El presidente Javier Milei firmó un decreto que permitiría que unos 10.000 riotercerenses cobren en el corto plazo las indemnizaciones reclamadas desde hace casi tres décadas y pendientes de pago por las explosiones en la Fábrica Militar Río Tercero de noviembre de 1995.
El decreto 56/2023, bajo el título Deuda Pública, aparece este lunes 18 de diciembre en el Boletín Oficial, permite que el Banco Central emita hasta tres billones de pesos (3.000.000.000.000), más otros cuatro mil millones de pesos extra (4.000.000.000) para hacer frente a “compromisos financieros inmediatos” y asegurar pagos, en un ‘’esfuerzo’' por garantizar la estabilidad financiera.
La publicación genera sorpresa porque, en este caso, ni siquiera era conocida que se haría por los eventuales beneficiarios de la medida.
Entre esos compromisos figura en el decreto el reconocido por la ley 27.139, sancionada en 2015, a través de la cual se acordó el pago de indemnizaciones a los riotercerenses que iniciaron demandas contra el Estado por daños por el atentado que sufrió Fábrica Militar y que aceptaran renunciar a cambio a la vía judicial.
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La novedad es tomada por ahora con mucha cautela por la Comisión de Damnificados de Río Tercero y por el abogado Mario Ponce, que patrocina a unos 8.000 damnificados que reclaman por daño moral y psicológico.
Ponce está al aguardo de mayores detalles sobre cómo operará ese decreto y se mostró también sorprendido por su publicación. El alcance real es lo que tratan de dilucidar.
Esta medida es la primera relacionada con la colocación de instrumentos de deuda pública formalizada en la Presidencia de Javier Milei.
Qué dice el decreto
El decreto autorizó al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a emitir instrumentos de deuda pública para cubrir emisiones con vencimientos en 2024 y plazos de amortización inferiores a 90 días, autorizando una expansión en la capacidad de endeudamiento del país.
El decreto incluye un aumento de 4.000 millones de pesos para atender beneficios reconocidos por leyes específicas, entre ellas la 27.739, para cumplir el compromiso del gobierno con las obligaciones legales y sociales, incluso en momentos de restricciones fiscales.
Entre esas leyes se encuentran las siguientes:
Ley 26.690: resarcimiento económico a damnificados por el atentado ocurrido en la Embajada de Israel.
Ley 27.139: beneficio reparatorio a víctimas del atentado a la AMIA.
Ley 27.179: tienen derecho a percibir una indemnización por única vez, o en su caso sus herederos, para quienes se encuentren reclamando judicialmente por daños y perjuicios ocasionados en noviembre de 1955 en la Fábrica Militar Río Tercero.
Sobre cómo se haría operativo el mecanismo, en modos y en plazos, no hay precisiones ni información oficial.
La ley que autorizó ese pago por vía extrajudicial fue sancionada por el Congereso a fines de 2015 y desde entonces, hace ocho años, nunca fue cumplida.
Qué dice el abogado de los demandantes
“Es una medida que vuelve a generar optimismo en los damnificados y espero que esta vez se cumpla y les paguen”, respondió a La Voz el abogado Mario Ponce, que representa a unos ocho mil riotercerenses que demandaron por dfaño moral al Estado.
Tras quejarse de que “ya se sufrieron mentiras con gobiernos anteriores”, Ponce juzgó que el nuevo decreto rubricado por el flamante Ejecutivo “es una luz de esperanza para los damnificados”.
Al mismo tiempo señaló que será necesario saber con claridad el monto que se quiere pagar. “La gente no quiere ser defraudada una vez más, quiere culminar con esta lucha de 28 años”, concluyó, yras admitir que carecen de datos sobre el modo y el monto en que se aplicaría el pago en caso de concretarse.
