Por los pasillos de Tribunales provinciales camina cada vez menos gente. La digitalización ha cambiado el flujo de las presencias físicas, aunque la litigiosidad siga en aumento.
Lo que no ha disminuido, sino más bien todo lo contrario, es la tensión interna que está poniendo en jaque algunas banderas de las que se enorgullece la Justicia de Córdoba.
Hay disputas planteadas en los más diferentes frentes, pero hay cuatro episodios que crispan los ánimos: los cruces entre fiscales por la asociación ilícita; las dudas sobre el comportamiento de los jurados populares del Neonatal; las sospechas sobre los concursos, y todo lo vinculado con los menores delincuentes.
La discusión entre el fiscal adjunto Alejandro Pérez Moreno con los fiscales de instrucción Enrique Gavier y Juan Pablo Klinger está lejos de quedar saldada y divide aguas en todo el mundo judicial.
Pero, más allá de eso, trajo a colación un problema originado en la propia Constitución Provincial: el Ministerio Público Fiscal, del cual dependen todos los fiscales, tiene una cabeza con un titular con mandato de cinco años, secundado por cuatro adjuntos con cargos de por vida.
No es casual que esos adjuntos tengan un alineamiento bien definido y que terminen acotando los márgenes de maniobra del fiscal General.
Al actual fiscal General, Juan Manuel Delgado, le queda poco más de medio año de mandato, y, más allá de que pueda o no exhibir pergaminos en su función, su continuidad suena hoy bastante improbable.
Sí se quedarán los adjuntos.
Banderas
El otro gran tema en Tribunales es el pedido concreto de anular el juicio por la muerte de bebés en el Neonatal formulado por la defensa de la condenada Brenda Agüero, que considera que no hubo imparcialidad en al menos una integrante del jurado.
Hasta quienes defienden a rajatabla el proceso empiezan a reconocer que no pudo haber sido jurada alguien que estaba embarazada, que era paciente del hospital al momento de los hechos y que cambió de nosocomio por el impacto que le produjo la noticia de las lesiones y fallecimientos de recién nacidos.
Algunas de las partes de este complejo y abierto proceso del Neonatal aseguran que hay jurados dispuestos a contar que fueron direccionados al momento de emitir su voto.
El juicio por jurados, en el que Córdoba fue pionera, venía sin objeciones en la Justicia provincial y era una de las banderas del Tribunal Superior, que ahora deberá dedicarle mucho tiempo a analizar todo lo realizado con esta compleja causa.
Otro de los estandartes del Tribunal Superior son las designaciones por concursos públicos en la Justicia provincial.
La causa abierta por la sospechosa manera en que se resolvió un proceso de selección para cubrir vacantes para defensores oficiales avanza de manera muy lenta, a partir de que en el expediente surgieron nombres de magistrados de diversa escala.
Uno solo
En Minoridad, el Estado en su conjunto está mostrando su incapacidad.
Un solo chico de 16 años se encarga de demostrar las falencias tanto en la Justicia de Menores como en las estructuras del Ejecutivo.
Cargos y cargos en ambos poderes para no poder resolver el tema de aislar a un muchacho con frondosos antecedentes penales, que sigue cometiendo delitos y que se exhibe impunemente en redes portando armas de grueso calibre y uniformes policiales.
Entre otros delitos, el chico está acusado de matar a Sebastián Villarreal, cuya familia estalló esta semana por la desesperación que le generan el grado de provocación y la falta de respuesta de la larga lista de autoridades con las que se han reunido.
El fuero de Menores de la Justicia y los ministerios de Desarrollo Humano y de Seguridad se van pasando la pelota de las responsabilidades, sin que una legión de funcionarios pueda resolver lo que un solo muchacho genera.
Es que por garantizar los derechos del menor delincuente siguen poniendo en riesgo a toda la población, incluidos los chicos que pueden morir a manos de alguien que se ufana de tener armas, violencia e impunidad.
