Las madres sólo confían en el fiscal (Raúl Garzón) y en el gobernador. Quieren hablar con él”, le transmitió el abogado Carlos Nayi al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, quien el viernes por la tarde fue hasta el estudio del letrado para reunirse con cuatro de las madres, de los cinco bebés que fallecieron en circunstancias extrañas en el hospital Materno Neonatal.
En la charla, los familiares se encargaron de remarcarle al funcionario schiarettista lo que el abogado le había anticipado: querían escuchar al mandatario provincial y no al ministro de Salud, Diego Cardozo.
En esa reunión en el centro de la ciudad, en las primeras horas de la tarde del viernes, fue lo que aceleró la decisión del gobernador Juan Schiaretti de recibir a los familiares.
Schiaretti comenzó a analizar esta decisión con sus colaboradores más cercanos, en la noche del jueves pasado, luego que “las madres del dolor” realizaron el primer reclamo público, con la denominada “marcha de las antorchas”, frente al Neonatal.
“Voy a recibir a las madres cuando haya una novedad concreta en la investigación judicial”, les habría dicho el gobernador a sus íntimos, casi en la madrugada del viernes.
Pocas horas después, al Centro Cívico llegó el dato que el fiscal Raúl Garzón estaba a punto de librar la primera orden de detención: la enfermera Brenda Agüero, que desde hacía unos días era seguida de cerca por una comisión policial –por orden judicial– ante el riesgo de que se profugara.
Que el Gobierno tuviera datos certeros sobre la causa judicial no sorprende en el ámbito político-judicial, ya que algunos integrantes de la cúpula de la Fiscalía General, de la cual dependen los fiscales de instrucción, tienen aceitados vínculos con el Centro Cívico.
Una hora y media después de la primera detención, los familiares de los bebés fallecidos representados por el abogado Nayi ingresaban al despacho principal del Panal.
A diferencia de lo que sucedió con otro caso de fuerte impacto social, como el de Blas Correas, asesinado por policías, esta vez, Schiaretti recibió rápidamente a los padres de los bebés fallecidos en el Neonatal.
A Soledad Laciar, el gobernador la recibió 18 meses después del crimen de su hijo Blas.
Impacto político
Lo sucedido en el Neonatal generó un fuerte impacto en el Gobierno provincial, que tendrá repercusiones políticas. En el oficialismo no descartan que el gobernador tome medidas en el área de Salud, aunque no serán inmediatas.
Schiaretti aguardará el avance de la investigación judicial. Habrá que ver hasta dónde llegarán las responsabilidades que determine el fiscal Garzón, que hasta ahora, además de la detención de la enfermera Agüero, imputó por el presunto delito de omisión de los deberes de funcionario público, a la exdirectora del Neonatal; la jefa del servicio de neonatología y la jefa del departamento de neonatología.
La ausencia del ministro Cardozo en la reunión del gobernador con los familiares, es un dato. Aunque “no determinante para su continuidad”, aclaró una fuente oficial. Las madres habían anticipado que no querían cruzarse con el responsable de Salud provincial.
No es inminente, pero el gobernador tomará decisiones en ese ministerio, una vez que baje la espuma del traumático episodio en el hospital Neonatal.
Otra área que está bajo observación del gobernador es el Ministerio de Seguridad, muy cuestionado por la oposición en la previa de un año electoral.
El ministro Alfonso Mosquera es apuntado desde hace meses por Juntos por el Cambio. Como es su costumbre, Schiaretti no tomará una decisión mientras persistan las críticas opositoras.
No obstante, en el PJ provincial se menciona con insistencia al ministro de Justicia, Julián López, como el posible reemplazante de Mosquera.
López es un funcionario valorado por el gobernador, que también tiene un rol político importante: encabeza la mesa de campaña que organiza las salidas al interior del intendente Martín Llaryora, el candidato del PJ provincial para suceder a Schiaretti el año que viene.
Problemas, en la campaña
La traumática situación de los bebés fallecidos en el hospital Provincial Neonatal y el inminente comienzo del juicio oral por el crimen del adolescente Blas Correas, que traerá a la memoria colectiva otros casos de abusos policiales, son dificultades que debe afrontar el oficialismo provincial, en los umbrales de la campaña electoral.
Aunque no está oficializado, el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, ya comenzó a mostrarse en el interior como el candidato a gobernador del PJ cordobés.
El gobernador hizo una gran apuesta, ya que sus principales funcionarios y legisladores están al frente de la mesa de campaña que organiza las giras de Llaryora en el interior provincial.
Schiaretti también inició su propia campaña, buscando una proyección nacional. El miércoles pasado, en Marcos Juárez, el gobernador reiteró que mantiene contactos con dirigentes radicales, peronista y del PRO para armar un “nuevo espacio nacional”.
En el Centro Cívico hay optimismo por lo que pueda suceder en las elecciones de Marcos Juárez, el próximo 11 de septiembre. En medio de las malas noticias de los últimos días, un eventual triunfo en esa ciudad –cuna de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio– sería una cuota de alivio para el PJ provincial.
