Delincuencia y agitación social. Esos dos ingredientes, en proporciones aún indefinidas aunque probablemente parecidas, conforman el cóctel de violencia, inseguridad y tensión que de a poco comienza a mermar en Córdoba y en otras provincias del país. Y eso devuelve cierta calma, tras una seguidilla de ataques a comercios que hizo recordar los desenlaces de crisis anteriores que todavía están latentes en el imaginario de los argentinos.
“Está regalado el supermercado de calle ... la comisaría queda a 10 cuadras. Nos encontramos a las 21″. “Nos juntamos en calle ..., traigan bolsas para cargar”. Mensajes como estos –que están en manos de las autoridades provinciales– circularon a granel en las últimas 96 horas en Córdoba.
Las líneas de investigación son variadas, pero todas concluyen en lo mismo: no se trata de hechos casuales. Alguien (o varios) alentó una exaltación social que se ha revelado por demás peligrosa y que en cualquier momento puede superar la barrera de los desbordes que vimos en las últimas horas.
La mezcla de marginalidad, pobreza y horizonte de no futuro para grandes porciones de la sociedad opera en un ecosistema degradado, en el que la clase política es responsable y que, por lo tanto, tiene un rol protagónico.
El cuadro se complejiza porque el paisaje se produce a días de un resultado electoral que trastrocó el sistema tradicional, y en el inicio de una campaña presidencial a la que todavía le quedan casi dos meses.
En ese contexto de degradación general e intereses que se entrecruzan, la Justicia de Córdoba halló un dato que se torna cada vez más inquietante, a medida que avanza la investigación sobre los hechos de vandalismo que se iniciaron en Río Cuarto y que tuvieron su réplica 24 horas después en la capital provincial.
En el Ministerio Público Fiscal, se encendió una luz roja en el tablero. Y rápidamente se disparó una pregunta para la que todavía no hay respuesta: ¿por qué casi la totalidad de los celulares identificados y desde donde partieron los mensajes de agitación a perpetrar saqueos en Córdoba tenían chips que fueron comprados en La Matanza, corazón del conurbano bonaerense? ¿Qué actores conectan ese territorio gobernado por el kirchnerismo con la situación que se vivió en Córdoba?
Los investigadores abonan diferentes hipótesis. En todas está latente la participación de la política, pero hay extremo cuidado en adelantar una conclusión. Todavía faltan elementos. Si algo caracteriza al momento, es la carencia de responsables con nombre y apellido o filiación política.
Máxima preocupación en el Panal
“Sabemos que alguien agitó los ataques por las redes sociales, pero por el momento no pudimos determinar quién es o quiénes son”, aportan desde un ministerio importante del Gobierno provincial.
Los servicios de inteligencia no cesaron de monitorear redes sociales y grupos de WhatsApp en los últimos días. Incluso hay intercambio de información entre Nación y Provincia.
El llamado del ministro Aníbal Fernández a su par local Julián López se dio en muy buenos términos. La conclusión es compartida: la actividad de agite fue intensa y persiste. Hay videos de personas que se filman invitando a saquear locales en localidades del interior provincial en las que todavía no se registraron incidentes.
“Hay mucha propagación en redes, pero falta determinar el punto cero de la acción: quién es el primer instigador”, reconoce una autoridad importante del Centro Cívico.
El gobernador Juan Schiaretti apuntó a bandas de adolescentes detrás de los hechos que se produjeron en Córdoba.
Tanto fuentes de la Justicia como algunos funcionarios del gabinete provincial suman al tablero de análisis el accionar de la delincuencia ordinaria, que no para de crecer al calor de la crisis económica.
La conclusión es que esos ladrones, la mayoría con antecedentes penales, aprovecharon el momento para camuflar su actividad en los márgenes que se generan cuando se activa la psicosis social.
“Hacen su negocio de delincuentes aprovechándose de la situación. Generan un clima en el que pueden pasar inadvertidos con mayores posibilidades”, describe otro funcionario que, sin desconocer la gravedad de la crisis social, asegura que la situación no se explica por la falta de alimentos, como sucedió en otros momentos.
“Hay necesidades, por supuesto, pero no hay falta de comida, como en otros tiempos. Las redes de contención están funcionando; lo estamos monitoreando”, aseguran desde lo más alto del poder provincial.
El tema seguirá ocupando la atención de todos en el gobierno cordobés. Nadie se anima a asegurar que lo peor ya pasó. Hay aún demasiados cabos sueltos.
