Finalmente este lunes, el juez federal Sebastián Casanello decretó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero k” porque ya no quedan acusadores que sostengan que debe ser investigada en este caso, en el que Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión por lavado de activos.
“Sin acusación no hay proceso penal posible”, advirtió el juez, que fundó su decisión en el pedido de sobreseimiento de la vicepresidenta presentado por el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, al que adhirieron, el viernes pasado, los dos organismos estatales que intervienen como querellantes en este expediente: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Casanello explicó que él no podía “ir más allá” de lo pedido por quienes ejercen el rol de acusadores ni “suplir la misión punitiva del Estado” porque, tal como lo advirtió la Corte, hacer lo contrario atentaría contra la garantía constitucional del debido proceso. Con una cita al máximo tribunal, el juez recordó que esa garantía exige que quien acuse sea “un tercero diferente de quien ha de juzgar”.
Por qué Casanello dictó el sobreseimiento de Cristina en la ruta del dinero K
La única opción para no disponer el sobreseimiento hubiera sido que el juez decretara que el dictamen del fiscal no cumplía los requisitos de “razonabilidad y legalidad” y lo anulara -algo muy inusual-, pero Casanello dijo que esos requisitos “se hayan satisfechos toda vez que la fiscalía ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente”.
Casanello dispuso el sobreseimiento de Cristina Kirchner en un fallo, de tres páginas, en el que recordó que Marijuan, después de recibir un informe sobre los contactos entre Báez y la vicepresidenta, y “tras considerar agotadas las medidas de prueba”, dio un cierre a la investigación que había sido “abierta hace siete años” y que buscaba “dilucidar si la exmandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno”.
El juez relató que “frente a la solicitud del fiscal, fueron consultadas las dos querellas -UIF y AFIP-” y que “ambas agencias compartieron la solución postulada”.
“El juicio previo es una garantía de naturaleza constitucional (art. 18 de la CN). Entre otras cosas, ella supone que a una condena solo puede llegarse a través de un debido proceso que respete sus formas sustanciales, es decir, la existencia de acusación, defensa, prueba y sentencia. Sin acusación no hay proceso penal posible”, dijo Casanello, que destacó: “El juez encuentra limitada su jurisdicción a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes”.
El entorno de Cristina Fernández de Kirchner descontaba este resultado. Horas previas a la decisión del juez, el abogado de la vicepresidenta había dicho en declaraciones a la prensa: “El dictamen del fiscal Marijuan, sumado a la AFIP y la UIF, es vinculante. El sobreseimiento es obligatorio porque ya no hay parte acusadora”.
Durante la investigación el juez buscó conexiones en el exterior con cuentas a nombre de Cristina Fernández de Kirchner o de algún familiar, sin hallar ningún vínculo.
Entre las tantas acciones que se realizaron se recuerda la imagen de las máquinas excavadoras que buscaron supuestos baúles con billetes enterrados en campos de la Patagonia.
Al desistir el fiscal y los querellantes la causa quedó sin acusación y entonces, Casanello quedó obligado a cerrarla. A su vez, queda definitivamente archivada por no haber partes que puedan apelarla.
“Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales-, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición”, explicó el magistrado en su fallo.
Para justificar su posición Casanello señaló que “el juez encuentra limitada su jurisdicción a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes. No puede ir más allá de la pretensión requerida por la acusación ni suplir la misión punitiva del Estado”.
En esta misma causa en la que se investiga “lavado de dinero” el empresario, Lázaro Baez, fue condenado.
Entre sus argumentaciones, el juez señaló: “Si se considera que la descomunal masa de dinero que Lázaro Báez lavaba con la compleja maniobra de ´exportar´ millones de divisas reingresándolas al país como una inversión, así como la compra de innumerables muebles e inmuebles, proviene sólo de la evasión fiscal y no de la asignación irregular de la obra pública direccionada a su favor, se aleja el centro de la escena delictual del poder político de esta causa de lavado de dinero”.
Cabe recordar que Marijuan reconoció la existencia de 372 llamados entre Baez y Cristina Kirchner entre 2010 y 2013, pero consideró que no son suficiente prueba para continuar con la imputación.
Al mismo tiempo, Casanello rechazó un pedido de la asociación Civil “Bases Republicanas” que pretendía ser querellante en la causa para sostener la imputación.
El juez consideró la presentación fuera de tiempo y que la documentación presentada es incongruente, pues tiene una fecha anterior al dictamen de Marijuán, que es lo que motivó el pedido para ser tenida como querellante.
“La presentación presenta serias deficiencias en torno a la personería y la capacidad para actuar, que comprometen su admisibilidad”, resumió el juez.
Esta causa se inició en 2016 cuando Leandro Fariña declaró como arrepentido y dijo que durante una reunión que mantuvo con Baez éste le comentó que la Cristina Kirchner le consultó si estaba “sacando plata del país” porque así se lo había comentado la embajada de Estados Unidos.
Cristina Kirchner había pedido su absolución definitiva en la causa en la que estaba en una situación procesal de “falta de mérito”. La vicepresidente había sido indagada por orden de la Cámara Federal, dado que Casanello siempre entendió que no había elementos para inculparla de la maniobra que se investigaba.
El abogado Gregorio Dalbón –quien en estos momentos lleva adelante la querella en la causa de la muerte de Lucas González en la provincia de Buenos Aires- sostuvo en sus redes sociales: “Estoy con el tema de Lucas González. No me pregunten por el sobreseimiento de Cristina Fernández. Como siempre dije es inocente de todas las causas que le han armado”.
