La pulseada por los impuestos en Córdoba tampoco dará respiro en medio de la campaña de cara a las elecciones de octubre. En la Legislatura, la oposición impulsa una decena de proyectos que van desde la quita de gravámenes y reducciones, hasta reformas tributarias y retroactivos a 2023.
El oficialismo acusa a sus adversarios de ignorar lo que implica administrar “con superávit fiscal”. En este escenario de disputa política, la pregunta es inevitable: ¿puede el Gobierno provincial bajar los impuestos sin descalzar sus cuentas?
A lo largo de este año, los legisladores ya se enfrentaron dos veces en el recinto y en comisión siempre en un escenario de desencuentros. La oposición insiste con el recorte de gastos del Estado provincial, con el cierre de las agencias y del Ersep. Los legisladores más duros apuntan a retirar Ingresos Brutos y el Impuesto a los Sellos. Lo que es leído por el oficialismo como un “desconocimiento” de lo que es la administración pública.
Para esta idea de bajar la presión impositiva, la oposición tiene varios proyectos a la espera del abrir el debate.
UCR: eliminar, retrotraer impuestos y recortar gasto
El bloque de legisladores de la UCR presentó un paquete de proyectos para reducir la presión impositiva. Las propuestas apuntan a retrotraer el Coeficiente de Equidad Inmobiliaria a 2023, o sea que los contribuyentes del Inmobiliario Urbano, por ejemplo, abonen el impuesto al valor de este año y que se les devuelva la diferencia abonada en 2025. Además de una baja de un 10% en Ingresos Brutos en productos agropecuarios; junto con un achique del gasto. Sobre esto insisten en la eliminación de las agencias y del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) -con un presupuesto de $ 9.000 millones-.
Junto con una baja generalizada de impuestos, eliminación del Impuesto a los Sellos y la derogación del decreto que permite al Estado provincial extraer fondos de cuentas bancarias sin autorización, al tiempo de dejar sin efecto la adhesión al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb), que es lo que permite las retenciones como adelanto del impuesto a los Ingresos Brutos.
Alejandra Ferrero, del interbloque de Juntos por el Cambio, aseguró que una baja impositiva no podría en peligro las arcas provinciales e insistió que los proyectos fundamentan cómo hacer recortes de gastos.
“Varios de los proyectos señalan que esto puede hacerse, y ver que se están gastando 16 millones de dólares para el parque de estacionamiento del Estadio Kempes; un millón y medio de dólares para el Casino de Carlos Paz. Llevan presupuestados 39.000 millones en publicidad; 1.178 millones de pesos en gastos reservados…”, explicó Ferrero.
“Llaryora prometió bajar las agencias y no lo hizo. Hoy tiene 10 agencias, 14 ministerios, 91 secretarías, 61 subsecretarías, es la enormidad del Estado con funciones duplicadas. Tienen caja, han duplicado la presión impositiva, pero tienen recaudación”, resumió.
Qué propone el Frente Cívico
El bloque del Frente Cívico asegura que es necesaria una reforma tributaria. Y para esto propone: reducción de Ingresos Brutos, eliminación del Impuesto a los Sellos; reducción de gastos con el cierre de las agencias, quita de la pauta oficial por dos años, y de partidas reservados; reglamentación de las Ayudas del Tesoro Provincial; y eliminación de designación de “monotributistas disfrazados”. Además de la cancelación del convenio con las Naciones Unidas (PNUD) por 35 mil millones de pesos.
“Estamos convencido que es posible e imperioso la reducción de impuestos. La adecuación y eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos tal cual se comprometió (Juan) Schiaretti en 2018, con el Pacto Fiscal con la Nación. La Provincia recibió una compensación por parte de la Nación, a pesar de que Córdoba nunca cumplió lo firmado. No creo que Schiaretti haya aceptado desfinanciar al Estado al firmar ese compromiso”, dijo Walter Nostrala, presidente de la bancada juecista.
También planteó que es posible la reducción de los impuestos si se acompaña con “la eliminación del Impuesto a los Sellos, y como contrapartida la eliminación urgente de todas las agencias”. “Hoy son ministerios truchos para evitar controles, eliminar la pauta oficial por años, los gastos reservados y realizar obra pública de manera transparente y sujeta a controles”, describió Nostrala.
Encuentro Vecinal propone una baja del 30%
El legislador Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal) propone reducir en un 30% el Inmobiliario Urbano, recortar un 5% los aportes provinciales a las agencias estatales (excepto la Agencia de Córdoba de Inversión y Financiamiento- ACIF), lo que generaría un ahorro de $ 5.341 millones. Además de “cancelar la obra de refacción del casino de Villa Carlos Paz, que representa otros $ 1.495 millones”, y revisar la obras, como el estacionamiento del Estadio Kempes, que “cuesta $ 15.184 millones, el equivalente a un descuento del 10% del tributo”.
“El Gobierno sabía que estaba aplicando un impuestazo. En el Presupuesto 2025 previó un aumento del 68,4% en la recaudación del Inmobiliario Urbano. Estimó pasar de recaudar $77.789 millones a $180.335 millones. Anunció un superávit de 49.000 millones de pesos. Eso no es señal de eficiencia, sino de que le cobró impuestos de más a los cordobeses. Es una presión impositiva que no estaba justificada en ningún gasto del presupuesto”, aseguró.
“Ese dinero debe volver a sus dueños, que son los cordobeses. ¿Cómo? A partir de este mes, establecer un reintegro automático a contribuyentes que ya pagaron la cuota 7/2025 o el segundo semestre sin trámite de reserva o protesta“, afirmó.
Qué dice Hernández Maqueda
La propuesta de Gregorio Hernández Maqueda es una brusca reforma tributaria con una fuerte eliminación de impuestos, acompañada de una reducción de gastos. En la reforma el legislador alineado con Javier Milei propone: eliminar los impuestos sobre Ingresos Brutos y a los Sellos, retrotraer el Coeficiente de Equidad Inmobiliario a 2023 y reintegrar a los contribuyentes las diferencias. También plantea límites a los aumentos del Inmobiliario Rural y Urbano, y exenciones para quienes tributen a nivel nacional el impuesto sobre los bienes personales en inmuebles y automotores.
“Esto tiene que venir acompañado de la reducción del gasto. Se debe dar la eliminación de las agencias, los ministerios superpuestos, el achicamiento de la orgánica del Ejecutivo, los fondos reservados, la propaganda, los ñoquis. La privatización de empresas públicas, Camino de la Sierra, Epec”, expresó.
Qué dice la propuesta del PRO
El PRO tiene un proyecto para sumar gravámenes al juego, y una baja en los aportes al Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para desequilibrios de la Caja de Jubilaciones. Ignacio Sala propone modificar el Código Tributario Provincial y la Impositiva Anual 2025. “Esto se puede hacer porque Milei está mandando la plata que se le debía a la Provincia, ya le mandó 60 mil millones de pesos. Hay así que grabar un poco más el juego y bajar otros gastos”, explicó.
Agustín Spaccesi, del monobloque La Libertad Avanza, también pidió la baja de impuestos, como la carga tributaria sobre plataformas, al igual que otros opositores de la minoría.
La respuesta oficialista
Leonardo Limia, legislador de Hacemos Unidos por Córdoba, calificó las propuestas opositoras como “irresponsables y demagógicas”, y advirtió que implicarían un costo fiscal de 1,7 billones de pesos en 2025.
“Ningún proyecto explica de dónde saldrán los fondos, las propuestas carecen de un plan para compensar la caída de ingresos”, aseguró y recordó que no contemplan los recortes de fondos por parte de Nación.
“Al presupuesto lo aprobaron los legisladores que ahora impulsan cambios. El contexto actual obliga a aumentar el gasto social: 30% más de personas en hospitales públicos, 20% más beneficiarios en Paicor, más Boleto Educativo, tras la quita de subsidios. La obra pública nacional está paralizada y se hace con fondos propios. Además, la situación social en municipios es compleja. Reducir ingresos sin un plan serio es inviable”, resumió.
Sobre la quita concreta de Ingresos Brutos, insistió que “irresponsable”. “Se estima que representaría un costo fiscal de unos 1,7 billones (cifras de 2025). Como para tomar dimensión: es similar al pago de jubilaciones y pensiones de la Caja. Otra comparación: el gasto en personal de la provincia presupuestado para 2025 es de $ 3,3 billones. Dejar de contar con esos recursos implicaría reducir en un 50% la masa salarial”, dijo.
“Además, el 20% de Ingresos Brutos y el Inmobiliario se coparticipan a los municipios. Eso implicaría unos $ 280.000 millones menos de recursos para los municipios, es quitarles el 22% de su coparticipación de mínima”, aseguró.
En cuanto a la suba del 122% en tributos, Limia la defendió: “Hubo una inflación del 220% en 2024 y veníamos de años de aumentos por debajo de la inflación. Es ridículo hablar de impuestazo: se actualiza un monto fijo en línea con el incremento de gastos, como salarios docentes, salud y seguridad”, dijo.
Insistió, además, que el 60% de los ingresos proviene de la coparticipación, y que esta cayó un 8% real en 2024, junto con la eliminación de transferencias no automáticas de Nación; y que el 40% son tributos propios.
