espera que sigan creciendo por encima de la inflación, dado que los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica, que sirve para predecir como evolucionará el PBI (Emae) empiezan a mostrar una ralentización en el ritmo de recuperación de la actividad, a medida que Argentina alcanza los niveles de prepandemia.
En lo que respecta a gastos en subsidios energéticos, aún no queda claro que la segmentación tarifaria anunciada sea verdaderamente efectiva en lograr un ahorro para el Estado. Por ahora, solo ha aportado confusión.
Respecto a los gastos en planes asistenciales, se anunció el próximo lanzamiento de un programa que convertirá planes sociales en planes de inserción al empleo. El programa no difiere en esencia del “Plan Empalme” lanzado durante el gobierno de Macri o de otro intento reciente realizado por la actual administración en 2021.
En ninguno de los casos logró un ahorro significativo de recursos para el Estado, ni una inserción apropiada al empleo de los beneficiarios, porque no contempla la modernización de las antiguas instituciones laborales que privan por completo a cualquier pequeña y mediana empresa de otorgar empleo registrado.
Aunque los resultados fiscales de julio significaron un freno no menor en el ritmo de deterioro de las cuentas públicas, la perspectiva hacia fin de año es de incumplimiento del acuerdo con el FMI.
La mejora de julio fue una realidad, pero aún luce fantasioso pensar en que haya comenzado un verdadero cambio de rumbo en el plano fiscal.
* Economista de Idesa.
