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Hay una atmósfera espesa en el peronismo cordobés. Una densidad de escarceo por encima de la media, e impropia en los últimos años de Hacemos por Córdoba. Pero acorde y hasta lógica en función de la inevitable reconfiguración de poder que se avecina.
El gobernador Juan Schiaretti ostenta el poderío que heredó tras la muerte de José Manuel de la Sota y que completó con el histórico triunfo electoral de 2019.
Su próximo paso, si logra plasmar en el tablero electoral nacional sus aspiraciones políticas, es dejar la zona de confort que construyó en esta provincia. Para esa aventura, Schiaretti necesita sí o sí retener por el mayor tiempo posible el timón del peronismo de Córdoba.
Ese ejercicio, sin embargo, conlleva complicaciones. Es que esa necesidad de seguir siendo el líder en Córdoba choca con las expectativas del intendente capitalino, Martín Llaryora, el seguro designado en la cadena de sucesión del oficialismo y cada vez más propenso a dar señales de desear mudarse al Centro Cívico.
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El equilibrio es delicado. Schiaretti necesita a un Llaryora fortificado para retener el poder provincial en 2023, pero, a su vez, él mismo debe mostrarse tonificado para apuntalar al sanfrancisqueño mientras, en paralelo, intenta el proyecto nacional.
El choque de intereses entre Schiaretti y Llaryora es evidente. Y lo que subyace es un serio problema de tiempos: los planes y las estrategias no están del todo coordinados, aunque la relación personal entre ambos es óptima. Cómo evolucionarán esas carreras, que en un punto son complementarias, aunque no lineales, representa un gran interrogante en el PJ y es mirado con atención por Juntos por el Cambio.
En ese marco, las tensiones en el oficialismo comenzaron a aflorar sin disimulo. En el Panal consideraron oportuno despedir del Ministerio de Gobierno a Federico García –un funcionario de estirpe llaryorista, con contacto con los intendentes– en el preciso momento en que la gestión capitalina atraviesa su primer conflicto político de peso: las sospechas ciudadanas traducidas en expedientes que se hicieron virales en las redes sociales mostraron contrataciones y montos indigeribles para el estómago medio de los cordobeses.
En el municipio, esas erogaciones se defienden con firmeza como parte de un plan necesario para posicionar a Córdoba y generar movimiento económico. Y se sostiene, a diferencia de las dudas que plantea la oposición política, que todo fue hecho en el marco de las ordenanzas vigentes.
En las cloacas de la política de pasillo, se asegura que en breve nuevos hedores llegarán a las narices de los cordobeses. Más gastos, más expedientes y más sospechas se preanuncian, como quien ofrece un “chori” a la salida de la cancha.
En la interna peronista, se escucha de todo. Ya parece no tener sentido saber quién fue el autor material de la difusión de la carta/expediente en la que Ulises Bueno señaló a una productora para la logística de su fallido show.
Se trata del documento que venía acompañado del archivo que terminó de desatar el escándalo: 43 millones de pesos para un recital que fue presentado como un regalo del artista a los vecinos de la Capital. “Fue un error haber dicho que el show era gratis”, reconocen desde el Palacio 6 de Julio.
Hay más diferencias de criterio entre el Panal y el municipio. Desde un influyente despacho provincial se asegura que, “tarde o temprano, alguna renuncia habrá” en el gabinete capitalino.
Llaryora, en cambio, hizo saber que no prevé cambios. “Este muchacho (por el intendente) tiene que comenzar a escuchar”, soltó otro schiarettista de peso.
La “re-re”, problema de todos
Como adelantó La Voz, Schiaretti le puso freno de mano al avance de la vuelta de la re-reelección de intendentes y de legisladores.
El lunes, al encabezar una reunión con los principales funcionarios y referentes políticos, Schiaretti bajó una línea que, para quienes lo escucharon, sonó inflexible. “Sólo tocaremos la ley si todos los legisladores radicales acompañan”, dijo sobre un tema urticante que involucra a casi 300 intendentes y jefes comunales.
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El gobernador esperó hasta el fin de semana pasado el resultado del trabajo de persuasión que realizaron sus principales espadas legislativas. El saldo fue insuficiente para sus expectativas: si bien 93 de 106 intendentes opositores enviaron cartas en apoyo a la “re-re” –hay apoyos incluso de intendentes que no tienen impedimento para postularse–, ninguno de los legisladores de la UCR modificó su postura en contra. El gobernador pretendía lo contrario, para compartir con la oposición el costo político del bypass institucional.
“Primero la gestión, después la política”, remarcó varias veces Schiaretti durante esa reducida reunión de comienzos de semana. Tras ese cónclave, el gobernador ordenó echar a García, el ahora exfuncionario llaryorista apuntado por no interpretar el pensamiento schiarettista y responsable de activar las juntas promotoras “Llaryora 2023″ en el interior provincial.
Esa decisión es todo un mensaje de autoridad.
