Se espera que antes del primer trimestre de 2024, Mauricio Saillén, el jefe del Surrbac, el sindicato de los recolectores, sea juzgado por los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y usura; una operatoria que le habría permitido volverse tan poderoso como millonario mediante el desvío de aportes de los trabajadores. Junto a él estarán su amigo y socio, Pascual Catrambone. y otras 17 personas, incluyendo los hijos de ambos.
La acusación madre sobre los “jefes indiscutidos” es la de haber “decidido formar una asociación destinada a cometer diversos delitos de tinte económico-financiero en perjuicio tanto de los afiliados como del propio Surrbac, de la mutual del Surrbac y de la obra social; con el objetivo de beneficiarse ellos y sus familiares o allegados directos”. De acuerdo con la acusación, el método para cometer ese cúmulo de delitos fue la administración fraudulenta del sindicato, la obra social y la mutual, la usura en perjuicio de los afiliados y haber desviados fondos sindicales a cuentas personales.
Estos delitos son considerados precedentes, la base material, al de lavado de dinero, que irá a juicio en una segunda instancia, siempre que Saillen y Catrambone sean hallados culpables por el TOF 1.
La causa de lavado orbita en torno a los dos jefes sindicales y a sus respectivos núcleos familiares, incluyendo a Franco Saillén, director de Cormecor, y a Juan Saillén, la cara operativa del Surrbac en las negociaciones con la Municipalidad.
El juicio
Al tribunal federal integrado por Carolina Prado, Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier llegará en octubre el pedido de elevación a juicio promovido por el fiscal Maximiliano Hairabedian, quien subroga a Enrique Senestrari (de licencia médica). En una estrategia convalidada por la Cámara Federal, Hairabedian desdobló la causa: impulsó el juicio de los delitos precedentes y decidió completar el expediente de lavado, que entró en su etapa final.
Ahora, el primer expediente llegara al Tribunal Oral Federal 1 y debería fijarse una fecha para el juicio, la cual, señalan fuentes que conocen del proceso federal, no debería prolongarse más allá del primer trimestre de 2024. En Tribunales, incluso, algunos funcionarios creen que el inicio podría ser antes de que finalice este año. Si ocurre, será histórico.
Junto a Saillén estarán en el banquillo su socio y amigo, Pascual Catrambone, hijos de ambos, exparejas, contadores y una parte de la estructura que sigue conduciendo el Surrbac. Los hechos por los que serán juzgados se habrían cometido entre el 26 de agosto de 2009 y mayo de 2018. Aunque lo político no será parte del juicio, el período roza a dos intendentes: Daniel Giacomino y Ramón Mestre.
El expediente que va a juicio está repleto de “perlas”. Ésta es una: el abogado Ricardo Moreno, quien fue alejado por Saillén cuando lo reemplazó por Darío Vezzaro, intervendrá en el juicio como defensor de Yamila Gisel Monjes, actual pareja de Emanuel “Bebelo” Reynoso y ex de Mauricio Saillén.
Por su relación con el sindicalista, la mujer está acusada de ser prestanombre. El jugador, vale aclararlo, no es parte de este proceso judicial, pero le recomendó a su pareja contratar los servicios de Moreno, su abogado. El desembarco de Moreno despertó suspicacias en el entorno de Saillén: como se sabe, el abogado y concejal electo es, además, el armador político de Sergio Fittipaldi, el líder del Soelsac y el otro protagonista de la batalla sindical que atraviesa la política por estos días.
El lavado
En paralelo, en la Justicia Federal toma impulso el último tramo de la investigación por lavado de activos contra la estructura Saillén–Catrambone; es decir el expediente que fue separado de los hechos precedentes. En estos días, los 19 imputados están siendo notificados de los nuevos hechos que se les imputarán. El listado de bienes ya detectados incluye inmuebles, vehículos de alta gama, motos y camiones.
Ahora, al completar la investigación, la Fiscalía Federal detectó nuevos inmuebles en Manantiales y Fincas del Sur y también cocheras en la ciudad de Córdoba y terrenos en Traslasierra, todo sospechado de integrar el patrimonio de Saillén–Catrambone, vía prestanombres. Los detalles se los darán a los imputados desde las próximas semanas, cuando comience otra ronda de indagatorias por estos nuevos hechos. En la Fiscalía hacen una valuación rápida de los bienes incorporados al listado ya existente en la causa: un millón de dólares.
Las cajas
Por decisión del exjuez federal Ricardo Busto Fierro, las “cajas” que, según la acusación, hicieron millonarios (y poderosos) a Saillén y Catrambone fueron intervenidas a raíz de la investigación por lavado de activo.
Así, quedaron bajo la administración de allegados y socios del influyente Ignacio Segura, presidente del Colegio de Abogados y funcionario del Consejo de la Magistratura: el tesorero del Colegio, Fernando Luque Mariño, quien también fue funcionario de Llaryora (y antes de Ramón Mestre) ocupa la intervención de la obra social, por ejemplo.
Segura, además, tiene línea directa con la obra social del Soelsac, gerenciada por Griff Salud, una empresa que tiene sede en Buenos Aires, en el mismo edificio y oficina donde funciona el estudio de Segura y su socio Esteban D’Epiro, sobre avenida Córdoba 1215.
Además, Segura es el apoderado de Griff en las negociaciones con sindicatos por el gerenciamiento de sus obras sociales . Y el estudio de Segura representa los intereses de la obra social de Fittipaldi. En otras palabras: a través de personas de su confianza o por él mismo, Segura tiene la intervención y el gerenciamiento, respectivamente, de las obras sociales del Surrbac y del Soelsac, los gremios en batalla.
A diferencia de la obra social de Saillén, la de Fittipaldi no está bajo la lupa judicial. Pero la suspensión por parte del Ministerio de Trabajo de dos asambleas extraordinarias ante los gravísimos hechos de violencia del club Yapeyú encendieron luces de alerta.
