La empresa estatal Fabricaciones Militares, que tiene en Córdoba dos de sus cinco plantas industriales, anunció un programa para la reducción del 20% de su plantel de 1.478 empleados. La idea es hacerlo mediante retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
De las 14 plantas que décadas atrás supo sumar Fabricaciones Militares, quedan en actividad cinco unidades: Río Tercero y Villa María (en Córdoba), Azul (en Buenos Aires), Fray Luis Beltrán (en Santa Fe) y Jachal (en San Juan). Además, suma la sede central en Ciudad de Buenos Aires.
El plan de las nuevas autoridades prevé una reducción de 288 empleados, según un escrito de la propia empresa, y es el dato que ya maneja también el gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que se opone a la medida y que, además, teme que haya despidos si no se llega a ese número de desvinculaciones.
El recorte planeado no apunta una cifra por planta sino una reducción del 20% del personal actual en general.
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Según anticipó el diario La Nación, Fabricaciones Militares planteó que “está atravesando un proceso que tiende a encontrar el punto de equilibrio para la eficiencia productiva. En este sentido, hay un reordenamiento necesario en varios frentes y esfuerzos asumidos por parte de la dirección en asegurar la sostenibilidad de la compañía, entre ellos los programas de egreso voluntario que dan a los empleados opciones para elegir una salida voluntaria y consensuada con la empresa”.
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Un documento firmado por Hugo Pascarelli, el presidente del directorio designado por el Gobierno de Javier Milei, da cuenta de ese criterio. Fabricaciones Militares depende del Ministerio de Defensa y aunque en un principio estaba en la lista de empresas privatizables para el nuevo Gobierno nacional, finalmente quedó excluida de esa lista en la “ley ómnibus” que debate el Congreso.
ATE, en distintas asambleas, ya comunicó a los trabajadores que “rechazan de manera categórica” estas decisiones y consideró que “son operaciones de despidos encubiertos y un plan de vaciamiento del Estado”.
En un comunicado, ATE Villa María apuntó, por ejemplo, que “el ofrecimiento es consecuencia de un burdo intento de comenzar a reducir personal de manera engañosa”. Y añadió que “por el convenio colectivo de trabajo, al gobierno se le dificultará despedir trabajadores tan impunemente”.
Hace un par de meses que en las cinco sedes el gremio se mantiene en alerta y asambleas permanentes.
Desde ATE Río Tercero se aseguró a La Voz que esta sede cordobesa no es deficitaria y que tiene el personal necesario para los trabajos que se realizan en producción química y metalmecánica.
Cómo sería el achique
Según el directorio de Fabricaciones Militares, en diciembre de 2019 la empresa sumaba 1.104 empleados, al cerrar la gestión de Mauricio Macri, que había achicado el plantel en varios cientos de agentes y desactivado la unidad de Azul. En diciembre de 2022 la cifra era de 1.395 trabajadores, la mayoría de ellos mediante contratos.
El mismo documento oficial plantea que en los primeros meses de este año, según datos del presupuesto abierto, las empresas del área recibieron $3.144 millones frente a los $1.959 millones del mismo período de 2023, según La Nación.
El costo del achicamiento ya tiene un número: la estimación de la conducción de la empresa es que la baja de 288 empleados por acuerdos “consensuados” implicaría un desembolso hoy estimado en 1.914 millones de pesos.
La planta de Río Tercero es la que ocupa más personal: 384 empleados, según el directorio. En esa ciudad producen químicos (la mayor parte para otras industrias privadas), siendo esa unidad la más rentable del complejo estatal, y cuenta con talleres metalmecánicos que, entre otras tareas, repara vagones ferroviarios.
En Villa María, Azul y Jachal se producen pólvoras y explosivos (en su mayor parte con destino a la actividad minera). La planta de Santa Fe fabrica municiones de uso policial, militar y civil.
En la sede central en Buenos Aires está el directorio y áreas administrativas y comerciales.
En el caso de la jubilación anticipada que se ofrecería, sería para personal masculino que se acerque a los 65 años y mujeres a los 60. Fuentes gremiales señalaron que la oferta sería sostener un sueldo por hasta 60 meses y el pago de los aportes hasta la jubilación efectiva. El gremio ya anticipó que sus áreas legales están analizando la legalidad de la propuesta, aún no formalizada.
Para los retiros, en tanto, el plan seria el pago de un salario neto (no bruto) por año, con cifras que dependen de la remuneración y de la antiguedad de cada trabajador. De todos modos, la propuesta no está aún oficialmente lanzada.
