Alberto Fernández habló este lunes por cadena nacional y pidió que la Justicia investigue una supuesta reunión que habría ocurrido en Lago Escondido, provincia de Río Negro. El Presidente denunció que allí se congregaron jueces, fiscales, empresarios y funcionarios que podrían haber incurrido en algún delito.
Tras la denuncia publicada por medios afines al gobierno nacional, Horacio Rodríguez Larreta salió a responderle al jefe de Estado a través de Twitter.
La respuesta de Horacio Rodríguez Larreta
“Estamos frente a una nueva operación del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información y al espionaje ilegal. Intentan distraer la atención de los temas importantes y generar la sensación de que somos todos lo mismo”, escribió.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respaldó a su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, uno de los señalados por Fernández.
“Hablé con @MarceDaless y confío en sus palabras. Como hemos hecho siempre, él y todos los funcionarios de la Ciudad están a disposición de la Justicia para lo que ella disponga”, apuntó.
Lago Escondido: acusaciones cruzadas entre el kirchnerismo y la oposición
Alberto Fernández instruyó al Ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, para que se presente en el Ministerio Público Fiscal y se abra una investigación penal contra jueces federales.
De acuerdo con el Presidente, la reunión se produjo cerca de la ciudad de Bariloche en octubre de este año. Los involucrados podrían haber cometido delitos como “percepción de dádivas” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
El diario Página 12 publicó presuntos detalles del viaje, que cobraron relevancia este fin de semana tras la difusión de mensajes de Telegram. El presidente se refirió a las publicaciones de medios de prensa y reconoció que estas se generaron a partir de un hackeo, es decir, una actividad ilegal.
“No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes”, dijo.
Lo más grave tendría que ver con una supuesta intención de falsificar facturas para justificar el viaje hasta Río Negro. También se habla sobre la “buena predisposición” de una fiscal federal de Bariloche para cerrar un expediente que se abrió para investigar los motivos que generaron el encuentro en el sur del país.
Según la información que circuló, quienes habrían participado del presunto viaje fueron el juez federal Julián Ercolini; el juez penal económico Pablo Yadarola; el camarista de Casación Carlos Mahiques; el juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials; el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; los directivos empresarios Jorge Rendo (Grupo Clarín) y Pablo Casey (Telecom); el asesor de comunicación Tomás Reinke, y Leo Bergot, un exfuncionario de inteligencia.
Marcelo D’Alessandro negó que los diálogos sean reales y anunció que irá a la Justicia. “Otra vez, la mafia kirchnerista en su máxima expresión. Financian con los impuestos de todos una operación tragicómica de inteligencia para salvar a la jefa. Amenazan y extorsionan porque es la única manera en la que saben hacer política. No les cree nadie”, expresó el ministro porteño.
El avance de Alberto Fernández contra jueces federales se produjo en la antesala de una sentencia de alto impacto: este martes, el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el veredicto en la llamada “causa de Vialidad”, en la que Cristina Kirchner está acusa de haber encabezado una asociación ilícita que, desde el Estado, favoreció al empresario Lázaro Báez con contratos de obras viales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Los fiscales pidieron que se la sentencie a 12 años de cárcel y que se la inhabilite para ocupar cargos públicos. En una entrevista con un diario de Brasil, la vicepresidenta dio por hecho que será condenada.
