Juan Schiaretti gobierna la provincia más antikirchnerista del país y su partido pretende seguir gobernando Córdoba cuando concluya su sexta gestión consecutiva: oponerse al Gobierno nacional, y hacerlo de modo cada vez más contundente, es un imperativo político para Hacemos por Córdoba.
Con el ajuste fiscal que vaticina el todavía inestable acuerdo con el FMI, en el Centro Cívico entienden que la confrontación es también un imperativo de sobrevivencia económica.
La escena que el martes pasado se observó en la Legislatura, cuando el gobernador disparó 20 minutos de críticas y reclamos en continuado contra la gestión de Alberto y Cristina Fernández, se reiterará en todos los niveles y en todos los frentes. Parece una demostración de fortaleza, pero siempre hay que considerar que puede tratarse justamente de lo contrario.
Conservar la provincia es la prioridad absoluta del peronismo cordobés, que pese a manejar cada uno de los resortes del poder provincial y la mayoría de los municipios, incluyendo los más grandes, observa el 2023 con preocupación creciente.
Algunas atípicas señales de convivencia civilizada que empiezan a verse en la oposición son las que alimentan mayormente la inquietud del oficialismo provincial: por primera vez en muchos años, bajó la beligerancia entre los socios radicales, y el juecismo tiende puentes con todos los sectores, al tiempo que se impuso el virtual aislamiento de los legisladores de Juntos por el Cambio que colaboraron con el Gobierno en la controvertida aprobación del juego on line. Para un peronismo que operó durante mucho tiempo con garantía de división opositora, se trata de una escena de riesgo. El resultado excepcional que lograron en las legislativas Juez y Rodrigo de Loredo –quienes se consideran ya candidatos a gobernador e intendente de Córdoba, respectivamente– nunca pasa a segundo plano en el Panal.
Schiaretti pretende que Martín Llaryora lo suceda en el poder provincial –la sucesión en la Municipalidad de Córdoba es un verdadero desafío para el peronismo–, pero también pretende erigirse él mismo como un referente nacional. Tanto para disputar con Juntos por el Cambio en la provincia como para lograr la esquiva atención del resto de los gobernadores peronistas, Schiaretti necesita sobresalir como el primer antikirchnerista. Es lo que está intentando, y se nota: su postura es notoriamente más combativa que la de los tres gobernadores radicales de Juntos por el Cambio.
Pero no sólo de necesidades políticas se alimenta esa reacción que se observó en la Legislatura. El verdadero tembladeral económico que vive el país y la reducción del gasto que el ministro Martín Guzmán comprometió ante el FMI –los schiarettistas reiteran que el Gobierno está escondiendo la verdadera magnitud del ajuste– también lo pusieron a Schiaretti en una inmediata batalla preventiva: en lo que hace al reparto con las provincias, exige que el ajuste se aplique principalmente sobre los recursos extraordinarios que la Nación entrega al Área Metropolitana de Buenos Aires. Confía en volver a liderar los planteos provinciales en ese sentido, tal como lo hizo en 2018.
La experiencia cuenta
Cuando, al momento de tomar los 44.500 millones de dólares que ahora se intentan refinanciar con el FMI, Mauricio Macri comprometió una reducción del gasto público, Schiaretti fue quien impuso varias decisiones que Cambiemos llevó a cabo y que luego el Frente de Todos volvió atrás: la transferencia de Aysa, Edenor y Edesur a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires supuso entonces que la Nación dejara de aportar miles de millones de pesos a la electricidad, el agua y las cloacas del Amba. Esa es nuevamente la exigencia de Schiaretti. Claro que Macri lo escuchaba y Alberto Fernández lo considera un enemigo.
No obstante, las críticas de Schiaretti no pasan inadvertidas en la Nación. Lo que ocurrió en las últimas horas con los subsidios al transporte del interior del país es otra señal de que el pataleo cuenta para Córdoba.
El gobernador fue muy enfático respecto de la inequidad que supone el boleto de 18 pesos en Amba mientras en el resto del país se paga casi el triple. Tras el discurso, el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, y sus pares de Rosario y Santa Fe anunciaron una suba del boleto que facturaron a la Nación y en simultáneo el bloque de diputados schiarettistas anunció un proyecto para la creación de un boleto federal uniforme para todo el país, al que prestaron atención todos los intendentes a los que se les viene abajo el servicio urbano y varios gobernadores que cada vez deben destinar más recursos a los colectivos.
Sergio Massa, que tiene influencia directa en el Ministerio de Transporte de la Nación, fue el encargado de improvisar una respuesta que en el Gobierno de Córdoba no consideran oficial todavía, pero que celebran: la Nación planea sacarle 13 mil millones de pesos en subsidios a la ciudad de Buenos Aires –perjudicar a la administración de Horacio Rodríguez Larreta es un objetivo permanente del Frente de Todos– y repartirlos entre todas las provincias.
La cifra no cubre ni mínimamente el reclamo de equidad, pero representa algo más que el congelamiento de fondos que había dispuesto la Nación. Así es el tironeo que viene por los recursos nacionales, que serán menos y que demandarán verdaderas batallas políticas. Schiaretti ya está en la trinchera.
