“A dónde vayan los iremos a buscar…”. La frase, en modo de cántico, empezó a sonar con más fuerza a medida que la movilización que había salido poco antes desde la plaza central de San Francisco se acercaba a un complejo de departamentos donde vive el represor condenado por delitos de lesa humanidad en la última dictadura, Jorge Balla.
La fila de manifestantes de la marcha convocada como cada año por la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de San Francisco, era encabezada por murgas que abrían el camino sobre la calle. Ya frente al sector donde reside el exmilitar, comenzaron a escucharse términos como “asesino” y “genocida”, acompañado de un pedido puntual: que la pena la cumpla en cárcel común.
Balla arribó a San Francisco a principios de mayo de 2021, para cumplir su condena perpetua, aunque en un departamento.
Recaló en San Francisco por decisión del Tribunal Oral Criminal Federal santafesino en un fallo firmado el 4 de abril de ese año, ante una serie de incidentes con sus vecinos en la ciudad de Santa Fe, donde vivía.
El beneficio de la prisión domiciliaria le llegó en 2017. Adujo previamente cuestiones de salud y así evitó ir a una cárcel común. La condena la cumplió primero en su casa de la capital santafesina.
Sin embargo, gozó de una prisión domiciliaria irregular que le valió para transgredir las reglas e incluso amenazar –según se denunció– a una pareja vecina.
Mentira y demanda
Su llegada a San Francisco no fue lo más llamativo, sino que otro capítulo en esta historia surgió cuando el dueño del inmueble donde reside el represor condenado denunció haberse enterado de su presencia en el lugar por los medios de comunicación y no por quien firmó el contrato de alquiler, su esposa.
Aparentemente, la mujer se hizo pasar como una persona divorciada y con una garantía correcta pudo alquilar, obviando que iba a convivir con el detenido por delitos de lesa humanidad.
Esta situación derivó en una intimación hacia ella para que deje el departamento y por ende rescindir el contrato, algo que no ocurrió. Ante la negativa, el locador inició una demanda de desalojo en los tribunales de esa ciudad, la cual todavía no fue resuelta.
Meses atrás, Tobías Gómez, abogado que representa al dueño de la vivienda, explicó que la presentación a la Justicia de la demanda fue acompañada por la acción del Concejo Deliberante de San Francisco que rechazó la presencia del exmilitar. También se sostiene que su figura “perturba” el orden del barrio y sel edificio que habita.
Desde la defensa del represor, en tanto, se amparan en el “bien de familia” como un derecho.
Repudio
En el documento leído este jueves, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia mostró su esperanza en que los culpables “cumplan sus condenas en una cárcel común, para que no se repitan casos como el de Jorge Balla, beneficiario con la prisión domiciliaria pero que se encuentra hoy en San Francisco por haber violado tal privilegio, y siendo favorecido por un Poder Judicial cómplice”.
El 27 de agosto de 2019, Balla fue condenado en el marco del juicio que llevó adelante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe constituido por Luciano Lauría, Mario Gambacorta y Otmar Paulucci.
Lo encontraron culpable como coautor del homicidio doblemente calificado en perjuicio de Osvaldo Pascual Ziccardi, Ileana Gómez, Carlos Frigerio y Jorge Luis Piotti, en lo que se conoció como “La masacre de Ituzaingó y Las Heras”.
