“Voté contra la inflación al 150% anual. Y no creo que Milei pueda privatizar la educación pública ni liberar el uso de armas, porque no tiene los votos en el Congreso”.
Eso podrían decir, en una charla de café o en posteos confesionales en sus redes sociales, cientos de votantes de Javier Milei.
Pero en el cuarto oscuro había dos boletas y lo único que se podía hacer era elegir una, ponerla en el sobre y meterla en la urna. No había que explicar por qué. No existe el voto fundamentado. En rigor, tampoco existe el voto en contra: se opta por alguien en forma positiva. No queda constancia de que eso sea un rechazo al otro competidor antes que un apoyo.
La interpretación es un acto de sommeliers: tratar de definir gusto a qué tuvo la elección.
¿El triunfo electoral valida in totum las propuestas del ganador? ¿Le otorga legitimidad de origen para avanzar en cada uno de los renglones de sus propuestas?
Durante esta larguísima carrera electoral, Milei y sus voceros dijeron que autorizarían la portación libre de armas; que cambiarían el modelo de educación pública por el de vouchers; que se cobrarían las prestaciones de salud pública; que eliminarían el Conicet; que reemplazarían el Incucai por un mercado de órganos; que volverían a penalizar el aborto y eliminarían la Educación Sexual Integral (ESI); que sería optativo el reconocimiento de la paternidad; que no debería penalizarse a quien contamine un río; que la solución a la preservación de la vida silvestre es otorgar derechos de propiedad, entre muchas otras ideas sobre la agenda social, que hacen crujir un consenso entre democrático y de sentido común colectivo.
Milei, además, opinó que no existe la desigualdad de género laboral, descartó el cambio climático, definió al papa Francisco como “representante del Maligno en la Tierra” y negó los 30 mil desaparecidos en la última dictadura militar.
¿Se votó a favor de esas ideas radicalizadas?
Podría inferirse, antes que por el resultado de la elección, que muchas de estas propuestas perdieron legitimidad cuando el propio Milei, en uno de sus últimos spots antes de la segunda vuelta, dijo de forma literal: “No vamos a privatizar la salud. No vamos a privatizar la educación. No vamos a reformar el Incucai. No vamos a privatizar el fútbol. No vamos a permitir la portación irrestricta de armas”. También desautorizó la propuesta de reconocimiento optativo de la paternidad de la electa diputada nacional Lilia Lemoine y el mercado de órganos de la posible futura canciller Diana Mondino.
Si el perdedor fue el candidato de la devaluación del peso, Milei le opuso la devaluación de su palabra.
Si esas ideas eran “piantavotos” y fueron descartadas por el propio candidato –por sí mismo o por exigencia de la alianza con Mauricio Macri y Patricia Bullrich–, también podría entenderse, por lo que en derecho se llama la “teoría de los actos propios”, que esas propuestas no consiguieron ser refrendadas en las urnas. La teoría de los actos propios es un principio general del derecho que prohíbe que una persona pueda ir contra su propio comportamiento mostrado con anterioridad. En este caso, si Milei moderó su discurso para obtener aceptación electoral, no podría pretender que se avalaron sus enunciados previos a esa rectificación.
En cualquier caso, la agenda de temas sociales que llevó adelante en campaña La Libertad Avanza tiene asegurada la resistencia de varios colectivos: las organizaciones feministas, científicos, universidades, ambientalistas, organizaciones de derechos humanos, personal de salud y de la educación, clubes deportivos y curas barriales, entre muchos otros grupos “ofendidos”.
Es probable que, antes de dar impulso a estos temas sociales resistidos, tenga que hacer pie en un gobierno que tendrá incendios económicos que atender. Se podría entender que primero que nada se lo votó para eso, luego de demasiados años de crisis económica, aunque nadie haya escrito los porqués en cada boleta.
