Las horas del calendario político pasan cada vez más lentas en Argentina. El agravamiento de la situación económica, el estallido político del Frente de Todos y el deterioro del clima social son tan abruptos que los 17 meses que le quedan por delante al gobierno de Alberto y Cristina Fernández se parecen a una eternidad.
En Córdoba, en cambio, los relojes venían adelantando: parecía que la elección provincial ya estaba a la vuelta de la esquina.
Las gestiones del peronismo cordobés en el Gobierno provincial, en la ciudad de Córdoba y en la mayor parte de las grandes ciudades del interior hasta ahora eludieron sin inconvenientes la crisis económica –la inflación masacra a los privados, pero actualiza de modo permanente los ingresos públicos– y le dieron amplio margen político al propio Juan Schiaretti, que busca proyección nacional, y a todos los intendentes de las grandes ciudades, con Martín Llaryora a la cabeza.
Dirigentes imbatibles a nivel de imagen; obras en marcha de todos los rubros y en buena parte del mapa; administraciones que se encuentran de campaña permanente, y candidaturas retroalimentadas por la fuerza de las gestiones: Schiaretti lleva casi siete años en esa dinámica que fortalece a los oficialismos cuando las cosas salen bien.
Llaryora es su claro sucesor, y la campaña se volvió indisimulada en la Municipalidad capitalina, pero la gestión hace tres semanas le pasó factura al intendente de Córdoba. No sólo eso: desde el escándalo por el fallido show de Ulises Bueno, la discusión política local quedó anclada durante largos días en aspectos controversiales de la gestión del candidato a gobernador de Hacemos por Córdoba.
De vida o muerte
Fue así hasta que una actuación policial brutal y una muerte violenta en una comisaría de La Falda hace una semana reinstalaron en la agenda pública el momento más crítico de la gestión de Schiaretti.
El asesinato de Jonatan Romo reconectó de inmediato a los cordobeses con la conmoción generada por el crimen de Blas Correas. Se suponía que habían cambiado muchas cosas desde entonces, pero cuestiones fundamentales permanecían inalteradas, y son cosas de vida o muerte.
Fue tan traumático para el schiarettismo el asesinato de Blas Correas y toda la escena de encubrimiento posterior que quedó expuesta, que el oficialismo se quedó sin palabras en 2020. Las diferencias en la reacción oficial expuesta la semana pasada son ostensibles: inmediata actuación policial y judicial, altos jefes desplazados y seis policías primero apartados y luego detenidos.
Una jefa de Policía que no intentó morigerar las responsabilidades de sus subordinados y un Schiaretti exponiendo personalmente la gravedad institucional de ese episodio e intentando adelantarse a sus consecuencias políticas.
La brutal actuación policial no sólo expone abuso de poder e impericia en el manejo de situaciones tan complejas como la contención de un paciente psiquiátrico por parte de los agentes de la Policía. También exhibe de modo igualmente brutal otra situación que el sistema de salud prefiere ignorar desde hace años: el virtual abandono de una porción creciente de los pacientes psiquiátricos, que terminan en manos de policías por no contar con la asistencia médica que necesitan.
Ambas políticas son responsabilidad de la Provincia: ser oficialismo es bastante más complejo que inaugurar obras.
En las últimas semanas, Hacemos por Córdoba lo viene constatando muy seguido: el día en que fueron detenidos los policías de La Falda, en la plaza de barrio El Chingolo de la Capital provincial una nena sufrió una descarga eléctrica y terminó internada.
Versiones en ascenso
El nuevo crimen policial estalló en simultáneo con la escalada de versiones lanzadas desde el propio Centro Cívico sobre una posible alianza nacional de Schiaretti con el radical Facundo Manes. Los schiarettistas no ocultan el entusiasmo que esa posibilidad genera en el peronismo cordobés, y el neurólogo radical nunca negó esa versión; todo lo contrario.
Es el radicalismo cordobés el que no quiere aceptar que esa negociación existe, porque si esa sociedad llegara a concretarse, llevaría implícita una crisis mucho mayor a la que ya se exhibe entre algunos de los socios –hasta ahora minoritarios– de Juntos por el Cambio.
Claramente, los más afectados por un virtual acercamiento entre Schiaretti y Manes serían Luis Juez y Rodrigo de Loredo, los conductores de hecho de la oposición cordobesa. Ambos reiteran que las versiones son un invento cuyo objetivo es justamente lograr lo que se observa: alterar los ánimos entre los socios opositores que todavía no lograron acordar siquiera cómo harán para definir sus candidatos.
La señal que Juntos por el Cambio recibió desde el sudeste de la provincia fue un verdadero mazazo.
Marcos Juárez, símbolo nacional del surgimiento de Cambiemos, será en septiembre próximo el territorio de una contienda que los socios opositores consideraban ganada de antemano y que hoy vislumbran muy peligrosa.
En el medio, jugó Schiaretti: todos esperaban la clásica jugada peronista de dividir al adversario, pero el gobernador sorprendió absorbiendo a una de las partes: es lo que muchos empiezan a temer a nivel provincial.
